Derechos Humanos - Actualidad
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Comunicado de Prensa No. 41/08
Washington, D.C., 15 de septiembre de 2008 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente los graves hechos de violencia registrados en algunas zonas del oriente y sur de Bolivia en los últimos días, que resultaron en muertos y heridos y pone en riesgo la vigencia de la democracia y de los derechos humanos de todos los bolivianos.
La Comisión tomó conocimiento de que el 11 de septiembre de 2008 grupos de personas que habrían sido promovidos por la Prefectura del Departamento de Pando, intentaron impedir violentamente que se llevara a cabo un encuentro de indígenas y campesinos, lo cual habría resultado en la muerte de al menos 30 personas. Estos eventos estuvieron precedidos de otros actos de violencia en Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca que, según la información recibida, habrían sido alentados e impulsados por las Prefecturas Departamentales y los Comités Cívicos de las mismas localidades. Estos hechos resultaron en el saqueo y toma de diversas instituciones públicas nacionales, tal como la representación de la Presidencia en Santa Cruz, el Servicio de Impuestos Nacionales, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el Canal 7 del Estado y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Esta misma situación de saqueo se registró con respecto a algunas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en el departamento de Santa Cruz, tales como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia.
La CIDH insta al Estado boliviano a adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción, a través de mecanismos eficaces y razonables de prevención. También urge al Estado a impulsar una investigación diligente sobre los hechos y a sancionar, de acuerdo a la ley, a los responsables de los asesinatos y de las acciones de violencia contra personas y bienes públicos y privados. Asimismo, la Comisión insta a las autoridades departamentales a que adopten medidas inmediatas para lograr el cese de la violencia. La CIDH hace un enérgico llamado a respetar el estado de derecho y la democracia y a facilitar los mecanismos necesarios para la investigación y sanción de los responsables.
Por otra parte, la CIDH manifiesta su preocupación por la posibilidad de que el saqueo y la toma del Instituto Nacional de Reforma Agraria obstaculice la implementación de los programas dirigidos a erradicar la situación de servidumbre análoga a la esclavitud en la que se encuentran algunas familias guaraníes cautivas en el Chaco boliviano, verificada por la Comisión durante la visita efectuada entre el 9 y el 13 de junio del presente año.
La CIDH celebra los avances en el diálogo iniciado entre el Gobierno y el Consejo Nacional Democrático que agrupa representantes de algunas de las regiones en conflicto. La Comisión apoya esta iniciativa y hace un llamado a que todos los actores se involucren en la búsqueda de una solución pacífica.
Washington, D.C., 15 de septiembre de 2008 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente los graves hechos de violencia registrados en algunas zonas del oriente y sur de Bolivia en los últimos días, que resultaron en muertos y heridos y pone en riesgo la vigencia de la democracia y de los derechos humanos de todos los bolivianos.
La Comisión tomó conocimiento de que el 11 de septiembre de 2008 grupos de personas que habrían sido promovidos por la Prefectura del Departamento de Pando, intentaron impedir violentamente que se llevara a cabo un encuentro de indígenas y campesinos, lo cual habría resultado en la muerte de al menos 30 personas. Estos eventos estuvieron precedidos de otros actos de violencia en Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca que, según la información recibida, habrían sido alentados e impulsados por las Prefecturas Departamentales y los Comités Cívicos de las mismas localidades. Estos hechos resultaron en el saqueo y toma de diversas instituciones públicas nacionales, tal como la representación de la Presidencia en Santa Cruz, el Servicio de Impuestos Nacionales, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el Canal 7 del Estado y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Esta misma situación de saqueo se registró con respecto a algunas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en el departamento de Santa Cruz, tales como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia.
La CIDH insta al Estado boliviano a adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción, a través de mecanismos eficaces y razonables de prevención. También urge al Estado a impulsar una investigación diligente sobre los hechos y a sancionar, de acuerdo a la ley, a los responsables de los asesinatos y de las acciones de violencia contra personas y bienes públicos y privados. Asimismo, la Comisión insta a las autoridades departamentales a que adopten medidas inmediatas para lograr el cese de la violencia. La CIDH hace un enérgico llamado a respetar el estado de derecho y la democracia y a facilitar los mecanismos necesarios para la investigación y sanción de los responsables.
Por otra parte, la CIDH manifiesta su preocupación por la posibilidad de que el saqueo y la toma del Instituto Nacional de Reforma Agraria obstaculice la implementación de los programas dirigidos a erradicar la situación de servidumbre análoga a la esclavitud en la que se encuentran algunas familias guaraníes cautivas en el Chaco boliviano, verificada por la Comisión durante la visita efectuada entre el 9 y el 13 de junio del presente año.
La CIDH celebra los avances en el diálogo iniciado entre el Gobierno y el Consejo Nacional Democrático que agrupa representantes de algunas de las regiones en conflicto. La Comisión apoya esta iniciativa y hace un llamado a que todos los actores se involucren en la búsqueda de una solución pacífica.
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