Instituto Virtual Derecho Penal y Política Criminal

“Pena natural”: sobreseen a una persona que cruzó en auto una barrera baja y fue la única víctima

2012-02-06T10:35:00.001-02:00

Jurisprudencia - Pena Natural.-

Extracto:

El juez Claudio Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, dispuso el sobreseimiento de una persona que había sido imputada por el delito de entorpecimiento del servicio ferroviario, luego de que pasara un cruce a nivel con la barrera baja y fuera embestido por una formación, por considerar que las graves lesiones que sufrió en el caso son “pena natural” suficiente.

En el expediente se investiga la interrupción o entorpecimiento del servicio ferroviario, cuando el imputado conduciendo el automóvil Peugeot 206 propiedad de su hermana cruzó con la barrera baja la intersección de Girardot y la vía del Ferrocarril San Martín, en la Ciudad de Buenos Aires, produciéndose una colisión con la formación de ese ferrocarril y la interrupción o entorpecimiento de la marcha. El hecho ocurrió el 25 de noviembre de 2009.

Para descargar el fallo completo, hacer clic AQUÍ!!!

Fuente: www.cij.gov.ar

MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

2012-01-20T10:32:00.000-02:00

Noticias - Legislación.-

El Congreso de la Nación aprobó el proyecto de modificación a la Ley 26.479, Ley Penal Tributaria, mediante el cual se endurecen las penas contra los evasores y actualiza los montos a partir de los cuales se considera como delito a la evasión.

Como primer punto, cabe destacar que la Ley elevó el monto a partir de los cuales se considera el delito de evasión fiscal, pasando de 100 mil a 400 mil pesos, mientras que la evasión agravada pasa de un millón a 4 millones.

Asimismo, estableció los que el delito de evasión se aplicará no sólo a la evasión de tributos nacionales, sino también a los tributos provinciales y municipales.

Las modificaciones a la Ley incluyen, entre otras, pena con prisión de 2 a 6 años a quien mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier ardid o engaño, sea por acción u omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al Fisco Nacional, provincial o municipal, siempre que el monto evadido excediere la suma de 400 mil pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual.

La Pena será de 3 años y medio a 9 años de prisión si:
a) el monto evadido superare la suma de 4 millones de
pesos;
b) hubieren intervenido personas interpuestos para ocultar la identidad del evasor y el monto evadido fuere mayor a 800 mil pesos;
c) Si el evasor utilizara fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimentos o cualquier otro tipo de beneficios fiscales y el monto evadido fuere mayor a 800 mil pesos;
d) Si hubiere utilizado facturas o cualquier otro documento material o ideológicamente falso.

Con relación a los sistemas de seguridad social, la Ley prevé pena con prisión de 2 a 6 años a quien mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier ardid o engaño, sea por acción u omisión, evadiere total o parcialmente el pago de de aportes o contribuciones, siempre que el monto evadido excediere la suma de 80 mil pesos. Está sanción se elevará a 3 años y media a 9 años si 1) el monto evadido supera los 400 mil pesos o 2) hubieren intervenido personas interpuestos para ocultar la identidad del evasor y el monto evadido fuere mayor a 160 mil pesos;

Asimismo, se aplica pena de 2 a 6 años al empleador que no deposite en el mismo tiempo de 10 días hábiles, el monto retenido a sus empleados, siempre que el monto no ingresado superase la suma de 20 mil pesos.

Idéntica sanción tendrá el agente de retención de los recursos de la seguridad social.

Es preciso poner de resalto que con la nueva redacción de la Ley se deja de lado el instituto llamado "la Bala de Plata", el cual permitía pagar el tributo evadido a fin de no ser imputado en una causa penal tributaria.
Además, con la modificación de la Ley Penal Tributaria queda excluida la aplicación del instituto de la Probation (Suspensión del Juicio a Prueba), prevista en el Código Penal para los delitos cuyas penas máximas no excedieran los 3 años de prisión.

Fuente: www.cardozo-lapidus.com.ar

Texto Completo de la polémica "Ley Antiterrorista"- Ley 26.734

2012-01-08T15:00:00.001-02:00

Ley 26.734 - "Ley Antiterrorista" CÓDIGO PENAL - Modificación.

Sancionada: Diciembre 22 de 2011

Promulgada: Diciembre 27 de 2011

Publicación en B.O.: 28/12/2011

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Derógase el artículo 213 ter del Código Penal.

ARTICULO 2º — Derógase el artículo 213 quáter del Código Penal.

ARTICULO 3º — Incorpórese al Libro Primero, Título V, como artículo 41 quinquies del Código Penal, el siguiente texto: Artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.

Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.

ARTICULO 4º — Renumérense los artículos 306, 307 y 308 del Código Penal de la Nación como artículos 307, 308 y 309, respectivamente.

ARTICULO 5º — Incorpórase al Título XIII del Código Penal el siguiente artículo: Artículo 306: 1. Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte: a) Para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies; b) Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies; c) Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies.

2. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aun si los bienes o el dinero no fueran utilizados para su comisión.

3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate.

4. Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, o cuando en el caso del inciso b) y c) la organización o el individuo se encontraren fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento.

ARTICULO 6º — Se considerarán comprendidas a los fines del artículo 1º de la Ley 25.241, las acciones delictivas cometidas con la finalidad específica del artículo 41 quinquies del Código Penal.

Las disposiciones de los artículos 6º, 30, 31 y 32 de la Ley 25.246 y 23 séptimo párrafo, 304 y 305 del Código Penal serán también de aplicación respecto de los delitos cometidos con la finalidad específica del artículo 41 quinquies y del artículo 306 del Código Penal.

La Unidad de Información Financiera podrá disponer mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente, el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal, conforme la reglamentación lo dicte.

ARTICULO 7º — Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente: e) Los delitos previstos por los artículos 41 quinquies, 142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis y 306 del Código Penal.

ARTICULO 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.734 — AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H. Estrada.

Decreto 265/2011 Promúlgase la Ley Nº 26.734 Bs. As., 27/12/2011

POR TANTO: Téngase por Ley de la Nación Nº 26.734, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

— Cristina FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan M. Abal Medina. — Julio C. Alak.

Neuquén tiene Nuevo Código Procesal Penal

2012-01-04T12:53:00.002-02:00

Noticias - Actualidad - Legislación - Juicio por Jurados

.

Esta semana la Legislatura de la Provincia del Neuquén publicó en su sitio el texto definitivo del Nuevo Código de Procedimiento Penal, que incluye entre otras novedades, el Juicio por Jurados Populares.

Haciendo clic en este link Código Procesal Penal Neuquén se puede descargar el Código en formato PDF.

Dr. Nazareno Eulogio

Reforma procesal penal en Neuquén: “Hace falta una nueva generación de jueces”, dice Alvarado Velloso

2011-12-26T13:31:00.000-02:00

Noticias - Actualidad - Reforma del Código Procesal Penal de la Provincia del Neuquén

“En otras partes del país y de Latinoamérica, las reformas procesales fracasaron porque los operadores del sistema son hombres de mi edad formados en el sistema inquisitorial. Hace falta una nueva generación, con mentalidad nueva. Y mientras tanto, mucha capacitación”.

Así lo afirmó Adolfo Alvarado Velloso, destacado profesor en derecho procesal y director de una maestría que se dicta en Neuquén por un convenio con el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados.

En una de sus últimas visitas lo entrevisté para el diario “Río Negro” sobre el nuevo Código Procesal Penal, recién aprobado por la Legislatura neuquina.

Señaló que la provincia “ha dado un paso muy grande hacia la constitucionalización del proceso. La ley que tienen en Neuquén es perfectible pero es la mejor de todas, no hay ninguna igual, porque además incluye el juicio por jurados que es una manda constitucional”.

Alvarado Velloso advirtió que “hay que hacer una capacitación extrema, importante, decidida, de los jueces que van a usar el sistema, porque no se trata de que cambió el papel, cambió la mentalidad. Si eso no se entiende no va a funcionar, como pasa en Colombia, México o Chile”.

Se puso como ejemplo al señalar que “yo soy formado en el sistema inquisitorial. Hay que dar un paso muy grande para entender esto. En el sistema acusatorio el juez es neutral y asegura la igualdad de los desiguales con su propia imparcialidad”.

Sobre el mismo tema, dijo que “en otras partes el sistema acusatorio fracasa porque los operadores del sistema son hombres de mi edad formados en el sistema inquisitorial que no han sido capacitados”.

–¿Hace falta una nueva generación de jueces?

–Sí. En la provincia de Buenos Aires, hombres jóvenes de 30 o 40 años ganaron los concursos de jueces de garantía. Es la mentalidad nueva, nunca trabajaron en el sistema anterior, y se desempeñan perfectamente. No hay queja de ellos.
–¿Y en la universidad, cómo se forma a los abogados?

–En el sistema inquisitorial. En la Universidad del Comahue nadie enseña el sistema acusatorio. Ademas la provincia de Río Negro tiene el Código Procesal Civil más inquisitorio de la Argentina, es notable lo perverso que es, y los profesores de esa materia son de procesal civil, que dan la tónica de cómo es el proceso”.

–¿Y mientras aparecen las nuevas camadas de jóvenes jueces?

-Es imprescindible una capacitación obligatoria para todos. Algo hay que hacer, más que ir a una conferencia mía un ratito. En Buenos Aires se enseña la filosofía del sistema acusatorio, las técnicas propias, cuál es el papel del juez, el poder del fiscal, del defensor, y se trata específicamente el área de la libertad, cómo se trata la impugnación cuando se pierde la libertad.

Fuente: http://guillermoberto.wordpress.com/

Lesa humanidad: difundieron fallo que condenó a prisión perpetua a un acusado por crímenes en Santa Fe

2011-12-20T12:29:00.000-02:00

Noticias - Derechos Humanos - Actualidad.-.
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivon Vella y Lilia Graciela Carnero, difundió los fundamentos de la sentencia que, el 7 de diciembre pasado, condenó a prisión perpetua al ex coronel José María González, por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante el último gobierno militar.

González fue considerado autor penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público en perjuicio de Ana María Felisa Cavadini y Mario Osvaldo Marini, agravada respecto del segundo por uso de violencia, y homicidio doblemente calificado en perjuicio de Mario Osvaldo Marini, todo ello en concurso real.

El tribunal resolvió diferir la resolución sobre la modalidad de detención que viene cumpliendo el condenado “hasta que cobre firmeza el presente resolutorio”.

Fuente: http://www.cij.gov.ar/

Ley de creación de la Comisión Provincial (Mendoza) para la prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes

2011-12-13T13:08:00.001-02:00

Legislación - Noticias

Ley Nro. 8480 - Mendoza

MENDOZA, 22 de marzo de 2011.

(LEY GENERAL VIGENTE)

B.O. : 16/05/2011

NRO. ARTS. : 0035

TEMA : CREACION COMISION PROVINCIAL PREVENCION TORTURA TRATOS Y PENAS CRUELES. INHUMANOS y DEGRADANTES

APLICACIÓN PROTOCOLO FACULTATIVO CONVENCION LEY NACIONAL 25932 - JUSTICIA COMPOSICION

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Creación:

Créase la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes con sede en la

Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, como organismo

descentralizado, independiente y con personalidad jurídica propia,

funcionalmente autónomo y financieramente autárquico.

Esta Comisión será el órgano de aplicación

en la Provincia de Mendoza del Protocolo Facultativo de la

Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o Degradantes, aprobado por Ley Nacional 25.932. Tendrá

plena capacidad para actuar en los ámbitos del derecho

público y privado en ejercicio de las funciones asignadas por la

presente ley o las que se dispongan por normativa específica con

independencia técnica, jerárquica y funcional respecto a

cualquier otra autoridad, órgano u organismo provincial. Se

guiará por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no

selectividad, universalidad y objetividad.

Artículo 2º - Composición:

Integran la Comisión Provincial de Prevención el Procurador

de las Personas Privadas de Libertad, quien ejercerá las

funciones de Presidente del Organismo, y un Comité Local

para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o Degradantes integrado por representantes de

organizaciones no gubernamentales.

Contará con un Secretario Ejecutivo que tendrá a su cargo

todos los aspectos organizativos de la Comisión.

Cuando las necesidades del servicio lo exijan, el Procurador de las

Personas Privadas de Libertad podrá designar un Procurador

Adjunto.

Artículo 3º - Competencia:

La Comisión Provincial de Prevención actuará en la defensa y protección de los

derechos y garantías consagrados en los Tratados Internacionales,

la Constitución Nacional, Provincial y las leyes, de toda persona

que se encuentre o pueda encontrarse privada de su libertad de cualquier

modo, en cualquier tipo de establecimiento bajo jurisdicción y

control del Estado Provincial.

Asimismo sus facultades se extienden a la protección de aquellas

personas alojadas en entidades de carácter privado de las que no

puedan salir libremente, bajo cualquier forma de demora, retención,

detención, internación o custodia, sea por orden de

autoridad judicial, administrativa o de otra autoridad privada o

pública, a instancia suya o con su consentimiento expreso o

tácito.

Mediante la celebración de convenios con las autoridades

correspondientes la Comisión Provincial de Prevención

podrá extender su competencia para realizar visitas y efectuar

observaciones y recomendaciones sobre establecimientos de retención

o detención de carácter nacional.

Artículo 4º - Funciones generales:

Tal como lo establecen los artículos 1º, 3°, 4°, 19, 20, 21, 22, 23 y

concordantes del Protocolo Facultativo de la Convención contra la

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las

funciones generales de la Comisión Provincial de Prevención

serán las siguientes:

a) Visitar periódicamente y sin previo aviso los lugares en que se

encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, con el

fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes.

b) Controlar en forma permanente el trato que reciben las personas

privadas de su libertad en los lugares de detención o durante los

traslados, con miras a fortalecer su protección contra la tortura y

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

c) Entrevistarse libre y privadamente con las personas privadas de su

libertad, personalmente o por cualquier medio de comunicación y con

la asistencia de un intérprete cuando sea necesario, así

como con cualquier otra persona que se considere que pueda facilitar

información pertinente.

d) Mantener reuniones con familiares de personas privadas de libertad,

magistrados y funcionarios judiciales, abogados, médicos y otros

profesionales de la salud, integrantes de los distintos organismos del

sistema penitenciario o instituciones que tengan jurisdicción en

los lugares de detención o alojamiento y con todas aquellas

personas y organismos públicos o privados que se considere

necesario para el cumplimiento de su mandato.

e) Requerir la comparecencia de los funcionarios y empleados de los

organismos y entes antes citados con el objeto de requerirles

informaciones acerca de los hechos cuya investigación estuviera a

su cargo.

f) Acceder sin restricción alguna a toda la información

referida a las personas y a los lugares de detención o

retención, compulsar documentos, acceder a todo tipo de archivos,

expedientes administrativos y judiciales. Cuando sea necesario para

investigar algún hecho la compulsa de expedientes que se encuentren

con secreto de sumario, deberá solicitarle autorización al

Juez de Garantías.

g) Hacer informes sobre las situaciones verificadas y efectuar

recomendaciones a las autoridades competentes con objeto de mejorar el

trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad y de

prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o

degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes de las

Naciones Unidas.

h) Celebrar convenios y articular acciones con universidades,

organizaciones de derechos humanos, asociaciones de familiares de personas

privadas de libertad y demás organismos de la sociedad civil que

desarrollen acciones en defensa de los derechos de personas privadas de

libertad.

i) Prestar permanente colaboración con el Subcomité para la

Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos

o Degradantes y demás autoridades de la Organización de

Naciones Unidas, con los órganos del Sistema Interamericano de

Protección de los Derechos Humanos, con los mecanismos de

prevención que se establezcan a nivel nacional y en el resto de las

Provincias Argentinas.

Artículo 5º - Sistema de visitas:

La Comisión Provincial de Prevención velará por el cumplimiento de sus

objetivos a través de visitas periódicas a todos los lugares

de encarcelamiento, detención, retención, demora o

internación con asiento en la Provincia con el fin de prevenir la

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De igual

modo podrá realizar en cualquier momento visitas o inspecciones

extraordinarias y de seguimiento.

La modalidad y programación de las visitas se decidirá con

absoluta independencia técnica y funcional, para lo cual los

miembros de la Comisión Provincial de Prevención

podrán seleccionar, con plena libertad, los lugares que deseen

visitar y las personas que deseen entrevistar, sea que se trate de

internos o personal del establecimiento, y tendrán libre acceso

para inspeccionar todas las dependencias de los locales visitados y la

compulsa de la documentación existente en los mismos.

En el curso de las visitas los miembros de la Comisión Provincial

de Prevención podrán ser asistidos por expertos y asesores,

tomar fotografías, realizar filmaciones o grabaciones de las

visitas y entrevistas, siempre que no afecten los derechos de las personas

allí alojadas. A tal fin se encuentra investido del poder

coercitivo previsto en esta Ley.

También podrán solicitar a las autoridades administrativas

y judiciales que correspondan, la adopción de medidas urgentes para

la protección de personas privadas de libertad cuando en virtud de

sus declaraciones pudieran ser víctimas de agresiones, castigos,

represalias o perjuicios de cualquier tipo.

Artículo 6º - Investigaciones y acciones judiciales:

La Comisión Provincial de Prevención deberá iniciar y

proseguir de oficio, o a petición del interesado, cualquier

investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u

omisiones de los Agentes de la Administración Pública

Provincial y de otros entes enumerados en la presente Ley, que impliquen

privaciones ilegítimas de libertad o agravamiento injustificado en

las condiciones de detención, a los efectos de efectuar las

denuncias administrativas y judiciales correspondientes, como para

formular las recomendaciones y advertencias previstas en esta Ley.

Asimismo podrá participar como querellante en procesos penales

y/o deducir acciones judiciales ante los tribunales competentes

provinciales, nacionales o internacionales, como hábeas corpus,

amparos, hábeas data, inconstitucionalidad, acción

declarativa, medidas cautelares o provisionales, encontrándose

legitimado para actuar en sede administrativa o judicial en el marco de

las competencias determinadas en la presente Ley u otras normas

específicas que se dicten.

Las actuaciones de la Comisión Provincial de Prevención

gozarán del beneficio de litigar sin gastos y las que los

particulares realicen ante él serán gratuitas y no se

requerirá patrocinio letrado.

Los apoderados, mandatarios, asesores letrados y/o administrativos

consultores especiales de orden jurídico o administrativo, y

cualquier otra persona que desempeñe alguna función especial

en el marco de las atribuciones conferidas al Mecanismo Provincial de

Prevención por esta Ley, no percibirán honorarios ni

viáticos por sus actuaciones de tipo judicial y/o administrativa

ante organismos y órganos provinciales, nacionales e

internacionales.

Artículo 7º - Informes:

La Comisión Provincial de Prevención dará cuenta de su labor

mediante un Informe Anual que presentará ante la H. Legislatura

Provincial, antes del 15 de junio de cada año. Asimismo, en

todo momento y cuando la gravedad o urgencia de los hechos

lo ameriten, podrá presentar Informes Especiales sobre casos

y situaciones puntuales que merezcan ese tipo de tratamiento.

Igualmente deberá evacuar los informes que le requiriera cualquier

miembro de las Cámaras de la H. Legislatura de la Provincia.

El informe anual dará cuenta de todas las denuncias recibidas por

la Comisión Provincial de Prevención o presentadas por

ésta ante los Poderes del Estado. También indicará

las recomendaciones realizadas y todo otro trámite que, a su

criterio, deba difundirse. Podrá asimismo sugerir las

modificaciones a la presente Ley que resulten necesarias para el mejor

cumplimiento de sus funciones.

Además contendrá un anexo con la rendición de

cuentas del presupuesto de la institución en el período que

corresponda.

En todos los informes se deberán omitir nombres y otros datos

filiatorios para evitar la identificación de las personas privadas

de libertad comprendidas en las denuncias y/o recomendaciones, salvo

expreso consentimiento de éstas y contendrá las conclusiones

y recomendaciones pertinentes de alcance particular o general para evitar

la continuación o reiteración de los hechos descriptos. Los

informes serán remitidos para su conocimiento al Poder Ejecutivo

Provincial y a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y deberán

publicarse anualmente.

En el caso de que se requieran datos sobre nombres y demás datos

filiatorios la H. Legislatura deberá resguardar la condición

confidencial dicha información.

Artículo 8º - Advertencias y recomendaciones:

La Comisión Provincial de Prevención podrá solicitar

información y colaboración a las autoridades del sistema

penitenciario provincial y de todo establecimiento público o

privado en que se encuentren personas privadas de libertad, en

relación a todas las visitas, inspecciones e investigaciones que

lleve adelante en el ámbito de su competencia.

Asimismo podrá formular a las autoridades públicas o

privadas provinciales que correspondan las advertencias, recomendaciones o

recordatorios de sus deberes legales y funcionales que crea conveniente; y

efectuar propuestas para la adopción de nuevas medidas.

La respuesta a sus requerimientos dirigidos a los responsables

administrativos de los establecimientos comprendidos en el Art. 3° de

la presente ley no podrá demorar más de diez (10)

días hábiles administrativos. En casos de suma urgencia o

gravedad se podrá emplazar por un término menor.

Si cumplido el emplazamiento no se obtiene una respuesta adecuada o no

se informan los motivos que justifiquen su incumplimiento, la

Comisión Provincial de Prevención podrá ponerlo en

conocimiento de la autoridad que corresponda y dar cuenta del

incumplimiento en el Informe Anual o Especial.

Artículo 9º - Funciones consultivas:

La Comisión Provincial de Prevención, como organismo especializado en la

materia, cumplirá funciones consultivas y de asesoramiento de todo

ente público o privado que se encuentre relacionado con la

custodia, internación, detención o retención de personas.

En cumplimiento de las mismas podrá:

a) Elaborar propuestas y observaciones acerca de la legislación

vigente o de los proyectos de ley de su especialidad.

b) Recomendar una regulación de los cupos carcelarios y verificar

los plazos de la prisión preventiva.

c) Hacer recomendaciones sobre el fiel cumplimiento del régimen

progresivo de las penas privativas de la libertad.

d) Asesorar sobre programas educativos especiales relacionados con la

enseñanza en cualquiera de sus niveles; para la formación

del personal de las fuerzas de seguridad y personal penitenciario.

e) Proponer otras acciones destinadas a la prevención de la

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y

cualquier otra práctica que por su carácter implique

violaciones a la integridad física o psíquica o que de

cualquier modo pudiera afectar la dignidad de las personas privadas de

libertad y el trato humano que les es debido.

Artículo 10 - Poder coercitivo:

En el ejercicio de sus facultades y obligaciones, la Comisión

Provincial de Prevención deberá requerir, en caso de negativa, la intervención de la

autoridad competente a fin de lograr el acceso a los lugares indicados

precedentemente, las entrevistas, inspecciones y secuestro de toda

documentación que resulte pertinente para el mejor cumplimiento de

sus funciones.

Todas las personas, organismos y entes contemplados en el Art. 3° de

esta Ley estarán obligados a prestar colaboración, con

carácter preferente, al Mecanismo Provincial de Prevención

para el logro de sus objetivos.

No se podrá oponer disposición alguna que establezca el

secreto de la información requerida, ni impedirse el ejercicio de

estas facultades, salvo en casos excepcionales y sólo cuando se

fundamente en el resguardo de la vida o la integridad física de un

ser humano o del éxito de una investigación judicial.

Artículo 11 - Consecuencias de la obstaculización:

Quien de cualquier modo obstaculice las funciones de la Comisión

Provincial de Prevención o impida la investigación de hechos

denunciados ante ésta, incurrirá en el delito de

desobediencia previsto en el Art. 239 del Código Procesal Penal. Si

se tratare de un funcionario de los enumerados en la Ley Provincial 4.970,

tal conducta constituirá, además, mal desempeño en el

ejercicio de la función.

Sin perjuicio de lo anterior, la persistencia en una actitud

entorpecedora podrá ser objeto de un informe especial que

será remitido al superior jerárquico que corresponda y, si

resultare procedente, será incluido en la sección

correspondiente del informe anual.

Artículo 12 - Hechos delictivos:

Cualquier integrante de a Comisión Provincial de Prevención que,

en ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de hechos

presumiblemente delictivos de acción pública deberá comunicarlo

de inmediato a la autoridad judicial que corresponda.

Artículo 13 - Presupuesto:

Los recursos para atender todos los gastos que demande el

cumplimiento de la presente Ley, deberán ser cubiertos por una

partida presupuestaria individual que será asignada mediante

el Presupuesto General de la Provincia. El Presidente de

la Comisión Provincial de Prevención propondrá al

Poder Ejecutivo su presupuesto anual de gastos, un mes antes de la

remisión a la H. Legislatura del Presupuesto General de la

Administración.

A los efectos operativos la Comisión Provincial de

Prevención contará con servicio administrativo y financiero

propio.

Artículo 14 - Patrimonio:

El patrimonio de la Comisión Provincial de Prevención se integrará con:

a) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto General de la

Provincia.

b) Todo tipo de aportes, contribuciones en dinero, subsidios, legados,

herencias, donaciones, bienes muebles o inmuebles, aportes para su

funcionamiento o transferencias que reciba bajo cualquier título,

de entidades oficiales o privadas.

c) Los intereses, beneficios y rentas de sus bienes resultantes de la

gestión de sus propios fondos y el producto de la venta de

publicaciones o de la cesión de derechos de propiedad intelectual.

d) Todo otro ingreso compatible con la naturaleza y finalidades del

organismo, o que pueda serle asignado en virtud de las leyes y

reglamentaciones aplicables.

Artículo 15 - Comunicaciones y correspondencia:

Las comunicaciones de cualquier tipo y la correspondencia

intercambiada entre los miembros de la Comisión Provincial de

Prevención con las personas detenidas o sus familiares y

representantes no podrán ser sometidas al control de ninguna

autoridad ni podrán ser interferidas, impedidas o retenidas por ningún concepto.

Artículo 16 - Deber de Confidencialidad:

La información recogida por la Comisión Provincial de Prevención

podrá hacerse pública, siempre que no identifique a las

personas de que se trate, con excepción de aquella que por sus

características deba ser considerada de carácter

confidencial.

Los datos personales de las personas involucradas no podrán

publicarse sin el consentimiento expreso de los interesados, así

como tampoco podrá hacerse respecto de aquellos que pudieran

comprometer la seguridad de las

personas privadas de libertad o de sus familiares. La obligación

de mantener la reserva incumbe a todos los funcionarios y empleados de la

Comisión Provincial de Prevención y a sus colaboradores.

Artículo 17 - Funcionamiento y plazos:

La Comisión Provincial de Prevención no interrumpirá sus actividades en

ningún momento del año.

Salvo disposición expresa en contrario los plazos previstos en

esta Ley se deben contar en días hábiles administrativos.

CAPITULO II

DEL PROCURADOR DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LA PROVINCIA

DE MENDOZA

Artículo 18 - Forma de elección:

El Procurador de las Personas Privadas de Libertad en la Provincia

de Mendoza será designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de

la H. Cámara de Senadores de la Provincia.

Será elegido de una terna vinculante propuesta por una

Comisión Asesora conformada por la Cátedra de Derechos

Humanos de las universidades locales, mediante concurso público de

antecedentes y oposición.

La Comisión Asesora y los mecanismos de selección se

regularán por la respectiva reglamentación.

Artículo 19 - Requisitos para los postulantes:

Para ser postulado como Procurador de las Personas Privadas de

Libertad en la Provincia de Mendoza los candidatos deberán

reunir las siguientes cualidades:

a) Ser argentino nativo o por opción.

b) Haber residido en la Provincia de Mendoza durante cinco años,

con ejercicio de ciudadanía no interrumpida si no hubiese nacido en

ella.

c) Tener veinticinco años de edad como mínimo.

d) Poseer aptitud y conocimiento en la temática de los derechos

humanos de las personas privadas de libertad.

Artículo 20 - Duración en el cargo:

El Procurador de las Personas Privadas de Libertad tendrá cinco (5) años de

mandato y podrá ser reelegido por un solo período

consecutivo mediante el procedimiento estipulado en la presente Ley.

Artículo 21 - Remuneración:

El Procurador de las Personas Privadas de Libertad percibirá la

misma remuneración que un Subsecretario del Poder Ejecutivo.

Artículo 22 - Incompatibilidades:

El cargo de Procurador de las Personas Privadas de Libertad en

Mendoza tendrá dedicación exclusiva y su ejercicio sera

incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad

pública, comercial o profesional, a excepción de la docencia

universitaria. Le estará prohibida, asimismo, la actividad

política partidaria.

Dentro de los treinta (30) días hábiles de su nombramiento

y antes de tomar posesión del cargo, deberá cesar en toda

situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo,

presumiéndose, en caso contrario, que no acepta el nombramiento.

Son de aplicación, en lo pertinente, las normas en materia de

recusación y excusación previstas en el Código

Procesal Penal de Mendoza.

Artículo 23 - Causales de Cese:

El Procurador de las Personas Privadas de Libertad Mendoza

cesará en sus funciones por muerte, caducidad de su mandato,

renuncia aceptada, incapacidad sobreviniente,

sentencia firme que lo condene por delito doloso y por haber incurrido en

alguna situación de incompatibilidad prevista en la presente Ley.

Artículo 24 - Formas de Cese:

En los supuestos de muerte y caducidad de su mandato el

cese será automático. En caso de renuncia se dispondrá por

Decreto del Poder Ejecutivo. En los restantes supuestos se

procederá de acuerdo a lo establecido por el Art. 128, inc. 22

de la Constitución Provincial.

En todos los casos el Procurador de la Personas Privadas de Libertad

será reemplazado interinamente por su Adjunto, promoviéndose

inmediatamente la selección del nuevo titular mediante el

procedimiento previsto en la presente Ley y su reglamentación.

Artículo 25 - Deberes y atribuciones:

El Procurador de las Personas Privadas de Libertad tendrá las

siguientes facultades y obligaciones:

a) Ejercer la conducción y representación legal del

Organismo.

b) Aplicar y supervisar el cumplimiento de todas las normas legales y

reglamentarias relacionadas con el funcionamiento de la Comisión

Provincial.

c) Redactar el reglamento interno del Organismo, para su

aprobación por el Comité Local, que establecerá la

estructura funcional y administrativa y la cantidad y perfiles de los

empleados que sean necesarios, dentro de los límites

presupuestarios.

d) Redactar y proponer para su aprobación en el seno del

Comité un Protocolo de Visitas a los lugares que serán

objeto de inspección.

e) Designar y remover al Procurador Adjunto.

f) Designar el personal del Organismo, disponiendo la aplicación

de sanciones, reubicación y remoción cuando corresponda,

según las normas vigentes para el empleo público de la

Provincia de Mendoza.

g) Celebrar convenios con entidades internacionales, nacionales,

provinciales o municipales, públicas, privadas o mixtas, con el

objeto de procurar el cumplimiento de la presente Ley.

h) Adquirir bienes de cualquier tipo; abrir y administrar cuentas

bancarias, y celebrar cualquier tipo de contrato necesario para el

cumplimiento de sus funciones.

i) Reglamentar el procedimiento para solicitar a las autoridades que

correspondan, la aplicación de sanciones a funcionarios o agentes

de cualquier nivel, tanto de organismos gubernamentales como no

gubernamentales donde se encuentren personas en situación de

encierro, por las violaciones a las disposiciones legales, reglamentarias

o contractuales que compruebe el Comité en el ejercicio de sus

funciones.

j) Preparar y proponer al Poder Ejecutivo el presupuesto anual de

gastos.

k) Confeccionar anualmente la memoria y balance de la Comisión

Provincial.

l) Realizar todos los demás actos que sean necesarios para el

cumplimiento de las funciones de la Comisión Provincial de

Prevención y los objetivos de la presente Ley.

m) Supervisar las condiciones de trabajo del personal penitenciario.

n) Controlar las condiciones de alojamiento y recreación de los

niños y niñas que habitan junto a sus madres internadas en

las unidades penitenciarias.

Artículo 26 - Procurador Adjunto:

Deberá reunir los requisitos previstos en la presente Ley. Serán de

aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en los Arts. 19, 20, 21,

22, 23 24 y 25.

El Procurador Adjunto percibirá el ochenta por ciento (80%) de la

remuneración establecida para el Titular, coadyuvará con el

Procurador en todas sus funciones y lo reemplazará temporalmente en

caso de licencia o cese en su cargo.

CAPITULO III

DEL COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

Artículo 27 - Composición:

El Comité Local para la Prevención de la Tortura y otros Tratos

Crueles Inhumanos o Degradantes estará integrado por un mínimo de

cuatro (4) y un máximo de doce (12) miembros, designados por las

organizaciones no gubernamentales mencionadas en el Art. 2° de

la presente Ley.

El número de componentes será determinado para cada

período por La Comisión Provincial de Prevención,

según las necesidades del momento y de acuerdo a la

reglamentación respectiva.

Para su integración se tendrá en cuenta la diversidad de

género, formación académica o especialidad y

representación de las diversas regiones de la Provincia, sobre la

base de la igualdad, la no discriminación y el carácter

multidisciplinario del órgano.

Artículo 28 - Funciones:

El Comité Local acompañará al titular de la Comisión Provincial en el

desarrollo de las visitas periódicas, extraordinarias o de

seguimiento y lo asesorará en sus investigaciones y en las

actuaciones judiciales promovidas por éste, para la

elaboración de las advertencias y recomendaciones, como así

también en la elaboración de sus informes. En caso de

disidencia con el titular de la Comisión los miembros del

Comité Local podrán asentar sus observaciones.

Artículo 29 - Duración y condiciones para ser elegido:

Los miembros del Comité Local durarán dos (2) años en sus

funciones, pudiendo ser designados nuevamente en forma indefinida.

Deberán poseer alta autoridad moral y reconocida versación

en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas

privadas de libertad y poseer especial formación en las materias

que serán de su competencia.

Artículo 30 - Reintegro y gastos corrientes:

Los miembros del Comité Local se desempeñarán con carácter

"ad honorem", pero tendrán derecho a viáticos,

compensaciones y reintegros de gastos por el desarrollo de sus tareas,

aún cuando se realicen en la ciudad donde sus integrantes tuviesen,

sus respectivos domicilios. Su pago se efectuará en las mismas

condiciones inherentes al Procurador y serán solventados con los

recursos previstos en el Art. 13 de la presente Ley, conforme las

condiciones y límites que establezca la reglamentación.

CAPITULO IV

DEL SECRETARIO EJECUTIVO

Artículo 31 - Secretario Ejecutivo:

La Comisión Provincial de Prevención contará con un Secretario Ejecutivo, que

será designado por el Procurador de las Personas Privadas de

Libertad, conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento.

El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes funciones:

a) Ejecutar todas las órdenes del Procurador de las Personas

Privadas de Libertad, de su Adjunto y del Comité Local,

según corresponda, para el cumplimiento de la presente Ley.

b) Cumplir con las responsabilidades, atribuciones y facultades que le

fueren delegadas por aquellos.

c) Llevar los registros y las bases de datos que establezca el reglamento

de los que será directo responsable.

d) Organizar las labores de los empleados y sus condiciones de empleo,

así como las de los profesionales y/o técnicos contratados.

e) Organizar el registro y administración de todos los insumos

necesarios para el adecuado funcionamiento del Organismo.

f) Toda otra función que le asignen las leyes y los respectivos

reglamentos. La remuneración del Secretario Ejecutivo será

equivalente a la de un Relator de la Suprema Corte de Justicia de

Mendoza.

CAPITULO V

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 32 - Entrada en vigencia:

La presente Ley entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días desde su

publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 33 - Autorización para crear cargos:

Autorízase al Poder Ejecutivo de la Provincia a la creación

de los cargos de personal necesarios para el cumplimiento de la presente

Ley.

Artículo 34 - Reglamentación:

La presente Ley deberá ser reglamentada dentro de los treinta (30) días de

aprobada.

Artículo 35 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del mes de marzo

del año dos mil once.

Miriam Gallardo

Mariano Godoy Lemos

Jorge Tanus

Jorge Manzitti

Jornadas Preparatorias de las II Jornadas Provinciales de Seguridad y Política Criminal. Modulo II: Trata de Personas

2011-11-23T11:06:00.000-02:00

Seminarios y Conferencias
.

Con miras a las “II Jornadas Provinciales de Seguridad y Política Criminal”, el próximo martes 6 de diciembre, se llevará a cabo el Módulo II de las Jornadas Preparatorias: Trata de Personas.

Las Jornadas están organizadas por el Instituto de Derecho Penal y Política Criminal del Colegio de Abogados de Morón, a cargo del Dr. Fabián Ramón González, y en este caso se desarrollarán los aspectos jurídicos, sociológicos y de política criminal para la prevención y erradicación de la trata de personas.

Disertarán la Lic. Silvia La Ruffa, Coordinadora de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas; Lic. Zaida Gotti, Representante de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata y la Dra. Claudia Esquivel, Secretaria del Tribunal Oral Nº 1 Departamento Judicial Morón. Secretaria de enlace con el Poder Judicial del Instituto de Derecho penal y política Criminal del Colegio de Abogados de Morón. Capacitadora de la Red por Mujeres Libres por la Violencia de Género dependiente de la honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

Derecho a Certificado: $15

Para inscripción e informes comunicate con el Colegio de Abogados de Morón al tel. 4629-0404 o bien por mail escribiendo a academicos2@camoron.org.ar

Casación Penal resolvió que Luis Patti siga detenido en una cárcel común hasta que se cumplan medidas ordenadas

2011-11-21T00:02:00.000-02:00

Noticias - Actualidad.-

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Pedro David, Alejandro Slokar y Liliana Catucci, resolvió este viernes anular la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín que denegó la prisión domiciliaria de Luis Patti, en razón de no haberse practicado informes actualizados respecto a su estado de salud y al lugar de alojamiento.

La Cámara dejó sentado que la decisión no implica anticipar su criterio respecto de la viabilidad del pedido efectuado por la defensora particular para que su pupilo cumpla su detención en su domicilio para ser tratado en la clínica FLENI, y estableció que los jueces de la causa deben revisar lo decidido en razón de la inexistencia de un diagnóstico actualizado sobre la salud y la situación de alojamiento de Patti.

El Fiscal ante ese Tribunal, Javier De Luca, fue quien en la audiencia alegó acerca del dinamismo en la evolución del estado de salud de Patti.

Patti, condenado por el asesinato de Gastón Goncalves, se encuentra actualmente alojado en cárcel común, en el Hospital del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Fue intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades presentando como complicaciones un cuadro de ACV y por otro lado una instrumentación insuficiente lo que provoca el contracto de una placa con el esófago, circunstancias invocadas por la defensa para alegar riesgos en los traslados hacia los centros de rehabilitación.

Fuente: www.cij.gov.ar

Lorenzetti presentará la política de “Gobierno abierto” que la Corte Suprema promueve para el Poder Judicial

2011-11-15T20:12:00.000-02:00

Noticias - Actualidad
.

Será en una conferencia de prensa el 21 de noviembre, a las 12. La iniciativa busca alentar la participación ciudadana, promueve la transparencia de los actos de gobierno e intensifica el trabajo que realiza la Corte en materia de acceso a la información

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, presentará en una conferencia de prensa el 21 de noviembre a las 12 en la Sala de Videoconferencias del Palacio de Tribunales, Talcahuano 550, 4º piso, el plan “Gobierno abierto” de la Corte Suprema, cuyos pilares son la transparencia, la comunicación y la participación ciudadana.

La iniciativa representa un cambio de paradigma en el modo de gobernar el Poder Judicial. El modelo de gestión elegido por la Corte se basa en la transparencia informativa, la participación social y la prioridad asignada al servicio que se brinda a la comunidad.

“Gobierno abierto” ofrece a todos los ciudadanos la posibilidad de hacer oír su voz, gracias a los últimos dispositivos tecnológicos que permiten construir los instrumentos para que las instituciones sean más democráticas y así, aprovechar la inteligencia colectiva.

En la última reunión de la Organización de las Naciones Unidas, este modelo ha sido ampliamente avalado para todo tipo de formas de gobierno. En este sentido, la Corte Suprema está en la primera línea en cuanto a innovaciones tecnológicas, de gestión, y apertura.

A través de un sitio web, la Corte pondrá a disposición de los ciudadanos las herramientas digitales adecuadas (incluyendo las redes sociales) para que éstos puedan hacer llegar consultas, sugerencias y opiniones a las diferentes áreas involucradas en la prestación del servicio de justicia.

Asimismo, con los nuevos desarrollos informáticos se intensificará la difusión de las decisiones de administración y de toda información judicial relevante vinculada con el quehacer de la Corte.

Cabe señalar que, para el Alto Tribunal “la información es un bien de dominio público” y por lo tanto, es de toda la sociedad.

Fuente: www.cij.gov.ar

Jornadas Preparatorias de las II Jornadas Provinciales 2012 de Seguridad y Política Criminal

2011-11-10T18:29:00.000-02:00

Seminarios y Conferencias

Los invitamos a participar de las “Jornadas Preparatorias de las II Jornadas Provinciales 2012 de Seguridad y Política Criminal”, organizadas por el Instituto de Derecho Penal y Política Criminal, el Instituto de Derecho Tributario y la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, a realizarse el Martes 15 de Noviembre a las 16:00 horas

El Módulo I Será: “Incumplimiento De Obligaciones Dinerarias” Efectos Jurídicos Y Económicos.

Disertantes:

Dr. Julio César Báez.

Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de Capital Federal. Tesis Doctoral: Evasión Financiera.

Dr. Jorge Omar Frega.

Presidente de la Caja de Previsión de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.

Dra. Susana A. Monti.

Vicedirectora del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Morón.

Temas a desarrollar:

Efectos penales, conductas tipificadas en el Código Penal Argentino.

Consecuencias del incumplimiento en el pago de los aportes en las cajas profesionales.

Consecuencias fiscales de la evasión tributaria.

Procesan a Jorge Rafael Videla por delitos de lesa humanidad en Rosario

2011-11-08T17:19:00.003-02:00

Noticias - Actualidad - Derechos Humanos - Jurisprudencia.-
.

El juez Marcelo Bailaque, a cargo del Juzgado Federal Nº4 de Rosario, procesó con prisión preventiva al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, por delitos de lesa humanidad cometidos en aquella ciudad durante el último gobierno militar.

La medida también recayó sobre los imputados Ramón Genaro Díaz Bessone, Julio Ezequiel Franciulli, Eitel Aramis Ferreira, José Javier De La Torre, Alfredo Sotera, Jorge Alberto Fariña, Heriberto Lavallén, Marino Héctor Gonzalez, Jorge Alfredo López, Federico Almeder y Rubén Oscar Jaime.

En tanto, el magistrado dispuso la falta de mérito para los imputados Horacio Guillermo Canestro, Edgardo Antonio Faur, Roberto Oscar Galuppo, Roberto Fossa y Enrique Benito Laurenti.

Se investigan delitos cometidos en perjuicio de 27 víctimas.

Fuente: www.cij.gov.ar

Venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador: difundieron los fundamentos del fallo que absolvió a Menem

2011-11-08T17:09:00.004-02:00

Noticias - Actualidad - Jurisprudencia.-
.
El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 dio a conocer este lunes los fundamentos del veredicto que, el 13 de septiembre pasado, absolvió al ex presidente Carlos Menem en el juicio oral por la causa en donde se investiga la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.

En la resolución, el tribunal también absolvió a los otros 17 acusados.

Además de Menem, estaban imputados Diego Palleros (vendedor de armas), Emir Yoma (ex asesor presidencial), Oscar Camilión (ex ministro de Defensa), Luis Sarlenga (ex interventor de Fabricaciones Militares), Carlos Núñez, Edberto González de la Vega, Manuel Cornejo Torino, Antonio Vicario, Julio Sabra, Haroldo Fusari, Teresa Irañeta de Canterito y Carlos Franke (ex funcionarios de Fabricaciones militares), (ex jefa de abastecimiento), Jorge Cornejo Torino (ex director Fábrica Militar de Río Tercero), Enrique de la Torre (ex director de seguridad Internacional de Cancillería), Mauricio Musí (ex director de coordinación empresaria de Cancillería), Juan Paulik (ex jefe de la Fuerza Aérea) y María Teresa Cueto (ex verificadora de Aduanas).

El juicio oral se inició el 16 de octubre del 2008 y declararon 383 testigos, muchos de ellos a través de videoconferencia desde distintos lugares del país y del mundo, como Ecuador, Perú, República Checa y Austria.

Descargar Fundamentos haciendo clic

AQUÍ

2011-11-08T16:56:00.001-02:00

jORNADAS PREPARATORIAS DE LAS

II JORNADAS PROVINCIALES 2012

DE SEGURIDAD Y POLITICA CRIMINAL

15 DE NOVIEMBRE A LAS 16:00 HS.

MODULO I:

“INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DINERARIAS”

-efectos jurídicos y económicos -

Disertantes:

Dr. Julio César Báez.

Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de Capital Federal. Tesis Doctoral: Evasión Financiera.

Dr. Jorge Omar Frega.

Presidente de la Caja de Previsión de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.

Dra. Susana A. Monti.

Vicedirectora del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Morón.

Temas a desarrollar:

Efectos penales, conductas tipificadas en el Código Penal Argentino.

Consecuencias del incumplimiento en el pago de los aportes en las cajas profesionales.

Consecuencias fiscales de la evasión tributaria.

Organizan: Instituto de Derecho Penal y Política Criminal del CAM

Instituto de Derecho Tributario del CAM

Universidad de Salamanca - XXX edición de los CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO

2011-11-06T15:36:00.000-02:00

Seminarios y Conferencias.-

A continuación reproducimos la invitación que nos hizo llegar la Universidad de Salamanca con el fin de abrir la convocatoria a todos los interesados en estos Cursos de Especialización en Derecho.

atte.

Fabián R. González

Director Instituto de Derecho Penal y Política Criminal

Colegio de Abogados de Morón

Estimado/a amigo/a,

Entre los días 16 de enero y 1 de febrero de 2012, se celebrará en la Universidad de Salamanca (España) la XXX edición de los CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO.

Cada programa consta de 120 horas lectivas, que se distribuyen de forma presencial a lo largo de tres semanas (60 horas) y que se complementan con la realización de un Trabajo de Investigación tutelado (60 horas).

Esta trigésima edición presenta como novedad la posibilidad de extender el estudio a Título de Experto en Derecho de la Universidad de Salamanca, con especialización en las distintas materias.

Esta opción se abrirá a alumnos de la edición XXII de enero de 2008 en adelante. Podrá ampliar esta información próximamente en la web de los Cursos: http://fundacion.usal.es/postgrado.

Se han convocado 13 programas de especialización sobre diversas materias relacionadas con el Derecho, complementadas con un programa abierto de conferencias magistrales:

Derecho Administrativo
Contratos y daños (Derecho Civil)
Problemas actuales de Derecho Constitucional
Política criminal y dogmática penal: problemas actuales
Violencia de género e igualdad
Crimen organizado, corrupción y terrorismo
El Derecho Procesal en una sociedad globalizada: retos ante el siglo XXI
Los problemas actuales del Derecho del Trabajo y los Derechos Fundamentales
La fiscalidad ambiental. Impuestos y tasas ecológicos
Comunicación política estratégica de los gobiernos locales
Arbitraje, mediación y conciliación
Derecho Notarial
El juez en el Estado de Derecho

Podrá obtener toda la información relativa a estos Cursos de Especialización en Derecho (programas, docentes, ofertas de alojamiento...) en nuestra página de internet:

http://fundacion.usal.es/postgrado

Recuerde que a partir del 9 de diciembre el precio de la matrícula se verá incrementado en 100 Euros.

Si alguna de las especialidades no supera el número mínimo de pre-matriculados el día 11 de noviembre se suspenderá su convocatoria. Si tiene gran interés y voluntad firme de asistir le sugerimos hacer el sencillo trámite de prematrícula antes de esta fecha. La impartición final de las distintas especialidades está condicionada a la consecución de un número mínimo de alumnos matriculados en cada una de ellas. Se considerarán alumnos matriculados aquellos que hayan culminado los trámites de matriculación con el pago de las tasas que correspondan. El lunes 12 de diciembre se comunicará la definitiva convocatoria o no de las diferentes especialidades.

Para esta edición colaboraremos con aquellos aspirantes que así lo soliciten en la expedición de las certificaciones necesarias para la obtención de la visa.

Esperando que la información que le facilitamos sea de su agrado, reciba un cordial saludo.

Alejandro Esteller Pérez
Director Gerente

Fallo del Tribunal de Casación Penal de la Pcia. de Buenos Aires - Inconstitucionalidad de la declaración de Reincidencia.-

2011-11-06T11:17:00.000-02:00

Jurisprudencia

Extracto: Fallo de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, correspondiente a la causa n° 45.344 (n° 13.953 del Reg. de Sala) caratulada “D., A. A. s/Recurso de Casación int. por Fiscal General Adjunto”, sent. del 20 de septiembre de 2011, donde la Sala dispuso casar la resolución de origen en cuanto declaraba la inconstitucionalidad de la reincidencia. Sostuvo el Tribunal que dicha declaración resulta improcedente pues el impedimento establecido en el art. 14 del C.P., de no conceder la libertad condicional a los reincidentes, no viola el “non bis in idem” pues, prohibiendo este último una nueva aplicación de pena por el mismo hecho, ello no significa que exista veda para considerar la anterior condena a fin de establecer el modo de cumplimiento de la siguiente.

Fuente: Secretaría de Jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los 20 días del mes de septiembre de dos mil once, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, doctores Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini (artículo 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la causa número 13.953 (Registro de Presidencia 45.344) caratulada: “D., A. A. s/ Recurso de casación interpuesto por Fiscal General Adjunto”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY- VIOLINI.

A N T E C E D E N T E S

Contra la resolución del Tribunal en lo Criminal número 2 de Mar del Plata que declaró la inconstitucionalidad de la comprobada reincidencia de A. A. D., el agente fiscal adjunto de la Fiscalía General interpuso recurso de casación (fs. 54/66).

Concedido el recurso (fs. 67/67 vta.) radicado con noticia a las partes y trámite común desde la Presidencia, cuando correspondía su abreviación (artículo 464 del Código Procesal Penal) el Fiscal lo mantuvo por escrito (fs. 73/73 vta.), mientras que la Defensora solicitó su rechazo (fs. 74/75 vta.).

Encontrándose la Sala en condiciones de resolver, se plantean y votan las siguientes

C U E S T I O N E S

Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?

Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:

La reincidencia, como concepto dogmático, constituye un elemento caracterológico de la culpabilidad, por lo que al no pertenecer a la estructura del hecho típico, no lesiona la garantía mencionada en la resolución, como tampoco lo hacen los efectos asignados al instituto.

La mayor severidad en el cumplimiento no se debe a la circunstancia de que el sujeto haya cometido el delito anterior, sino al hecho de haber sido condenado en tal oportunidad y obligado a cumplir una pena privativa de libertad, lo que pone de resalto el mayor grado de culpabilidad de la conducta, en razón del desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido con anterior, vuelve a hacer lo mismo que antes hizo y por lo que fue condenado (cfr. S.C.B.A. P. 60.751, P. 61. 738 y sus citas).

El impedimento establecido en el artículo 14 del Código Penal, de no conceder la libertad condicional a los reincidentes, no viola el “non bis in idem”, pues el mismo solamente puede violarse al pronunciarse la condena, pero no después (conforme CSJN sentencia del 21 de abril de 1988 “Valdez”).

Dicho de otra manera, el principio prohíbe una nueva aplicación de pena por el mismo hecho, pero esto no significa que exista veda para considerar la anterior condena a fin de establecer el modo de cumplimiento de la siguiente.

Por ello, la declarada inconstitucionalidad es improcedente.

Luego, corresponde casar la resolución impugnada y declarar reincidente a A. A. D., en razón que el 30 de junio de 2004 fue condenado en la causa 2481 del Tribunal en lo Criminal número 3 de Mar del Plata a tres años de prisión por un concurso real de delitos contra la propiedad, siéndole otorgada la libertad condicional el 13 de octubre de 2005.

Después de dicha fecha cumplió el resto de pena como penado, y sin que transcurrieran los plazos del artículo 50 cometió el hecho del 6 de junio de 2007 motivo de condena por la Sala, cuya sentencia se colecta al presente expediente (artículos 18 de la Constitución Nacional; 50 del Código Penal; 452 y 465 del Código Procesal Penal). ASÍ LO VOTO.

A la primera cuestión el señor juez doctor Violini dijo:

Adhiero, por sus fundamentos, al voto del doctor Borinsky, y a esta primera cuestión, también VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A la segunda cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:

En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto; casar la resolución de primera instancia y declarar reincidente a A. A. D. (artículos 18 de la Constitución Nacional; 50 del Código Penal; 452, 465, 530 y 532 del Código Procesal Penal). ASÍ LO VOTO.

A la segunda cuestión el señor juez doctor Violini dijo:

Voto en igual sentido que el doctor Borinsky.

Con lo que no siendo para más se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente

R E S O L U C I Ó N

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto.

II.- CASAR la resolución y declarar reincidente a A. A. D..

Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional; 50 del Código Penal; 452, 465, 530 y 532 del Código Procesal Penal.

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítase a origen.

FDO.: RICARDO BORINSKY – VÍCTOR HORACIO VIOLINI

Ante mi: Andrea Karina Echenique

Prisión perpetua para Astiz, Acosta y Cavallo en la causa Esma

2011-10-26T22:33:00.002-02:00

Actualidad - Noticias.- Derechos Humanos.-

Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta y Ricardo Cavallo fueron condenados esta noche a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) durante la última dictadura militar.

Los acusados fueron juzgados por 86 delitos de lesa humanidad, incluidos los secuestros y desapariciones de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y sus compañeras María Bianco y Esther de Careaga; del periodista y escritor Rodolfo Walsh, y de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon.

El fallo se leyó ante una masiva concurrencia de militantes políticos y organizaciones de derechos humanos, en su mayoría visiblemente emocionados por los fallos. A medida que se comunicaban las sentencias, el público aplaudía y festejaba.

La situación más tensa ocurrió cuando se leyó la sentencia a Astiz. En ese momento, proliferaron los gritos en su contra, lo que motivó una leve sonrisa del ex militar que, además, en ese momento, se tocó la escarapela que lleva en su saco.

Fueron también condenados a prisión perpetua Antonio "Rata" Pernías, Adolfo Donda Tigel, Manuel Jacinto García, Oscar Antonio Montes, Alberto Eduardo "Gato" González, Jorge Carlos "Ruger" Radice, Néstor Omar "Norberto" Savio, Raúl Enrique "Mariano" Scheller, Ernesto Frimón Weber, Julio César Coronel y Ernesto Weber.

Además, fueron condenados a 25 años de prisión Juan Carlos Fotea y Manuel Jacinto García Tallada. Carlos Antonio "Tomy" Capdevilla deberá cumplir 20 años de prisión y Juan Antonio "Piraña" Azic, 18 años.

Los jueces Ricardo Farías, Daniel Obligado y Germán Castelli dictaron la sentencia luego de casi dos años de audiencias por los que desfilaron 160 testigos, 79 de los cuales eran sobrevivientes del centro clandestino.

En este juicio incluye tres investigaciones: 79 desapariciones que no llegaron a ser juzgadas por las leyes de impunidad; la conocida como "Iglesia de la Santa Cruz" o "monjas francesas" y el caso del periodista Rodolfo Walsh, además de otros hechos individuales.

Presencias.

Ingresaron al Tribunal Federal Oral 5 el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; el presidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera; el Secretario Letrado de la Corte Suprema, Alfredo Kraut, y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

También llegaron el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén; la integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida; el titular del gremio de judiciales y secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato; el embajador de Francia, Jean-Pierre Asvazadourian; el legislador porteño Aníbal Ibarra, y la militante y última compañera de Rodolfo Walsh, Lilia Ferreira, entre otros.

Fuente: www.lanacion.com

Próxima Reunión del Instituto de Derecho Penal y Política Criminal del CAM

2011-10-17T10:42:00.004-02:00

Reuniones del Instituto - Noticias.-

Estimados colegas: Les informamos que la próxima reunión del instituto se realizará el martes 25 de octubre del año en curso a las 19:00 horas, en la sede de nuestro querido colegio de abogados de Morón.

Orden del Dia - Martes 25 de Octubre de 2011

1) Análisis de la reforma al Código Penal implementada por la ley 26.705 con relación a la prescripción en los casos de delitos contra la integridad sexual.

2) Presentación preliminar del anteproyecto de Policía Judicial en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires que promueve la Comisión Provincial por la Memoria por parte de los Dres. Fernando Mutti y la Dra. Claudia Esquivel

3) Organización de la próxima Jornada Preparatoria del 2º Congreso de Seguridad y Política Criminal. Selección de temas y disertantes por parte de todos los miembros del Instituto.

4) Análisis e inquietudes a debatir sobre casos penales en que intervengan los integrantes del Instituto.

Esperamos contar con su grata presencia.

Saludos Cordiales.

Dr. Fabián Ramón González

Director Instituto Derecho Penal y Política Criminal

Dr. Nazareno Eulogio

Subdirector Instituto Derecho Penal y Política Criminal

Dra. Graciela Potenza

Secretaria de Actas

Dra. Aldana Corral

Secretaria Académica

Dra. Claudia L. Esquivel

Secretaria de Coordinación con el Poder Judicial

Dr. Gonzalo E. Gamarra

Secretario de Enlace con O.N.G.

Tribunal de Casación Penal de la Pcia. de Buenos Aires - Denegatoria de pedido de detención - Fallo Completo

2011-10-15T14:45:00.000-02:00

Jurisprudencia.-

Extracto:

Fallo de la Sala II del Tribunal de Casación Penal, dictado en la causa n° 48.906, caratulada “C., R. H.
s/Recurso de Queja”, y acum. Ca. n° 49.033 y Ca. n° 49.888, sent. del 13 de octubre de 2011, en donde la Sala ratificó el criterio según la cual la denegatoria de un pedido de detención no resulta apelable por el Ministerio Público Fiscal.

Ello así porque, por un lado, el P.E. mediante decreto n° 2793/04 expresamente observó el último párrafo del art. 151 del digesto de forma -que contenía dicha facultad recursiva-; y por otra parte, la denegatoria de la detención constituye un supuesto que no compromete bienes personales con protección constitucional como la libertad individual y, a su vez, no causa gravamen irreparable al Fiscal.

Desplegar Fallo Completo haciendo Clic aquí abajo en "Mas Información"

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Un debate candente: La implementación del Juicio por Jurados

2011-10-14T15:01:00.000-02:00

Noticias - Actualidad - Juicio por Jurados.-

En esta oportunidad reproducimos la entrevista realizada por diariojudicial al Dr. Samuel Hendler, en torno al tema de la implementación del Juicio por Jurados en la legislación argentina.

Con el juicio por jurados "se podría lograr que los abogados y los jueces empecemos a hablar en el lenguaje cotidiano"

En una entrevista con DiarioJudicial.com, el presidente de la Cámara en lo Penal Económico, Edmundo Samuel Hendler, aseguró que el hecho de que letrados y magistrados se expresen en el “lenguaje cotidiano” es uno de los mayores beneficios que traería la implementación de los juicios por jurados. Hendler, que recibió a este diario en su despacho de Av. de los Inmigrantes durante la feria judicial, contó que en ocasión de una visita a Estados Unidos tuvo oportunidad de entrevistarse con un juez federal quien le manifestó que los magistrados estadounidenses “de ninguna manera” quisieran quedarse “sin el jurado, porque el jurado es el contacto con el ciudadano”.

¿Por qué deberían implementarse los juicios por jurados?

Hay un hecho: todos sabemos que desde hace 150 años la Constitución está incumplida. Por qué, tal vez es una pregunta que me excede; deberíamos hacer una investigación sociológica e incluso antropológica. [Pero] si uno pudiera reflexionar, ligeramente, a mí se me ocurriría pensar que este incumplimiento de los legisladores a lo que la Constitución les encomendó específicamente que tenían que hacer, a lo mejor tiene que ver con una idiosincrasia. Parecería que hay una modalidad cultural argentina de desobedecer las leyes que no es que tiene su origen en el hecho de que los legisladores no cumplen con la Constitución, pero creo que algún parentesco debe haber. Cómo se le puede ordenar a los ciudadanos cumplir con la ley cuando los primeros encargados de cumplir con la Constitución, no lo hacen…

El juicio por jurados ya está vigente en Córdoba. ¿Cómo fue es experiencia y cómo impacta en la sociedad el hecho que cualquier delito pueda ser juzgado por un jurado y no por un tribunal profesional?

Cuando recién se había dictado la ley estableciendo el sistema de enjuiciamiento con participación ciudadana en Córdoba, a comienzos de 2005, fui invitado por una asociación de jueces a dar charlas y me quedé con la impresión de que había una resistencia sorda a la implementación, que había ‘mala onda’. Volví a Buenos Aires convencido de que aquella reforma no iba a prosperar. Al cabo de un par de meses, siguiendo un poco las publicaciones del diario La Voz del Interior, leí un editorial que corroboraba mi impresión. Este comentario hablaba de las dificultades, de que la gente no colaboraba, etcétera. Pasó un año y en Córdoba se habían desarrollado dos juicios con jurados. Y el editorial del diario empezaba a cambiar de tono y decía algo así como ‘dudas y certezas’. A los dos años ya había una cantidad enorme de experiencias. Fui nuevamente a los editoriales del diario y el cambio era de 180 grados. Todos se referían a las bondades del sistema. Incluso había una nota firmada por un fiscal que “aprobaba” la actuación de los jurados. Luego, apareció un artículo del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, Armando Andruetñ que no podía contener elogios más grandes. A mí en lo personal me significó una sorpresa total. El juicio por jurados en Córdoba está funcionado, por supuesto que siempre habrá algún detractor, pero se desvirtúa el viejo argumento, repetido hasta el cansancio, de que la población argentina no está suficiente madura.

¿Cuáles son los beneficios que podría traer la aplicación del juicio por jurados a nivel nacional?

Hay muchos pero a mi me conmueve especialmente uno: lograr que los abogados y los jueces (me incluyo) empecemos a hablar en el lenguaje cotidiano que habla la gente y dejemos de hacer esas resoluciones ilustradísimas, llenas de vocablos que nadie entiende y que muchas veces son pésimas traducciones del idioma alemán y que son larguísimas. La necesidad de transmitir a los ciudadanos que no tienen una preparación jurídica especial las razones para resolver un caso de una u otra manera obliga a los hombres de Derecho a expresarse en el lenguaje cotidiano. Esta sola ventaja, me resulta tan importante, tan trascendente, que aunque más no fuera para lograr ese solo resultado, sería muy bueno que se estableciera.

A partir de la experiencia de Estados Unidos, y sobre todo de lo que se ve en películas de ficción, está la idea de que los jurados pueden ser corrompidos, que las partes pueden actuar sobre ellos para influenciarlos…

Ya me plantearon esto y en aquella oportunidad se me ocurrió proponer un ejercicio que observé en una revista hace años y que decía: “Piense como un ladrón”. Supongamos que tenemos la misión de corromper a un tribunal, para lo cual deberíamos averiguar quién es el juez a cargo, ver si se lo puede chantajear, si le debe algún favor político a alguien. Uno piensa primero en corromper a los miembros del tribunal, pero ¿Cómo hacemos para averiguar los antecedentes y lograr corromper a los 12 jurados?

En Diputados se está discutiendo la reforma al Código Procesal Penal que incluye el juicio por jurados. Por otra parte, en el Senado, la actual Presidente, presentó, mientras ejerció como senadora, un proyecto en ese sentido que durante 2010 fue reproducido por el senador Nicolás Fernández. ¿A nivel político, que chances ve para que efectivamente salga el juicio por jurados?

El proyecto que en su momento había enviado la actual Presidente creo que es muy bueno. Pero no quiero hacer vaticinios a nivel político: si hubiera tenido que hacer un vaticinio cuando Cristina Fernández de Kirchner fue electa presidente hubiera dicho que iba a salir, pero aún no se aprobó y ya lleva varios años en el ejercicio de la presidencia…

¿Cuáles eran los puntos fundamentales del proyecto de la Presidente?

Proponía un jurado clásico, de 12 miembros. Recuerdo que le dedicaba una prolija reglamentación a la necesidad que los jueces profesionales impartan instrucciones al jurado. Este es un punto importante. Es un momento fundamental porque tiene lugar esa interacción entre los jueces profesionales con los jurados. Entre las objeciones que se hacen, hay una que sostiene que el veredicto de un jurado se supone que no tiene fundamentación: el jurado dice culpable o inocente. Hay quienes dicen que contradice la idea del sistema republicano de que las decisiones no pueden ser arbitrarias. Pero ocurre que la forma en que los jueces indican a los jurados [cómo] deben tratar el caso es lo que después sirve para que la resolución sea revisada por la instancia superior.

Otro de los comentarios que se hace a menudo es que algunos jueces se sentirían desplazados por la aparición de los jurados. ¿Cómo se da en la práctica, en Córdoba, la articulación entre jueces profesionales y jurados no profesionales?

El temor que a lo mejor, sin querer confesarlo, algunos jueces sienten de que su rol va a quedar desplazado por la presencia del jurado no solamente es erróneo sino que ocurre todo lo contrario: la participación de la ciudadanía en las decisiones que adoptan los tribunales le da mayor trascendencia, las hace más confiables y les da mayor autoridad. Hace muchos años, durante una visita a Estados Unidos, mantuve una entrevista con un juez federal norteamericano y le pregunté, quizá un poco intencionadamente, si el tema de los jurados no era un poco “fastidioso”. Y el me dijo: “Los jueces de ninguna manera querríamos quedarnos sin el jurado, porque el jurado es el contacto con el ciudadano”. Los otros poderes del Estado, me dijo, no nos prestan atención a los jueces; la única atención que nos prestan es porque tenemos comunicación con la gente a través de los jurados. Yo creo que con este tema hay un montón de prejuicios injustificados. El jurado está llamando a intervenir en cuestiones vitales.

¿Por ejemplo, un jurado podría juzgar tanto un caso por delitos de lesa humanidad o un como el incendio en el boliche Cromagnon?

Seguramente que sí, son casos muy importantes que deberían ser resueltos con la intervención de la ciudadanía. Es mucha responsabilidad para un juez profesional resolver en este tipo de causas. Es decir, no es que deba rehuir [el juez] de su responsabilidad sino que es una decisión que debe ser compartida. Los jurados se pueden equivocar y los jueces también. [Por otro lado], hoy se habla de que el jurado está en declinación en Estados Unidos. Esto es cierto hasta cierto punto; hay dos cosas que aclarar. En Estados Unidos se está prescindiendo del juicio por jurados, pero no porque se prescinda del jurado, sino que se prescinde del juicio por una serie de leyes draconianas que se vienen dictando desde hace 20 o 30 años que dejan a los individuos acusados en la disyuntiva de tener que reconocerse culpables para acordar un castigo más o menos razonable y no correr el riesgo de ir a un juicio que los pueda someter a penas desproporcionadas como ser 25 años en prisión por un cheque sin fondos. Está declinando el juicio y no el jurado pero en ese país hay tanta implicancia entre juicio y jurado que a veces por una cuestión de lenguaje se habla del ‘declinar del jurado’ y lo que está declinando es el juicio. Y otra observación es que al mismo tiempo que se reduce la cantidad de juicios que se hacen, está ocurriendo otro fenómeno: para moderar estos excesos, la Corte estadounidense estableció una interpretación relativamente novedosa respecto de las atribuciones de quién puede decidir en un caso cuando concurren ciertas circunstancia de agravación incluso en aquellos estados que todavía aplican la pena de muerte. En todos estos casos, apartándose de lo que hasta ahora era la tradición del derecho común que venía de Inglaterra de que la pena es fijada por los jueces después del veredicto de los jurados, la Corte a partir de 2002 estableció que ninguna de estas circunstancias que conducen a la interposición de penas tan graves puede ser decidida sin intervención de los jurados. Según mi interpretación, esto responde a un objetivo de que el jurado funcione como lo hizo desde sus orígenes: como un moderador frente a los excesos en que pueden incurrir los legisladores.

Hace dos años el INECIP inició una campaña en la que contactó abogados de todas las provincias (salvo Córdoba) para que soliciten excepciones de falta de jurisdicción y que los tribunales convocaran a jurados. La intención era llegar, vía apelación hasta la Corte Suprema. ¿Hay alguna novedad?

De los incidentes de falta de jurisdicción que presentó el INECIP creo que ninguno llegó todavía a la Corte aunque hay algunos indicios en algunos fallos en los que el Máximo Tribunal insiste en rescatar que el sistema judicial argentino está inspirado en el estadounidense y que en la Constitución se habla de juicio por jurados. De ahí la Corte derivó otras cosas, pero los considerandos son clarísimos: que la Constitución previó, para la finalización de un proceso criminal, un juicio por jurados.

Gran logro: ¡Superamos las 100.000 visitas!

2011-10-13T20:47:00.000-02:00

El Instituto Virtual de Derecho Penal y Política Criminal, es la versión on line del Instituto de Derecho Penal y Política Criminal del Colegio de Abogados de Morón.

Su puesta en marcha en la web responde a la inquietud de los directivos del Instituto, Dres. Fabián Ramón González y Nazareno Eulogio, y del Presidente del Colegio, el Dr. Jorge Barberis, quienes quisieron poner a disposición de todos los interesados en la materia, las novedades referidas al Derecho Penal, a los Derechos Humanos, a la Política Criminal y Penitenciaria de nuestro país, entre otros tantos temas.

Asimismo difundir fallos de interés de los más altos tribunales del país, y doctrina calificada. También sirvió como puntapié para el desarrollo de trabajos de investigación por parte de Miembros del Instituto, quienes luego pueden ver publicados los mismos en el portal.

En el día de hoy, el Instituto Virtual ha superado la barrera de las 100.000 visitas, todo un logro para un sitio web especializado. A donde recurren en mayor medida mujeres y hombres del derecho y de otras ciencias afines.

Sus múltiples secciones, la continuidad en la publicación de noticias, las respuestas por mail y por chat a las inquietudes de los lectores, y la especificidad de la información brindada, convierten hoy al Instituto de Derecho Penal y Política Criminal en uno de los más destacados sitios del país que informan sobre esta temática, superando las 150 visitas al día.

Este logro impulsa y alienta aún más el trabajo realizado por cada uno de los colaboradores del sitio, y compromete la labor hacia el futuro, ya sea desarrollando nuevas investigaciones, como así también proponiendo nuevos desafíos que conviertan al sitio en un verdadero faro del conocimiento de la Ciencia Penal y de la Política Criminal, no solo en nuestro país sino en toda la comunidad internacional.

Ojalá todas estas metas sean logradas. Para el beneficio del derecho, de los colegas, de los juristas, y en definitiva de la sociedad.

Sin más, los saluda afectuosamente el Instituto Virtual de Derecho Penal y Política Criminal

Síntesis de los temas tratados en la última Reunión del Instituto de Derecho Penal y Política Criminal

2011-10-06T22:07:00.001-02:00

Reuniones de Instituto

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El día 04 de octubre se reunió una vez más el Instituto de Derecho Penal y Política Criminal.

Se contó nuevamente con numerosos miembros del Instituto. El Dr. Martín Córdoba sumó al análisis y debate que se había producido en el anterior encuentro sobre la reforma que implementó la ley 14.296 a la normativa de ejecución de la pena en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, instaura mediante ley 12.256, la mención sobre el fin de la pena, ilustrándonos desde una perspectiva histórica con autores tales como Beccaria, Bentham y Domingo Faustino Sarmiento.

Su enorme aporte fue una introducción para la disertación del Dr. Fernando Mutti, reciente miembro del Instituto, quien analizó certeramente los puntos de la reforma relativos al Patronato de Liberados, con el traspaso de competencias del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, a través de las denominadas “Secretarías de Control” del Juzgado de Ejecución con la disposición del penado.

También analizó exhaustivamente los fundamentos de la reforma referida y el Acuerdo nro. 3562 de fecha más que reciente dictado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que declara la invalidez de los artículos relacionados con el traspaso de competencias del Patronato de Liberados al ámbito jurisdiccional y de la instauración de las Secretarías de Control.

Agradecemos nuevamente a todos los presentes e invitamos a todos aquellos que quieran sumarse a nuestras reuniones.

Dra. Claudia Liliana Esquivel
Secretaria de Coordinación con el Poder Judicial

Instituto de Derecho Penal y Política Criminal