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domingo, 2 de octubre de 2011

A la horca con 14 años

Noticas - Internacionales - Pena de muerte.-

Yo nunca dije ante el juez que hubiera matado a nadie". Alphonse Kenyi, que ya ha cumplido 15 años, está en la última ala de la prisión de Juba, reservada para los condenados a muerte. Lleva entre rejas desde octubre de 2009. Fue condenado por asesinato múltiple cuando tan solo tenía 14 años. Le señalaron como miembro de un grupo que iba por la ciudad matando gente, los llamados niggers. Está en el corredor de la muerte desde octubre de 2010. Sobre él pende la sombra de la horca.

Su historia es el reverso oscuro de un proceso ilusionante. El pasado 9 de julio, Sudán del Sur se convirtió en un país independiente, y la ciudad de Juba, en la capital más joven del mundo. Tras una guerra de 22 años contra el norte, Juba es hoy una ciudad optimista que mira al futuro. La nueva corriente de esperanza llega hasta la prisión Central e incluso hasta el corredor de la muerte, donde los condenados sueñan con que el nuevo Estado los perdone.

Alphonse es el más joven de ellos. El sexto de siete hermanos y el único que pudo ir al colegio, aunque solo durante dos años. Sus padres, que estaban desempleados y con trabajos ocasionales, no podían permitirse pagar la educación de sus hijos. Vivían en Kalitok, un poblado a unos 85 kilómetros de Juba. En 2008 se trasladaron a la capital para que el padre, enfermo, pudiera recibir atención médica. La madre consiguió un trabajo en el Servicio de la Vida Salvaje, y Alphonse, como muchos otros niños en Juba, se dedicaba a recolectar botellas de plástico por la calle para venderlas como recipientes o para su reciclaje. Pero la libertad de moverse por las calles de Juba le duró a Alphonse solo un año: en octubre de 2009 fue arrestado por asesinato múltiple.

"Había habido disparos y asesinatos en Nyakuron [un suburbio de Juba], así que la policía empezó a buscar a cualquier persona con uniformes y pistolas. Me encontraron en mi casa y vieron el uniforme de mi madre. La policía me arrestó y me llevó a la comisaría", explica Alphonse.

Juba, la capital de Sudán del Sur, es una ciudad en ebullición. Destruida casi totalmente durante la guerra que acabó en 2005, hoy abundan los sitios en obras. Torres acristaladas albergan hoteles y bancos junto a edificios medio en ruinas. Todoterrenos con los cristales tintados conducen a gobernantes y dignatarios internacionales que se cruzan con vacas de largos cuernos y cabras que buscan comida entre la basura en las calles.

La prisión está situada en el mismo centro de la ciudad. Es uno de los pocos edificios que apenas han cambiado en los últimos 60 años. Numerosos guardas y policías armados con rifles gastados pasean alrededor de la puerta principal, que se abre en los enormes muros de piedra coronados con alambre. Otros se sientan en sillas de plástico o en el suelo intentando buscar algo de sombra para huir del calor aplastante.
Dentro de los muros, en un patio de tierra, hay varios sillones destartalados, raídos y quemados por el sol. También aquí hay docenas de guardas y policías que parecen no tener mucho que hacer. Pasean lentamente secándose el sudor de la cara, se sientan en los sillones o en el suelo, algunos lucen con desgana sus viejos rifles AK-47. Huele a meado, e incontables moscas se posan en la piel, en la ropa, en los rifles, en el tapizado roto y ajado de los sillones.

El oficial encargado de los menores en la prisión es Fabian Serit. Fabian es un hombre no muy alto y de sonrisa fácil. Tiene una cara simpática y, a pesar del calor, viene al trabajo cada día con pantalones de traje y una camisa de manga larga. Fabian suda constantemente y lleva un pañuelo en el bolsillo que se pasa por la cara cada pocos minutos. Le gusta hablar y ríe constantemente. Cuando está contando algo importante o que él considera una confidencia, te coge del brazo y te mira fijamente con sus ojos enrojecidos mientras baja la voz.

"Un grupo llamado niggers iba por la ciudad matando a la gente. Fueron arrestados y torturados y la policía les obligó a que señalaran a sus secuaces por la calle, y fue entonces cuando denunciaron a Alphonse", dice Fabian en voz baja. Y luego se exalta: "¡Pero él es inocente y además es un niño! Así que lo llevamos al médico. El doctor dijo que tenía 14 años y ahora estamos intentando cambiar oficialmente su edad para quitarle la condena a muerte". En enero de 2010, Sudán cambió sus leyes y aumentó de 15 a 18 años la edad mínima para que un criminal pueda ser sentenciado a la pena capital.

Fabian y otros funcionarios de la prisión trabajan en una oficina muy pequeña y de paredes desnudas, en la que tres mesas y unas pocas sillas apenas dejan sitio para nada más. Todos los informes y documentos están en papel y manuscritos en una mezcla de inglés y árabe. Dos de los funcionarios intentan sin mucho éxito usar el programa Microsoft Word en el único y viejo ordenador que acaba de ser donado por la ONU. Las moscas y el calor se cuelan en la oficina aunque aquí se puede al menos escapar del sol punzante.

Unas enormes y pesadas puertas de metal conducen al patio interior de la cárcel y a las celdas. El patio es un espacio amplio, con el suelo de tierra, dividido en dos partes por una verja. De nuevo el calor, la luz, el polvo, las moscas. A la derecha de la verja hay unos pocos árboles y un tejadillo de metal que dan algo de sombra. Los presos se concentran allí, sentados en el suelo, intentando huir del sol y de la luz cegadora de la mañana. Otros se sientan junto al muro que separa el patio de las celdas a la izquierda, donde también hay una estrecha franja de sombra. Apenas hay movimiento, casi nadie camina y las conversaciones son en voz baja.

El método de ejecución empleado en la cárcel es la horca. Fabian explica que hay una fórmula para colgar a los condenados. "Te miden y te pesan para regular la horca. Si no está bien regulada, te puede cortar la cabeza. Si esto ocurre, los encargados de regularla son encarcelados".

Incluyendo a Alphonse, en el corredor de la muerte hay ahora 50 condenados, todos por asesinato. En 2011, hasta la independencia en julio, dos reclusos han sido ejecutados. El año pasado fueron ocho en total, según cuenta Fabian. Y además de Alphonse, en esta cárcel hay otros 46 niños que conviven con unos 1.000 reos adultos. Hay también cinco niñas, alojadas en un edificio contiguo con las mujeres.

La mayoría de los presos adultos, al igual que casi todos los policías y guardias, son exguerrilleros que lucharon en la guerra civil que enfrentó al norte y al sur de Sudán entre 1983 y 2005. Entre los presos adultos, los delitos más comunes son el robo, el adulterio, la violación y el asesinato. Entre los niños, los pequeños robos menores y algunos asesinatos.

El caso de los condenados por asesinato es particular. "La pena depende de la decisión de los familiares de la víctima", explica James Warnyang, otro funcionario al cargo de los menores. Los familiares le piden al asesino una cantidad de dinero como compensación. Es lo que aquí en árabe llaman dia y en inglés blood money (dinero de sangre). La ley establece que los familiares pueden pedir como máximo 30.000 libras (unos 8.250 euros) y esta es la cantidad solicitada en casi todos los casos. "Aunque depende de las tribus", interviene Fabian; "por ejemplo, los dinka pueden pedir 30 vacas en lugar de 30.000 libras". Cuando se fija la cantidad, el juez impone una nueva sentencia de cárcel, de hasta cinco años si es un menor y de hasta 10 si es un adulto.

"Pero si los familiares de la víctima dicen que quieren al asesino muerto, entonces ya está: son los familiares los que deciden y no hay nada que hacer, aunque si el condenado es un menor, entonces la ley dice que no puede ser ejecutado", concluye James. En la prisión Central de Juba, además de Alphonse, hay nueve menores que cumplen penas de cárcel por asesinato.

Hay varias alas: una para los presos comunes, otra para los enfermos mentales, otra para los presos políticos, que es la que curiosamente ocupan los menores. Una puerta en el muro da acceso al ala para los presos políticos. Los menores esperan bajo un toldo metálico, de pie y en filas. Llevan ropas sucias y rotas, están muy delgados y aguardan con expectación. De repente empiezan a cantar mientras dan palmas y se mueven rítmicamente.

Cuando la canción acaba, todos se sientan en el suelo en filas y miran con ojos enormes, con intensidad, algunos con la boca abierta, otros con sonrisas de emoción. La escena recuerda más a una escuela que a una cárcel.

Muchos niños quieren hablar y sus historias podrían llenar un libro de reportajes. Está Mangar Abuc Malnal, de 16 años, que parece uno de los jefes del grupo. Los demás corean su nombre mientras Mangar, lleno de energía y confianza, se levanta y cuenta con naturalidad cómo asesinó a otro niño en una pelea, mientras Fabian y varios de los menores ríen. Se entregó él mismo a la policía en julio de 2009 y lleva desde entonces en la cárcel.

Pero su juicio no se celebró hasta diciembre de 2010, cuando fue condenado a pagar 30.000 libras como dinero de sangre a la familia de la víctima y a tres años de prisión, que empezaron a contar en el momento de la condena. Mangar dice que cuando pueden jugar al fútbol y cuando tienen clase, la vida en prisión no está mal, aunque la comida no es buena. "Pero el balón se ha pinchado y ahora no tenemos nada que hacer, así que nos pasamos el día sin hacer nada y pensando".

El caso de Diu Ajak también es llamativo. Alto, muy delgado y con un rostro infantil y triste, tiene 13 años, aunque aparenta 9 o 10. "Tenía hambre, por eso entré en la casa, cogí 120 libras [32 euros] y una cámara de fotos pequeña", cuenta Diu hablando en voz muy baja. "El dueño del dinero me pilló y me pegó con un palo. Era un oficial del Ejército. Me llevó a la comisaría y allí los policías me pegaron, me dieron muchos latigazos". Entonces Diu calla, se alza la camiseta y muestra la espalda. Está llena de cicatrices, pese a que esto le ocurrió cinco meses atrás.

"Me metieron en un coche y me llevaron para que señalara a alguien. Yo señalé a unos chicos porque los policías me habían pegado. Los que señalé son amigos míos, pero no estaban conmigo cuando fui y robé en la casa", continúa el chico.

Los cinco niños fueron arrestados y llevados a una comisaría. Dos de ellos, Angok Mum y Chol Achek, ambos de 14 años, se levantan indignados y cuentan su versión de la historia, que coincide con la de Diu aunque ellos niegan que fueran amigos y aseguran que no lo conocían. Angok y Chol dicen que los policías también les pegaron a ellos en la comisaría para que confesaran haber robado, pero que ellos nunca lo admitieron.

Más adelante, Fabian contará por teléfono que Diu y los cinco menores arrestados junto a él han sido liberados tras haberse pasado más de siete meses en la cárcel sin sin haberse celebrado juicio alguno. Y en el caso de los cinco señalados por Diu, sin pruebas en su contra.

Mientras hablan Diu, Angok y Chol, un funcionario ha traído a Alphonse, que se ha dejado caer en una silla de plástico. Alto, delgado, cabizbajo, de rostro amplio y grandes ojos, no deja de tocarse los pies y los grilletes que le atenazan los tobillos. Los demás niños lo miran con respeto y desde la distancia. Alphonse simplemente los ignora. Uno de los funcionarios dice a los chicos que se pueden ir y la mayoría se levantan y se van. Alphonse se sienta en el suelo y, con la vista baja, hace dibujos en la arena. Unos pocos niños se quedan y se sientan o se tumban cerca de él, le miran serios y en silencio.

Empieza a hablar y dice que su nombre completo es Alphonse Kenyi Makwach y que nació el 19 de enero de 1996. Apenas alza la mirada y habla monótona y lentamente, como si estuviera cansado o aburrido de repetir las mismas palabras, mientras sigue trazando formas y letras con la arenilla del suelo. "Me arrestaron en octubre de 2009. Mi madre trabaja para el Servicio de Protección de la Vida Salvaje y su uniforme [similar al de los soldados] estaba en casa".

"Me humillaron, me pegaron muchas veces, querían que admitiera haber hecho cosas que yo no había hecho. Me metieron en una celda con más gente que estaba acusada de matar y de destrozar el pueblo y a mí me acusaron de lo mismo. Me pegaban con ese bastón que tiene la policía. Si les miraba, me pegaban. Me llevaron al tribunal. El juez preguntó: '¿Qué ha hecho esta persona?'. El fiscal dijo: 'Estas personas han matado'. Y nos trajeron aquí a la cárcel. El fiscal volvió a la comisaría y escribió que todos habíamos confesado y por eso nos condenaron a muerte. Pero ante el juez yo nunca dije que hubiera matado".
Sigue su discurso lentamente, pero sin pausa; los demás niños escuchan en silencio y siguen la escena con intensidad. "En la comisaría, los policías usaron cuchillas de afeitar y agujas, me decían que confesara, pero yo nunca admití nada. Me metían la aguja entre la carne y la uña, haciéndome mucho daño, y luego rompían la uña con la cuchilla". Entonces Alphonse deja de hablar. Alza la vista y enseña los dedos y las señales en sus uñas, como pequeñas cicatrices por donde la uña se habría roto.

"No conocía a las otras personas que había en la celda. Todos eran mayores que yo. No me hablaron ni me dijeron nada. La policía también les torturó a ellos, a todos nos hicieron lo mismo", agrega el joven. En total eran ocho personas: Alphonse y tres hombres fueron sentenciados a muerte, otro fue condenado a 14 años de cárcel, y dos mujeres y una menor fueron también castigadas a 14 años.

Alphonse calla y sigue haciendo dibujitos en el suelo. El ambiente se relaja un poco, todos parecen volver a respirar, los niños empiezan a hablar y a moverse. Algunos se acercan a Alphonse, le hablan con cariño, intentan animarlo, hacen bromas, a veces consiguen arrancarle una leve sonrisa.

James Warnyang, otro funcionario ocupado de los menores, musita en voz baja: "Él ya no cree que le vayan a liberar, cree que va a ser ejecutado". Y entonces le cuenta lo que Fabian y él están haciendo para demostrar que es un niño, que fue condenado con 14 años, y le aseguran que no va a ser ahorcado. Pero Alphonse no reacciona, no alza los ojos para mirar a James y simplemente sigue jugando con la arenilla y haciendo dibujitos y montañitas con ella.

Tras conseguir el documento de la comisión médica que certifica que Alphonse tiene 15 años, el funcionario Fabian elaboró un informe completo sobre el caso, que primero tuvo que ser aprobado por el director de la prisión, después por un tribunal en primera instancia y ahora está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo.

Si se acepta que Alphonse fue condenado a muerte cuando tenía 14 años, entonces la sentencia sería invalidada y el tribunal tendría que fijarle una pena de cárcel que, por tratarse de un menor de edad, podría ser de hasta cinco años, además del pago del dinero de sangre a las familias de las víctimas. "E inmediatamente tras la resolución lo sacaríamos del corredor de la muerte y lo traeríamos aquí con los otros niños", recalca Fabian.

Alphonse lleva puesta una camiseta del Liverpool, pero no responde sobre si le gustan el fútbol y el Liverpool. Los demás niños le insisten, le hablan de fútbol, hacen pequeñas bromas, intentan hacerle reír y entonces sí reacciona y habla un poco con los otros muchachos; la atmósfera parece un poco más ligera durante algunos instantes.

Pasa las noches en el ala de los condenados a muerte, pero los demás menores duermen en una estancia junto a este pequeño patio cubierto por un tejadillo de metal. Se trata de una sola habitación de unos cuatro metros de ancho por unos 15 de largo. Junto a las paredes se aprietan unos 15 colchones de espuma. Son muy finos y están raídos y cubiertos por sábanas viejas y sucias. En cada uno de ellos duermen tres niños. Algunas redes mosquiteras penden del techo sobre los colchones, aunque no hay suficientes y están llenas de agujeros.

La visita a la prisión Central de Juba llega a su fin. Alphonse sigue sentado en el suelo, de nuevo con la mirada baja y triste. Los demás niños se levantan, empiezan a andar, se empujan unos a otros y se pelean en broma, ríen y empiezan a jugar. De vuelta a la oficina, y tras interrogarlo acerca de la tortura, Fabian cuenta: "En los cuarteles de policía te pegan, utilizan fuego u otros objetos para que digas la verdad. De hecho, los arrestados quieren que los traigan a la cárcel lo antes posible porque saben que aquí no torturamos a nadie".
Fuera, el sol sigue inundando el patio de tierra entre el zumbido de las moscas y las conversaciones de los guardias. Los policías pasean lentamente o se dejan caer junto a sus rifles en los sillones quemados por el calor. -

Fuente: www.elpais.com 

martes, 17 de mayo de 2011

La Haya pidió la detención de Khadafy. Está acusado de cometer Crímenes de Lesa Humanidad

Derechos Humanos - Internacional - Noticias

ROMA.- "Khadafy arresta, tortura y elimina, como hacía la junta militar en la Argentina. Aunque Khadafy tiene mucho más poder que la junta militar argentina; Khadafy tiene el poder absoluto."

Horas después de haber pedido una orden de arresto contra Muammar Khadafy, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, habló así del líder libo en un diálogo con LA NACION, y lo acusó de "crímenes contra la humanidad".

Moreno Ocampo también pidió el arresto del hijo mayor de Khadafy, Saif al-Islam, y de su cuñado y jefe de los servicios de inteligencia militares, Abdullah al-Senussi. El fiscal argentino, que hizo una investigación tras un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, consideró a los tres "los principales responsables" de los crímenes cometidos a partir de la revuelta de febrero pasado contra los opositores, y dijo que el régimen hoy sigue utilizando la violencia contra los disidentes.

-Fue la investigación más rápida desde que se convirtió en 2003 en el primer fiscal de la CPI...
-Fue rápido porque es el primer caso en que tenemos unanimidad en la necesidad de hacer esta investigación. En el caso de Darfur, en el Consejo de Seguridad hubo 4 abstenciones, mientras que en el caso de Libia hubo 15 votos a favor. Y eso libera recursos: Interpol cooperó, también una fiscal española, todo el mundo cooperó y pudimos conseguir gran cantidad de pruebas muy rápidamente.

-¿Envió un equipo a Libia?
-Rastreamos personas en 11 países y logramos entrevistar a 51 que eran testigos oculares, personas del círculo del rais y testigos de las persecuciones en las casas. Porque lo más grave que pasa en Libia no es lo que pasó en las plazas públicas en febrero, sino lo que pasa hoy con las personas que están bajo el régimen de Khadafy. Porque Khadafy arresta, tortura y elimina como hacía la junta militar en la Argentina. Aunque Khadafy tiene mucho más poder que la junta militar argentina, Khadafy tiene el poder absoluto.

-Ahora les toca a los jueces de la Corte tomar una decisión sobre su pedido de arresto: ¿cuándo?
-Supongo que dentro de 2 o 3 semanas, o 2 o 3 meses...

-Libia no reconoce a la CPI, como Estados Unidos, y hay quienes creen que su orden de arresto dificulta las negociaciones en curso para detener el conflicto...
-Los crímenes que investigamos se están cometiendo ahora y eso no se resuelve con una negociación. De todos modos hace falta armonizar justicia y acuerdos políticos... Pero la orden de arresto no se va a ir, está acá y hay que hacerla cumplir.

Fuente: www.lanacion.com

jueves, 11 de marzo de 2010

Comunicado de la CIDH: MUERTES VIOLENTAS EN CÁRCEL DE VENEZUELA

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Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Internacionales - Noticias.-
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Washington, D.C., 11 de marzo de 2010 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta profundamente la muerte violenta de varios internos en el Centro Penitenciario Región Capital Yare I en Caracas. La CIDH hace un llamado urgente al Estado para que adopte las medidas necesarias a fin de evitar que se repitan hechos similares.

De acuerdo con la información recibida, el 9 de marzo de 2010 se registraron fuertes enfrentamientos entre reos del Centro Penitenciario Metropolitano Yare I, que habrían resultado en la muerte de varios internos y en numerosos heridos. La CIDH expresa preocupación por los hechos ocurridos, se solidariza con las familias de los internos muertos violentamente, y recuerda que las obligaciones estatales en materia de derechos humanos incluyen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad.

Asimismo, la CIDH reitera su preocupación por los altos índices de violencia en los centros penitenciarios venezolanos, y por la tenencia de armas de fuego de grueso calibre por parte de organizaciones criminales dentro de varias prisiones. En este sentido, la CIDH reafirma que los Estados tienen la responsabilidad de adoptar medidas de seguridad para proteger a las personas sujetas a su jurisdicción, deber que es más evidente al tratarse de personas privadas de libertad, sobre las que el Estado se encuentra en una posición de garante. Esta obligación no sólo se impone en relación con el poder del Estado, sino también en relación con actuaciones de terceros particulares.

La CIDH urge nuevamente a las autoridades venezolanas a adoptar las medidas idóneas destinadas a prevenir brotes de violencia en los centros penitenciarios. Desde hace varios años la Comisión Interamericana ha venido dando seguimiento a la situación de las cárceles en Venezuela a través de distintos mecanismos, incluyendo casos contenciosos y medidas provisionales solicitadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo recuerda al Estado que desde marzo de 2006 se encuentran vigentes medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que este tribunal manifestó que: “los Estados están en la obligación de desplegar acciones inmediatas que garanticen la integridad física, psíquica y moral de los internos, así como su derecho a la vida”; y resolvió: “requerir al Estado que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para evitar en forma eficiente la violencia en la Cárcel de Yare, de tal suerte que no muera ni se afecte la integridad personal de ningún interno o de cualquier persona que se encuentre en dicho centro”. La Corte también ha otorgado medidas provisionales a favor de las personas privadas de libertad en el Internado Judicial de Monagas (“La Pica”), el Centro Penitenciario de la región Centro Occidental (Cárcel de Uribana), y el Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II. Mediante su Resolución del 24 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana mantuvo la vigencia de estas medidas provisionales.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

lunes, 8 de marzo de 2010

CIDH DEPLORA ASESINATOS, SECUESTROS Y AGRESIONES EN HONDURAS

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Internacionales - Noticias - Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Washington, DC, 8 de marzo de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena y lamenta los asesinatos de tres miembros activos de la resistencia al golpe de estado, registrados en el último mes en Honduras. Asimismo, la CIDH deplora los secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas activas en la resistencia contra el golpe de Estado y sus familiares. La CIDH expresa también su profunda preocupación ante la información recibida de que hijos e hijas de activistas están siendo amenazados y hostigados, y que en dos casos han sido asesinados.

Según la información recibida, el 3 de febrero de 2010, Vanessa Zepeda Alonzo, de 29 años de edad, quien era activa en el Frente de Resistencia y afiliada al Sindicato de Empleados de la Seguridad Social, fue encontrada muerta en Tegucigalpa. Según testigos oculares, su cuerpo fue lanzado desde un carro. Asimismo, el 15 de febrero de 2010, Julio Funez Benitez, miembro activo de la resistencia y afiliado al Sindicato de Trabajadores de SANAA, fue asesinado de dos balazos mientras conversaba en la acera de su residencia en la Colonia Brisas de Olancho, por sujetos desconocidos que se transportaban en una motocicleta. Finalmente, el 24 de febrero de 2010 fue asesinada en su domicilio Claudia Maritza Brizuela, de 36 años de edad, hija del dirigente sindical y social Pedro Brizuela, que participa activamente en la resistencia. Dos desconocidos llamaron a la puerta y al abrir, Claudia Brisuelas fue asesinada a balazos, frente a sus hijos de 2 y 8 años de edad.

La Comisión observa con consternación que se estaría asesinando, secuestrando agrediendo y amenazando a los hijos y a las hijas de los líderes del Frente de Resistencia, como una estrategia para acallarlos. En este sentido, el 17 de febrero de 2010 apareció ahorcada Dara Gudiel, de 17 años de edad, en la Ciudad de Danlí, departamento del Paraíso. Dara Gudiel era hija del comunicador social Enrique Gudiel, quien dirige un programa de radio llamado “Siempre al Frente con el Frente”, donde se transmiten informaciones sobre la resistencia. Días antes de aparecer ahorcada, Dara Gudiel había sido liberada, luego de permanecer secuestrada dos días durante los cuales habría sido maltratada físicamente.

Por otra parte, el 9 de febrero de 2010 fueron secuestrados cinco miembros de una familia que es activa en la resistencia, por siete hombres fuertemente armados que vestían uniforme militar y tenían el rostro cubierto con gorros pasamontañas. Una de las personas secuestradas era una joven que había denunciado en agosto de 2009 haber sido violada sexualmente por cuatro policías luego de haberla detenido en una manifestación contra el golpe de Estado perpetrado el 29 de junio. El 9 de febrero, los hombres armados interceptaron el vehículo en el cual viajaba la joven junto con su hermano, su hermana y otras dos personas; cuando les ofrecieron las llaves del auto, respondieron que lo que querían era a la joven, “a ver si esta vez los denunciaba”. Los cinco fueron obligados a punta de pistola a caminar montaña adentro, donde dos de las mujeres fueron violadas sexualmente; la tercera fue víctima de robo y amenazas de muerte, y los dos hombres fueron sometidos a torturas físicas. Fueron liberados horas después.

Estos hechos se dan en un contexto de grave hostigamiento contra los miembros activos de la resistencia en Honduras, en el cual durante el último mes se han producido más de medio centenar de detenciones, ocho casos de torturas, dos secuestros, dos violaciones sexuales y un allanamiento de domicilio. Estas agresiones se han realizado contra miembros de la resistencia, sindicalistas y comunicadores sociales, así como sus hijos e hijas.

Honduras debe adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Todas las personas sin distinción deben estar igualmente protegidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política.

La CIDH encuentra necesario reiterar que la participación política y social a través de la manifestación pública es esencial en la vida democrática de las sociedades, y que reviste un interés social imperativo. Las personas de todos los sectores políticos tienen el derecho de ejercer plena y libremente su derecho de libertad de expresión y su derecho de reunión, sin violencia y de conformidad con la ley y las normas interamericanas de protección de los derechos humanos. Como lo han señalado la Comisión y la Corte Interamericanas, los Estados no sólo no deben interferir con el ejercicio de estos derechos sino que deben adoptar medidas para asegurar su ejercicio efectivo.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

jueves, 25 de febrero de 2010

Legalizan la pena de muerte en Corea del Sur

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Internacionales – Pena de Muerte – Noticias


Fuente: www.lanacion.com


La justicia determinó que "no va en contra de la Constitución" y aclaró que se aplicará en "casos excepcionales"


SEUL (EFE).- La Corte Suprema de Corea del Sur consideró legal la aplicación de la pena de muerte en ese país, en un fallo duramente criticado por los activistas pro derechos humanos y asociaciones religiosas.


Desde hace 12 años existe una moratoria oficiosa en Corea del Sur para la aplicación de la pena capital, aunque los tribunales siguen emitiendo esas condenas y en la actualidad hasta 59 presos están sentenciados al máximo castigo legal en las cárceles del país.


En su segunda sentencia sobre este controvertido asunto desde 1996, la justicia dictaminó que la pena de muerte es "un castigo legal que puede detener los delitos en defensa del público", si bien estipuló que debe limitarse a "casos excepcionales".


La sentencia, similar al fallo anterior, fue aprobada por la mínima: cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados de la alta Corte surcoreana. El tribunal declaró la pena de muerte "constitucional" dado que "el interés público, como es proteger la vida del pueblo, no puede considerarse menos válido que el derecho a la vida de las personas que cometen delitos extremos".


"La pena de muerte no va en contra de la Constitución mientras se limite a aplicarse a personas que cometieron delitos extremos como acabar con muchas vidas de forma cruel", sentenció la corte.


Nada más conocerse la sentencia, emitida a petición de un condenado a muerte, varias asociaciones religiosas y de derechos humanos surcoreanas expresaron su "enérgica protesta" y calificaron la pena capital de castigo "inhumano".


En un comunicado conjunto, grupos como el Comité Católico de Derechos Humanos, la Asociación de Abogados para una Sociedad Democrática y Amnistía Internacional de Corea del Sur opinaron que se trata de "un castigo cruel, inhumano e indigno que niega el derecho a la vida".

Esos grupos señalaron que seguirán trabajando para que el gobierno surcoreano proclame una moratoria oficial de las ejecuciones en el país, donde ya existe una suspensión de facto, aunque oficiosa, desde 1998.


La sentencia de la Corte añade más leña al fuego a un controvertido asunto en el que la sociedad surcoreana está dividida desde hace años.


Quienes abogan por la pena de muerte, como el grupo Ciudadanos Unidos por una Sociedad Mejor, argumentan la necesidad de prevenir delitos violentos ante el creciente número de asesinatos registrados en los últimos años, que han generado una fuerte conmoción social nacional.


En cambio, los partidarios de su abolición defienden que viola los derechos humanos y que cada vez un mayor número de países han optado por eliminarla de su legislación y sustituirla por la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.


Pese a que está legalmente en vigor, Corea del Sur mantiene una suspensión no oficial de las ejecuciones desde febrero de 1998, cuando asumió el poder el presidente Kim Dae-jung, fallecido el año pasado.


Kim Dae-jung había sido condenado a muerte en 1980 por motivos políticos pero fue perdonado posteriormente, y desde su mandato no ha vuelto a aplicarse la pena capital, que en Corea del Sur se realizaba generalmente por ahorcamiento.

miércoles, 24 de febrero de 2010

CIDH publica informe sobre Venezuela

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Internacionales – Derecho Humanos – Noticias

Washington, DC, 24 de febrero de 2010 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela.

La CIDH identifica una serie de aspectos que restringen el pleno goce de los derechos humanos. Entre otros, la CIDH analiza una serie de condiciones que evidencian la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos en Venezuela. El Informe hace referencia a que no se ha garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno. La Comisión encuentra además que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política. La Comisión considera que no existen las condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor. Asimismo, la CIDH determina la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres.

En relación con los derechos económicos, sociales y culturales, la CIDH reconoce los logros del Estado relacionados con la progresiva vigencia de estos derechos, entre los que se destacan la erradicación del analfabetismo, la reducción de la pobreza, y el incremento en el acceso de los sectores más vulnerables a servicios básicos como la salud. Asimismo, la Comisión señala que existen serias falencias en materia de derechos sindicales así como también en relación con el derecho de los pueblos indígenas a su territorio.

La Comisión resalta que en aras de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela no puede sacrificarse la vigencia de otros derechos fundamentales. Los derechos humanos constituyen un todo indisoluble y, conforme señala la Convención Americana en su preámbulo, “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.

Al concluir el Informe, la Comisión considera que la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado frente al ejecutivo, las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, la existencia de un ambiente hostil para el libre ejercicio de la participación política en disenso y para la actividad de monitoreo por parte de las organizaciones de derechos humanos, la inseguridad ciudadana, la violencia que afecta a las personas privadas de su libertad, a sindicalistas, a mujeres y a campesinos, y sobre todo la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos, son factores que contribuyen al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela y han tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana.

La CIDH considera que, el Estado debe aumentar sus esfuerzos para combatir estos desafíos y alcanzar una mejor y más efectiva protección de los derechos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CIDH elaboró este informe sin haber podido realizar una visita de observación a Venezuela debido a la negativa del Gobierno a otorgar su anuencia. La última visita de la Comisión a Venezuela se llevó a cabo en mayo de 2002. Las observaciones realizadas durante la visita fueron reflejadas en el informe que la CIDH publicó en diciembre de 2003. A partir de entonces la Comisión ha realizado múltiples gestiones en búsqueda de la anuencia del Estado para realizar una visita de observación. El hecho de que hasta la fecha el Estado se haya negado a permitir una visita de la CIDH no sólo afecta las facultades asignadas a la Comisión como órgano principal de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos, sino que debilita seriamente el sistema de protección colectivo creado por los Estados Miembros de la Organización.

La Comisión analiza en el informe la evolución de los derechos humanos en Venezuela a partir de información recibida a través de sus diversos mecanismos de protección. Asimismo, la Comisión fundamenta su análisis en información enviada por el Estado de Venezuela en atención a solicitudes de la Comisión.

La Comisión Interamericana reitera su ofrecimiento de colaborar con el gobierno, así como con la sociedad venezolana en su conjunto, a fin de dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones contenidas en su informe y contribuir así con el fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en un contexto democrático en Venezuela.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

Enlaces útiles:

Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela

jueves, 4 de febrero de 2010

La Corte Interamericana de DD.HH decidirá sobre la desaparición de la nuera de Gelman.

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Internacional - CIDH - Derechos Humanos.-

Fuente: www.diariojudicial.com


Juan Gelman y su nieta María Macarena denunciaron al Estado uruguayo por la desaparición de la nuera del poeta y la supresión de identidad y nacionalidad de la joven durante la última dictadura militar. La CIDH entendió que Uruguay violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por ese país el 19 de abril de 1985.

La causa por la desaparición forzada de la nuera de Juan Gelman y la supresión de la identidad y la nacionalidad de María Macarena Gelman, la nieta
del poeta, será tratada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de una demanda presentada por la Comisión Interamericana (CIDH), que entendió que el Estado uruguayo era responsable por ambos delitos.

Al presentar la demanda ante la CIDH el 8 de mayo de 2006, Gelman y su nieta también se quejaron por “la denegación de justicia, impunidad y, en general, el sufrimiento causado” a todo el núcleo familiar “como consecuencia de la falta de investigación de los hechos, juzgamiento y sanción de los responsables en virtud” de la Ley de Caducidad (Nº 15.848).

Esa norma fue promulgada en 1986 por el gobierno democrático del Uruguay y sigue vigente al día de hoy pese a varios intentos de derogarla, incluidos dos plebiscitos: uno realizado en 1989 y el segundo en ocasión de las elecciones presidenciales de octubre del año pasado.

En un comunicado emitido este martes para anunciar el envío de la causa a la Corte IDH –que se concretó el 21 de enero-, la Comisión manifestó que la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman fue “cometida por agentes estatales uruguayos” y señaló que la mujer fue una de las tantas víctimas del “Plan Cóndor”.

El envío se concretó pues la Comisión determinó que el Estado uruguayo era responsable por la violación de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 50). Uruguay ratificó la Convención el 19 de abril de 1985.

Al formular la presentación, que contó con el patrocinio del abogado José Luís González y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Gelman y su nieta alegaron que su petición cumplía todos los requisitos contenidos en el artículo 46 de la Convención, salvo el del previo agotamiento de los recursos internos.

En ese sentido, señalaron que no era posible cumplir ese requisito pues la Ley de Caducidad había cerrado toda posibilidad de investigación judicial de la mayoría de las violaciones de derechos que supuestamente cometieron las fuerzas militares y policiales durante el gobierno de facto de Uruguay, que finalizó el 1º de marzo de 1985.

“Pese al hecho de que el Presidente [saliente] Tabaré Vásquez permitió la investigación criminal de la desaparición de María Claudia Gelman, el Poder Judicial definitivamente denegó la protección judicial de los derechos de las víctimas el 19 de octubre de 2005”, manifestó el comunicado de la CIDH.

domingo, 10 de enero de 2010

"En el mundo hay cada vez más hambre de justicia" Entrevist a a Luis Moreno Ocampo

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Noticias – Información – Internacionales.-

Tras seis años en el cargo, el fiscal de la Corte Penal Internacional dice que hoy está claro que no puede haber crímenes masivos, afirma que el Juicio a las Juntas fue una "obra de arte" y un aporte positivo de la Argentina al mundo, y asegura que no incursionará en la política local.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/ Hugo Alconada Mon

Hambre de justicia hay cada vez más", dice Luis Moreno Ocampo. Lo afirma desde su experiencia como uno de los responsables del histórico Juicio a las Juntas, que cimentó la democracia allá por los años 80 y al que ahora define como "una obra de arte". Pero también lo sostiene desde su perspectiva única como partícipe central de lo que considera "un cambio de 5000 años de cultura". Es decir, la aplicación de la ley a nivel mundial en vez de la imposición de la violencia.

Con seis años en La Haya como primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Moreno Ocampo sabe que su rol resultará decisivo para definir el futuro de ese tribunal como última instancia para juzgar genocidios y crímenes de lesa humanidad. Y aunque él aclare que no es "el fiscal del mundo", siente que es un proceso en marcha y confía en que algún día englobará incluso a Estados Unidos, la superpotencia que aún mira con recelo su jurisdicción.

Una y otra vez a lo largo de la entrevista con Enfoques en su casa de Buenos Aires, donde reside su familia, el investigador de los crímenes cometidos en Darfur o Kenya fluctuó entre su rol internacional y los asuntos locales. Así, afirma que en la Argentina "el tema pasa ahora por otras áreas de violencia", en desmedro de la política, "como puede ser la violencia criminal, que tenemos que manejarla mejor", aunque rechaza toda idea de algún día dedicarse a la política en el país o aspirar a otro cargo público. Prefiere anunciar que "se está armando un sistema global de Justicia que cambia las reglas de juego". Un nuevo orden mundial.

-Lleva seis años como fiscal y le quedan tres años más. ¿Está satisfecho con lo que logró hasta ahora?

-Cuando yo asumí, pensé: "¿Cómo organizo estos nueve años? Tengo que armar esta institución y para eso tengo que definir cómo se definen los casos a investigar". Así que los primeros tres años fueron para elegir a la gente y definir políticas muy claras sobre lo que íbamos a hacer y lo qué no íbamos a hacer, porque para mí, a la luz de mi experiencia en la Argentina, era muy claro decir que solamente vamos a investigar a los máximos responsables. A nadie más. Porque si no, me iban a pedir más cosas que no íbamos a poder hacer. Los segundos tres años consistieron en arrestar a las personas y hacer los juicios. Y los últimos tres años son cómo esta Corte maximiza su impacto mundial. Y la verdad es que, pese a todos los avatares, vamos bien. La Corte transformó las relaciones internacionales. Hoy está claro que no se pueden cometer crímenes masivos.

-¿Es ése el mayor logro?

-¡Es un cambio de 5000 años de cultura! ¡Es un logro muy importante! Yo creo que la Corte es una institución del siglo XXI y a veces no nos damos cuenta de cómo está cambiando el mundo. Antes no existía la posibilidad de una Corte permanente que mirara crímenes masivos e investigara a los jefes, incluso a los jefes de Estado, como pasa en Sudán. Pero no es sólo la Corte. Se está armando un sistema global de Justicia que cambia las reglas de juego.

-¿Y la mayor dificultad a la luz de estos seis años?

-[Piensa por unos segundos] Tengo que investigar crímenes masivos mientras están ocurriendo, a veces sin poder ir, como en Darfur, transformarlos en casos simples para presentarlos ante los jueces y aprender cómo lograr que los Estados parte, más el resto de la comunidad internacional, apoyen a la Corte. A veces, como fue en Darfur, es difícil porque eso implica enfrentar a un presidente. Pero estamos funcionando.

-Creí que me respondería con el reclamo que le hacen desde el mundo árabe sobre la idea del doble estándar: ¿Por qué se la agarran contra los países "chicos" y no contra los "grandes"?

-Ese es un argumento que comenzó a usar Bashir [por Omar Hassan al-Bashir, presidente de Sudán] cuando lo acusamos. Pero mi oficina ha demostrado una consistencia tal que los palestinos están buscando que nosotros intervengamos, y la Liga Arabe está apoyando a los palestinos para que nos presenten el caso sobre Gaza. Eso demuestra que la Fiscalía ha mantenido su independencia en un mundo muy complejo.

-A mediados de 2008, del diario inglés Daily Telegraph llegó a plantear que usted debía renunciar por su manejo de la publicidad de los casos... ¿Cómo traza el equilibrio entre el necesario apoyo de la opinión pública y la reserva necesaria de cada investigación?

-Bueno, los casos son públicos. Cuando las ONG me critican y me dicen que tenemos que hacer más publicidad, yo les digo: "Miren, en la Argentina, cuando tuvimos que enjuiciar a [Jorge Rafael] Videla, no pude convencer a mi mamá". No se puede convencer a todo el mundo. Nos manejamos con casos que dividen a las sociedades. Mi mamá creía que el general Videla era una persona buena como su papá (mi abuelo era general e iba a misa en Olivos) y ella creía que yo defendía a la guerrilla. El juicio le cambió la cabeza. Yo no pude convencerla. Cuando terminó el juicio, me llamó y me dijo: "Todavía lo quiero a Videla, pero tenés razón, tiene que estar preso". Tenemos que encontrar la fórmula para explicar mejor lo que hacemos, pero el trabajo de la Corte se va puliendo.

-¿Cree posible que algún día Estados Unidos acepte la jurisdicción de la Corte, como Australia, Japón, y sus socios europeos?

-Eso ha ido evolucionando. Al final, cuando ocurrió el caso del presidente Al-Bashir, Bush fue muy firme en apoyar la orden de arresto. Y ahora, yo diría que el gesto de Obama de acercarse a la Corte es muy fuerte. Supongo que van a pasar muchos años antes de que [EE.UU.] firme, pero se va imponiendo el criterio de que no puede haber crímenes masivos. Es un tema de tiempo para que Estados Unidos sea parte.

-Es un mérito que más de 100 países reconozcan la jurisdicción de la Corte, pero docenas de otros países no firmaron. ¿Eso afecta, complica o desvaloriza su trabajo?

-Nos afecta en muchos sentidos. La gente se pregunta por qué no estamos en Zimbabwe, en el Líbano, en Irak, en Sri Lanka, en Birmania... países donde hay conflictos. La respuesta fácil es porque no son Estados parte. Yo no soy el fiscal del mundo. Soy el fiscal de 110 Estados. Pero bueno, cuando yo empecé, eran 78, así que vamos subiendo. Estamos liderando una institución que es una parte del cambio del mundo.

-¿Dónde fija el límite sobre lo que puede hacer la Corte y el principio de soberanía?

-Esta es una Corte que respeta, absolutamente, el principio de la soberanía.

-¿Cómo se concreta en la práctica?

-Los chinos ponen mucho énfasis en el respeto de la soberanía. Yo les decía: "Respetamos la soberanía de Sudán. Nosotros le pedimos a Sudán que arreste a su Presidente". Es como si en la Argentina del 77 le hubiera pedido al Gobierno que arrestara al presidente Videla. Por supuesto que no lo hubieran hecho inmediatamente, pero el Proceso hubiera sido distinto si hubiera habido una clara posición internacional de que lo ocurrido en la Argentina eran crímenes masivos cometidos por las máximas autoridades.

-A esta altura van varias veces que menciona a la Argentina en relación al general Videla. ¿Hasta dónde su paso por el Juicio a las Juntas influye en su trabajo actual?

-¡Muchísimo! Yo siempre había pensado que el Juicio a las Juntas era la cosa más importante de mi vida profesional. Que nunca iba a hacer algo más importante porque se trató de un crimen masivo.

-¿Qué edad tenía?

-¡Yo tenía 32 años! Por eso luego hice todo lo que tuve ganas. Hice de todo. Pero siempre pensaba: "Ya hice lo más importante de mi vida. Ya está. ¡Estoy hecho!". Daba clases en Harvard, que era muy interesante, pero cuando me llamaron para hacerme cargo de esta fiscalía, me di cuenta de que en realidad el Juicio a las Juntas había sido mi entrenamiento, pero un entrenamiento maravilloso. El Juicio a las Juntas fue, realmente, una obra de arte.

-¿"Obra de arte"?

-Hmm [asiente].

-¿Qué siente con todo lo que pasó después: Obediencia Debida y Punto Final, los indultos, la anulación de aquellas leyes?

-Lo peor fueron los indultos a Videla y al resto de los comandantes. El Juicio a las Juntas Militares fue la piedra fundamental de la democracia argentina. Entonces, indultarlos fue como afectar esa piedra fundamental, por eso fui muy crítico de los indultos. Igual, estos son procesos sociales muy complejos, en los que hay idas y vueltas aunque, al final, la Argentina entró en una etapa en la que aquello no se puede repetir. El tema pasa ahora por otras áreas de violencia, como puede ser la violencia criminal, que tenemos que manejarla mejor. Pero todo esto fue un aprendizaje de cómo los límites legales están influenciados por procesos sociales que van cambiando, no sólo por la ley.

-Le quedan tres años al frente de la Fiscalía. ¿Cuál es su meta pendiente?

-La verdad es que fue un privilegio ser el fiscal de esta Corte destinada a controlar la violencia masiva. Creo que es un reconocimiento a la Argentina. A América latina como región y a la Argentina como país que lideró. De hecho, ahora una de las juezas de la Corte, Silvia Fernández [de Gurmendi], es argentina, y eso es remarcable. La Argentina tendrá un juez y un fiscal. El lugar de la Argentina es increíble en la Corte Penal Internacional. Me parece que es transformar la tragedia que tuvo la Argentina en un aporte positivo al mundo. Y justamente los argentinos no nos damos cuenta de que hay cosas que sabemos hacer y de que recibimos reconocimiento por eso.

-¿Hasta qué punto funciona que la Corte actúe como última amenaza para los Estados miembro?

-¡Oh, eso es justamente lo más interesante! Los pocos casos que nosotros hacemos son importantes por el mensaje que mandan a las personas que están en los otros Estados parte: si cometen crímenes parecidos, los podemos juzgar. Es decir, pocos casos en La Haya, mucho impacto global.

-¿Cuáles son las naciones que más colaboran con la Corte?

-Hay tres regiones que están casi enteras. Sudamérica está entera; Europa, también, y Africa no árabe está casi entera. ¿Por qué? Porque son las regiones que tuvieron crímenes. El problema es que en Europa los crímenes fueron hace 60 años. Solamente queda lo ocurrido en Georgia y un poco en los Balcanes. En Sudamérica, los crímenes fueron hace 20 o 30 años, sólo queda Colombia. Pero en Africa pasan ahora. Entonces, para los africanos, somos absolutamente estratégicos, esenciales. La primera vez que me reuní con el presidente de Sudáfrica, me dijo: "Si tenemos una nueva guerra en Congo, Africa colapsa". Para los africanos es fundamental evitar eso. Para Kenya es fundamental no volver a la violencia que vivió en 2008. Y para los países vecinos a Kenya también es fundamental que eso no ocurra.

-En septiembre último, usted aludió a eventuales investigaciones sobre crímenes cometidos por Israel en la Franja de Gaza. ¿Es posible pensar en Israel en el banquillo?

-La Autoridad Palestina vino a mi oficina a buscar justicia. Están argumentando que ellos pueden aportarme la jurisdicción ante la Corte. Es una discusión legal que estamos teniendo. Lo importante es que la Corte se constituyó en un lugar en el que no sólo ciudadanos, sino la Autoridad Palestina busca Justicia. O Rusia, que no es un Estado parte, pero nos manda información sobre crímenes cometidos en Georgia. La Corte alcanzó un alto nivel de credibilidad y eso es un enorme éxito en apenas 6 años. Es un nuevo orden que actúa distinto, porque hasta ahora se actuaba en base a dos principios: se trataba de acordar con los criminales o atacarlos.

-La idea de "acordar" con los criminales engloba las amnistías y autoamnistías. ¿Qué piensa de esas opciones?

-En el Estatuto de Roma se establece que no hay ningún tipo de amnistía para este tipo de crímenes. Esa es mi respuesta.

-En noviembre de 2007, el presidente del Center for Transitional Justice, Juan Méndez, afirmó que dependerá de usted si la Corte es "un éxito o un fracaso". "Si sólo se generan 2 o 3 juicios y 20 arrestos -alertó-, el apetito por una Justicia criminal internacional se evaporará por completo". ¿Está de acuerdo?

-Hambre de justicia hay cada vez más en el mundo. Ese es el tema. Los que tienen hambre vienen a la Corte: los palestinos vienen a la Corte, también desde Sri Lanka, gente de Colombia...

-¿No sería útil convocar a un segundo fiscal y duplicar esfuerzos?

-No lo creo. La Corte es un sistema de soporte, no puede ser la principal herramienta. ¿Colombia hace sus juicios? Perfecto. ¿Afganistán dice que va a juzgar sus crímenes? Está perfecto. Cada cual tiene sus propios casos. Y si nosotros no debemos intervenir, mejor. Digamos, es mucho mejor el Juicio a las Juntas hecho en Buenos Aires que en La Haya, a mí no me cabe duda. Creo firmemente en el sistema nacional. Y cuando no actúa, entonces hay una herramienta nueva para actuar. No se trata de lo que haga la Corte en La Haya, sino de cómo la Corte promueve incentivos a los Estados parte para que actúen, no sólo haciendo juicios, sino previniendo crímenes.

-Cuando concluya su mandato a mediados de 2012 tendrá 60 años. ¿Concluirá otra vez que ya lo hizo todo, como a los 32?

-Bueno, al menos no aspiraré a otro cargo. Me parece que este es algo grosso . ¡Este es el cargo más interesante del mundo! No quiero otro.

-¿Ni siquiera en la Argentina?

-¡Sobre todo no en la Argentina! [Risas.]

-¿Planea radicarse otra vez en Buenos Aires?

-Bueno, tengo una casa en Buenos Aires, aunque cuando me nombraron fiscal daba clases en Harvard, así que supongo que, si quiero volver a una universidad buena, podré hacerlo. Pero ya veré qué hago. Por ahora, me quedan dos años y medio para, como dijo Juan Méndez, definir el éxito o el fracaso de la Corte. Tenemos que ser un éxito, no podemos fracasar, no hay espacio para un fracaso.

-Para ser un hombre que optó por la vida pública, por correr riesgos públicos. ¿No se le cruza volver a ser funcionario en la Argentina?

-No. Siento que hice en la Argentina algo que tiene que ver con la época. Fui fiscal en el Juicio a las Juntas, después en el juicio a Camps [Ramón, ex general jefe de la Policía bonaerense durante la dictadura], durante el juicio por la rebelión de Aeroparque, en muchos casos de corrupción, de guerrilla; y fui fiscal de la última rebelión militar de [Mohamed Alí] Seineldín. Ya tuve los casos más interesantes que este país puede ofrecer.

-Yo pensaba como diputado o senador, ministro? ¿Presidente?

-No. Yo no soy político. A mí me gustaba contribuir desde el Poder Judicial a defender un límite: la vida no puede ser una herramienta política. Y me pasó lo mismo a nivel mundial. Antes me ofrecieron cargos políticos y no quise, así que menos ahora. Necesitamos líderes políticos, pero yo no lo soy.

© LA NACION

MANO A MANO

Duró menos de un segundo. Pero desnudó que detrás de su orgullo evidente por ser el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo arrastra un flanco que lo descoloca. Ocurrió cuando dos de sus hijos interrumpieron la entrevista para saludarlo. El más chico tenía apenas 4 años cuando él marchó a La Haya, en junio de 2003. Le dieron un beso y se marcharon. El quedó sumido en sus pensamientos. "Fue duro", apenas acotó antes de retomar una respuesta sobre su rol internacional de alta exposición pública, en el que se nota que se siente cómodo. Como algo natural habla de sus "amigos" dentro de los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, de sus reuniones con presidentes, o de su paso por Harvard o Kenya. Fuera del diálogo quedaron aristas más controvertidas de su pasado, como su defensa del padre Julio César Grassi o su programa televisivo Forum. Hoy sólo tiene espacio para la Fiscalía, lo que refleja su billetera -sólo incluye tarjetas de crédito y de viajero frecuente, pero ningún objeto afectivo o fotografía- y en sus lecturas. "Mi mujer me pide que alguna vez lea algo de amor. Pero los tengo ahí guardados", reconoce entre carcajadas, y retorna a sus investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad.


lunes, 14 de diciembre de 2009

¿Una forma más humana de ejecutar?

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Internacional - Pena de Muerte - Noticias.-

Fuente: www.bbc.com

Kenneth Biros, condenado por asesinato en Ohio, Estados Unidos, se convirtió en la primera persona que es ejecutada con una nueva forma de inyección letal.


Fue la primera vez que se utilizó una inyección de un solo compuesto químico en lugar de la combinación de tres que se utiliza normalmente.


Las autoridades del estado decidieron revisar sus procedimientos de ejecución después de un intento fallido en septiembre pasado.


En esa ocasión, los verdugos trataron durante horas de encontrar una vena adecuada para la inyección, y lo intentaron 18 veces repetidamente topándose con hueso o músculo en lugar de venas.


El nuevo régimen utiliza una sola dosis de pentotal sódico que, si falla, permite la inyección de otro compuesto directamente en los músculos y no en las venas.


Según Ohio, el nuevo procedimiento pondrá fin a las demandas legales que ha enfrentado el estado en el pasado porque supuestamente el antiguo sistema de tres inyecciones podía causar dolor severo al condenado.


"No hubo ningún problema en lo que mi equipo llevó a cabo hoy" afirmó tras la ejecución Terry Collins, Director de Prisiones de Ohio.


"Llevaron a cabo un procedimiento admirable, tal como yo lo esperaba. De manera que, por favor, no sigamos diciendo que hubo problemas para aplicar la ley en este estado y en esta ejecución en particular. Ningún problema en absoluto" expresó el funcionario.


Participe: ¿Pena de muerte "más humana"?


Pero aunque algunos expertos y abogados afirman que la dosis única no causa dolor, otros científicos argumentan que el nuevo método toma más tiempo y puede ser más inhumano que el anterior.


"El proceso requiere colocar un catéter directamente en la vena" explicó a la BBC el doctor Jonathan Groener, cirujano y experto en inyecciones letales basado en Ohio.


"Previamente se administraban tres inyecciones: un anestésico, un agente paralizador muscular y una dosis de cloruro de potasio que supuestamente debe provocar un paro cardíaco".


"En esta ocasión sólo administraron una dosis masiva de pentotal sódico, que es un agente anestésico de acción superrápida. Algo que nunca antes había sido llevado a cabo" afirma el experto.


¿Más humano?


El origen de las inyecciones letales se remonta a 1977 en Oklahoma, Estados Unidos.


El fármaco fue creado por un médico forense cuyo objetivo era encontrar una alternativa más humana a la silla eléctrica.


En ayuda de expertos anestesiólogos , el médico diseñó la combinación triple que creía podría producir una muerte relativamente libre de dolor causada por paro cardíaco y respiratorio.


El actual protocolo de Estados Unidos, que se utiliza en 34 de los 36 estados que cuentan con pena de muerte, todavía utiliza la combinación triple.


Y desde el 1 de enero de 2009, en todo Estados Unidos se ha a ejecutado a 50 personas con inyección letal.


Pero tal como señalan los expertos, aún cuando es suministrada por verdugos experimentados, la experiencia demuestra que ese régimen no siempre funciona de forma tan eficiente como se desea. Y tampoco se cree que el nuevo método sea mejor.


"Se cree que con el antiguo protocolo la muerte se debía al paro cardíaco causado por el cloruro de potasio. Con el nuevo protocolo creemos que ocurre una crisis cardíaca o que el individuo se sofoca debido a un coma profundo que no le permite respirar".


El experto cree que, más que los fármacos, el problema con las inyecciones letales es la forma como se administran.


Investigaciones pasadas que han analizado los datos de ejecuciones y llevado a cabo pruebas de laboratorio afirman que las dosis que suministran podrían ser incorrectas.


Según el doctor Groener, "en tres de las siete ejecuciones llevadas a cabo antes de la ayer hubo problemas terribles con la colocación del catéter intravenoso".


"En un caso, el condenado incluso se paró de la cama diciéndoles a los verdugos: "no funciona, no funciona". Y llevaban tanto tiempo tratando de encontrar la vena que incluso el individuo tuvo permiso de ir al baño y regresar para seguir siendo ejecutado".


Muerte lenta


El doctor Groener no cree que el nuevo protocolo sea una forma más humana de ejecutar a un ser humano.


Aunque la dosis masiva de pentotal sódico puede matar a cualquiera, y quizás es una muerte pacífica, puede tomar mucho tiempo porque no se utilizan agentes que provocan paro cardíaco.


Pero además, dice, están los posibles problemas que se enfrentan para encontrar una vena.


"No es solamente el hecho de no encontrar la vena, también está el problema de agujas rotas dentro de la piel, o picaduras de nervios que son muy dolorosas" afirma el cirujano.


"Si comparamos la inyección letal al pelotón de fusilamiento, los registros históricos nos dirán que éste último nunca falla y que el individuo muere en segundos por varios tiros directamente en el corazón".


"Así que debe haber otro método igualmente efectivo", expresa el médico.


La electrocución en silla eléctrica sigue siendo una forma opcional de ejecución en algunos estados del país, como Florida, Illinois, Oklahoma y Alabama, pero los condenados pueden elegir la inyección letal como método alternativo.


La última persona ejecutada en silla eléctrica fue Larry Bill Elliot, el 17 de noviembre de 2009 en Virginia, quien eligió este método.


Es poco probable que la pena de muerte sea abolida en Estados Unidos, donde hasta enero de 2009 han sido condenados 3.297 individuos que viven en los llamados corredores de la muerte, principalmente en los estados de California, Florida y Texas.