Mostrando las entradas con la etiqueta Opinión. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Opinión. Mostrar todas las entradas

domingo, 20 de abril de 2014

Alberto Binder: “La seguridad no es un problema de justicia social, no alcanza con mandar los pibes a la escuela”

Ideólogo de numerosas reformas penales, critica tanto el “neomanodurismo” de Massa como la visión de Zaffaroni.




Intervino en la reforma de 20 códigos procesales en América Latina, ideó la reforma policial que intentó León Arslanián en la provincia de Buenos Aires y trabajó con los gobernadores de casi todo el país. Sin embargo, Alberto Binder es un experto en Seguridad que, cuando habla, no deja contento a casi nadie. Cuestiona fuertemente a Sergio Massa, Daniel Scioli, Hermes Binner y el gobierno nacional, destroza a la justicia federal y se diferencia también de la prédica de Eugenio Zaffaroni y del “mundo UBA”. “Hay un sector progresista que quiere relatar el partido y lo relata mal”, dice.

Miembro del Consejo asesor del INECIP e impulsor del Acuerdo de Seguridad Democrática, cuestiona la política “ficcional” de mano dura. “El viejo modelo de doble pacto de la dirigencia política con la policía y de la policía con las redes de criminalidad no sólo es indeseable sino que ahora es imposible. La dirigencia ya no puede hacer pactos estables con la policía y la policía no tiene ninguna capacidad de hacer acuerdos con las redes”.

Capitanich dijo que la seguridad reaparece en la agenda porque la crisis económica fue superada.
Sería muy extraño que en toda la región estén saltando los mismos problemas y haya una especie de conspiración regional de toda la prensa para ponerlo en campaña. Es una visión muy reduccionista. Que hoy los medios tienen agendas propias, repotencian los problemas y obligan a generar agendas públicas reactivas e irresponsables, eso sí, y hay que asumirlo como un hecho dado. La inseguridad aparece siempre porque hay una cierta fascinación: es una noticia que vende. Pero el problema es cómo la dirigencia política sigue sin saber construir políticas de seguridad. El plan de Scioli y la respuesta de Capitanich, dentro de un mismo gobierno, los vaivenes de todos estos años, demuestran que hay una dirigencia que no se anima, o no sabe o no quiere entrarle a fondo y en serio al problema.

Capitanich dijo también que Scioli toma sus propias decisiones en función de sus objetivos.
Es que no es cierto tampoco, como dice Capitanich, que los problemas de seguridad son siempre problemas locales. Si no, no se explica que el gobierno federal tenga más de 100 mil agentes de seguridad. Hay fenómenos como el narcotráfico, como el control de la criminalidad financiera y el lavado, como la trata de personas, que son claramente competencia federal.

¿Es útil la declaración de emergencia de Scioli?
Esto que Scioli llama emergencia no es nada más que una emergencia administrativa. Alguien que puso las ideas que tiene siempre, (¡ya no se le ocurre ninguna más!), las pone todas en un paquete y les dice “emergencia”.
Que explique Scioli, si quiere hablar en serio, por qué gasta cinco veces más en publicidad oficial que en el sistema de protección de menores.
Que explique Scioli, si quiere hablar en serio, por qué gasta cinco veces más en publicidad oficial que en el sistema de protección de menores.

¿Qué distingue a la discusión de estos días de la de hace 15 o 20 años, cuando a la reforma que intentó Arslanián le siguió la política de meter bala de Ruckauf?
Poco. Tenemos dos visiones de la seguridad. Lo que vemos hoy es una forma exacerbada del coyunturalismo. Estamos en campaña electoral y el tiempo se va acelerando. Hacen políticas cada vez más cortas. Ni siquiera se pone en conexión el levantamiento policial, los saqueos y los linchamientos, como si fueran fenómenos desligados.

¿Cómo deberían haber sido leídos esos hechos?
Cuando vos analizas los problemas de seguridad, tenés siempre la conjunción de tres dimensiones. Factores sociales –marginalidad, pobreza-, respuesta estatal, y un determinado nivel de confianza de la ciudadanía a partir de eso. Bastante parecido a lo que ocurre con la política económica. Es algo que a veces responde a ciclos largos. Y los factores sociales en Argentina se vienen deteriorando. Tuvimos un tipo de política que avanzó en algunos aspectos en distribución pero trabajó bastante poco en la estructuración de comunidades.



¿A qué se refiere?
Fortalecer lazos comunitarios en los barrios. Es una debilidad de la actual política de inclusión. Formas de inclusión que excedan lo que es el reparto de dinero, aunque se haga de la forma más transparente.

¿Pero volvamos al tema de la seguridad que es lo que falla en la respuesta del Estado?
Los ministerios de seguridad dan un paso y retroceden cinco. Estamos gastando una década y media en dar peleas que se tendrían que haber resuelto hace mucho tiempo. Lo mismo en la Justicia. Es un desgaste excesivo y la sociedad se va desesperando.
No estamos prestando atención a cómo se va instalando la violencia y los mercados delictivos en las comunidades más pauperizadas del país. Hay que sentarse a revisar las políticas de inclusión. Lo que llamamos la fábrica de la violencia aparece en toda nuestra historia. Cada tanto, estallan hechos de violencia que uno no entiende. Y uno dice: ¿de dónde salió toda esta violencia?. Se fue fabricando durante 20 años.

Berni y la experiencia fallida de Garré
¿Qué hizo el kirchnerismo a nivel de la seguridad? Massa, Macri e incluso Scioli lo presentan como un garantismo infructuoso. ¿Es así?
Como siempre con el kirchnerismo, es difícil encasillarlo. El kirchnerismo no sostiene una política de mano dura, pero no hizo las cosas necesarias para construir una eficiencia distinta. ¡Hay que ser eficaz, no hay vuelta!. El único campo donde trabajó es en las técnicas policiales de control de la protesta social en el ámbito metropolitano (en las provincias, es lo de siempre). La política de Aníbal Fernández que después tiene continuidad con la de Berni es la de autonomía policial. Y las policías nuestras están desprofesionalizadas y con liderazgos malísimos que piden invertir en lo que no hay que invertir. No son controlables, tienen planes de formación malísimos. Es una crisis fenomenal. Salvo el interregno de Garré, lo que hubo fue autogobierno policial. Con el agravante de la distorsión de las fuerzas federales, traer la Gendarmería al Conurbano, mandar la PSA a Retiro.

¿Y por qué fracasó el interregno de Garré?
No fracasó. A Garré la intervinieron a los ocho meses.

Un poco más, casi 15 meses…
Nadie puede pretender que en un año…. Cuando entra Berni ya estaba el ministerio intervenido. Ahí, ella perdió el control del 80 por ciento del ministerio. Fue una decisión del Poder Ejecutivo de volver a la política de autonomía policial.

La política de llevar la Gendarmería al Conurbano, que usted crítica, empieza con Garré.
Si, el modelo de Garré -que es el mismo que intentó Arslanián- es un modelo de institucionalización profesional, de toma de control político del sistema de seguridad. Eso en el kirchnerismo duró un año. En ese proceso, tenés que respaldarte en una fuerza para cambiar las reglas de otra. Pero le tenés que dar tres o cuatro años para estabilizarse. En este caso, se convirtió en un uso discrecional de las fuerzas para apagar incendios. Me da pena decirlo porque Cecilia Rodríguez es una persona capacitada, pero que llevemos un mes discutiendo sobre seguridad y linchamientos y que la ministra de Seguridad no hable es uno de los signos peores del autogobierno policial. Por lo menos decir: “Señores, no se lincha en Argentina”.
“Me da pena decirlo porque Cecilia Rodríguez es una persona capacitada, pero que llevemos un mes discutiendo sobre seguridad y linchamientos y que la ministra de Seguridad no hable es uno de los peores signos”.

¿En el conflicto policial de diciembre hubo extorsión o reclamo salarial?
Había un fuerte componente salarial. Ojo porque esto ya pasó con las huelgas de Gendarmería y Prefectura. No podemos estar diciéndole a la policía todos los días: “Señor usted es un profesional, un civil”. Y cuando te pide que le pagues bien, decirle que la otra mitad del sueldo la tiene que ir a buscar a la calle. No va más ese juego.

Ese conflicto policial se resolvió, después de ser catalogado como extorsión, con una especie de salariazo.
Si. Del modo más irresponsable. Si era una extorsión, tendrían que haber metido en cana a todo el mundo. Era un tema salarial. Se resolvió con un salariazo puro sin hablar de la profesionalización, ni de capacitación.



El garantismo
La Presidenta inistió en vincular delito con pobreza en sus últimas declaraciones, lo que resulta paradójico desde un gobierno que se supone puso el foco en los sectores más postergados.
¡Se supone, se supone!. Hablan de un niño maleducado que tendría que haber estado en la escuela mucho tiempo. O del pobre que no cometería el delito si no fuera pobre. Es una visión infantil. El problema de la criminalidad urbana en su núcleo más duro y sus términos generales es plata, son negocios que se expanden y que después reclutan pobres.

¿Qué es lo que no se está mirando?
Hay dos fenómenos de fondo que no estamos resolviendo y se agravan.
Por un lado una dirigencia política para la cuál hacer política es cada día más caro. ¿Cuánto sale hacer una elección cada dos años en una ciudad mediana? Millones de pesos. Y por otro lado, un sistema financiero que se presta a todo. Mercados delictivos, dirigencia que necesita plata y un sistema financiero donde se mezcla la plata gris con la negra y la blanca. ¿Qué tiene que ver esto con la pobreza?.

Por dónde se empieza…
Lo que hace falta es un Estado con capacidad de absorber violencia social y que, cuando la usa, lo relegitima. Pero ojo, la solución no está tampoco en la justicia social. La seguridad no es un problema de justicia, no alcanza con mandar a los pibes a la escuela e insertarlos en el mercado de trabajo y listo. Entre el neomanodurismo y la idea de justicia social está lo que llamamos el paradigma de gestión de la conflictividad: asumir innumerables mecanismos de gestión de esa conflictividad y asumir que democracia y conflictividad son dos caras de la misma moneda.

Sin embargo, lo que más se escucha es la crítica al garantismo…
Es lógico. Lo que discutía Gerardo Romano con la periodista de 678 es sentido común. Eso no tiene nada que ver con el garantismo. Obviamente hay provincias donde nosotros impulsamos los sistemas de flagrancia y las respuestas son inmediatas. ¡Pero a la justicia federal no hay forma de hacerle entender nada!. En Santa Fe, en Chubut, en Neuquén, en Mar del Plata ya tienen estos sistemas. En cualquier lugar a las 24 horas, lo tenés a ese muchachito delante del juez con su fiscal y su defensor. Y a los tres días al tipo le ponés (poca) pena o una probation. No es cierto que no podés hacer nada, como dicen los zaffaronianos. Eso le hace mucho daño a la sociedad y beneficia al coyunturalismo berreta que atrae el sentido común.

“La Justicia federal no tiene remedio: es un sistema corrupto, cooptado por la SIDE, que juega su propio juego lleno de vagos e inútiles.”

¿El problema es la Justicia federal entonces?
La Justicia federal no tiene remedio: es un sistema corrupto, cooptado por la SIDE, que juega su propio juego lleno de vagos e inútiles. ¿Está claro? Hace 25 años que estamos tratando de reformarla porque tiene los casos más graves y le hace un daño terrible al país. Y no se puede porque la dirigencia política o le tiene miedo o la manipula y además en estos 10 años ha sido cooptada y manipulada por los servicios de Inteligencia como nunca. La reorganización de la Justicia federal penal es imprescindible y tiene una influencia enorme. En los últimos 30 años, lo hicieron todos los países de América Latina y el 70 por ciento de nuestras provincias. Nadie tiene estos jueces de instrucción que tenemos en federal.



De Ruckauf a Massa
¿Qué representa la irrupción de Massa en el tema seguridad?
Massa está haciendo pura campaña electoral. En algún momento dado, pareció que se iba a inclinar por esto que nosotros llamamos neomanodurismo. Es un poco el modelo colombiano, de policías más profesionales, un discurso de derechos humanos claro alejado de los métodos de la maldita, un neomanodurismo de más calidad. Eso no deja de ser un avance por más que se siga concentrando en la persecución de ciertas poblaciones y no se meta con estos mercados delictivos. Pero ahora arrancó para cualquier lado, para el coyunturalismo más enloquecido. Salió con una demagogia de la peor. Acaba de demostrar que, en este campo al menos, es un irresponsable. El Código Penal es un anteproyecto bastante conservador además. Podés salir a discutir muy bien la reincidencia. No hay problema y lo hubiera ganado…
"Massa arrancó para cualquier lado, para el coyunturalismo más enloquecido, salió con una demagogia de lo peor, acaba de demostrar que al menos en este campo es un irresponsable"

El diría que sí salió a discutir.
Salió a reclamar que no se mande el proyecto al Congreso. Pero además es un error del gobierno arrancar por la legislación penal porque la influencia que tiene el Código Penal sobre los fenómenos de criminalidad es mínima. Hay una seria de medidas previas mucho más importantes, entre ellas la reforma del Código Procesal Penal, que deberían ser prioritarias y el mismo gobierno las frenó desde el 2007.

¿En los últimos 15 años, se arma una saga entre las políticas y propuestas de Ruckauf, Blumberg, De Narváez y ahora Massa?
Si, se arma. Pero yo no metería a Blumberg ahí, aunque nosotros salimos a criticarlo en muchas cosas. Si metería la respuesta de la clase política ante Blumberg. El plan Blumberg era cambiar leyes penales, crear la oficina federal de investigaciones, poner juicio por jurados, reformar la Justicia. Eran como veinte puntos y tomaron uno solo. Pero claro que hay una línea. Esa es la línea que viene gobernando la seguridad en la práctica. Porque nosotros entramos y al año nos sacan a patadas en todos lados. Es una línea de política ficcional y demagógica tratando de reconstruir el pacto policial. Acá se diseñó el plan de intervención de La Bonaerense. La suerte que tuvimos entre comillas es que nuestras dirigencias policiales no lograron reconvertirse a sí mismas. Otras policías se profesionalizaron y le ofrecieron a la clase política este neomanodurismo de la eficacia. Acá son tan truchas que el sistema no se arregla.

El problema Zaffaroni
Frente a esta línea, Marcelo Saín dijo hace poco: “los progresistas somos una genios para criticar el paradigma punitivo pero unos torpes para decir qué hay que hacer frente al delito”.
Claro. Coincido. Saín no habla de nosotros. Los que estamos trabajando para tratar de reordenar el sistema tenemos que dar la pelea con la mano dura y con la izquierda foucaultiana que te pega porque dice que estás relegitimando el Estado. El progresismo debe tener capacidad de construir política de Seguridad en serio, meterse en las reformas policiales en serio y jugar en el barro de la realidad.

¿Cómo ve la discusión entre Massa y Zaffaroni?
A nosotros nos pone muy incómodos porque uno naturalmente está del lado de Zaffaroni pero uno no está de acuerdo. Le tenemos aprecio a Zaffaroni y los zaffaronianos pero tenemos una visión totalmente distinta de cómo encarar el tema. Nosotros trabajamos y creemos que hay que buscar el control del delito con herramientas democráticas. Es una pelea que hemos dado en América Latina y en la mayoría de los países la hemos ganado. La legislación penal está muy bien pero no es el problema central. Ese es el mundo UBA. Zaffaroni corre el eje permanentemente. De que hay un genocidio en marcha, de que solo se puede hacer política criminal de un modo clasista. Pero nos pone incómodos porque pegarle a Zaffaroni es muy fácil y hace retroceder el debate.
La legislación penal está muy bien pero no es el problema central. Ese es el mundo UBA. Zaffaroni corre el eje permanentemente. De que hay un genocidio en marcha, de que solo se puede hacer política criminal de un modo clasista. Pero nos pone incómodos porque pegarle a Zaffaroni es muy fácil y hace retroceder el debate.

Tanto Massa como Berni, más allá de que estén enfrentados políticamente, buscan hablar desde la calle.
Nosotros estamos en la calle también. Trabajo con fiscales, trabajo con policías y donde quieras, en cualquier país, formando a los tipos que detienen en la calle, diciéndoles qué tienen que hacer cuando detienen a alguien, trabajando los protocolos policiales. Si estar en la calle significa coyunturalismo berreta, no. Si estar en la calle significa construyamos las herramientas para controlar el delito, si.
Los sectores manoduristas no vienen a discutir con nosotros. Lo agarran a Zaffaroni porque le llenan la cara de dedos ante la sociedad. Discutamos las cámaras con Massa. Yo conozco muchos de esos centros y adentro hay cuatro tipos durmiéndose. Primero que hay todo un negocio montado y segundo las tasas de eficacia son mínimas. Pongamos cámaras pero vamos a tomar en serio la discusión que hay atrás.

¿Cómo ubica a la Iglesia en esta discusión, cuando sale a alertar sobre el crecimiento del narcotráfico?
La Iglesia ha jugado papeles sensatos porque tiene mucha experiencia de barrio. Está empujando a discusiones más serias. Para que se trate el tema de las redes de narcotráfico instaladas en los barrios. Yo viajo mucho por el interior del país y a mí me asombra. Estamos subestimando el problema de esas redes. Es cierto que esto no es Colombia y no es México pero estos mercados y negocios están instalados en todo el país, en cualquier pueblo, por más chico que sea.
En el interior, el narcotráfico lo enfrentan las policías provinciales, aunque sea competencia federal. Esas divisiones de drogas de las policías se autonomizaron de la policía misma y los gobiernos no las controlan. No hay policías federales en las provincias. La Agencia Federal de Investigaciones le costó el cargo a Beliz en 2004 porque tenemos a la SIDE desbocada. No se puede creer que aún hoy las fiscalías no tengan capacidad de escuchas telefónicas. Un fiscal tiene que mandar una orden para que esto que centralizó la SIDE ilegalmente, si tiene ganas, le de información de una escucha cada 20 días. No hay forma de encarar investigaciones en serio así.

¿Cuál fue el error del gobierno santafesino?
Se durmió claramente. Binner no le prestó importancia hasta que estalló.
Yo trabajo mucho con Guatemala y cuando ellos quieren desarticular una clica, una pandilla, un sector de 50 o 100 jóvenes que tiene un área territorial determinada, tienen mucho cuidado. Porque vos desarticulas una clica y generas una guerra en el barrio donde circula mucha plata. Tenés que entrar con un plan preventivo, con un plan disuasivo, hacer cosas complejas para lo cuál hay que tener un ministerio con gente profesional, con información, que esté pensando, mirando y articulando. Eso es lo que no podemos construir acá. Vos no podés agarrar 15 pibitos que hasta ayer estaban vendiendo droga y meterlos en quinto grado de un día para el otro. No existe. Estamos en pañales acá. Hay que ponerse a estudiar.

Por Diego Genoud.
Fuente: www.lapoliticaonline.com


domingo, 13 de mayo de 2012

El fuero penal y el contencioso administrativo de Morón o el paro de los dirigentes sindicales de clase media‏

Noticias - Actualidad - Funcionamiento de los Tribunales del Departamento Judicial de Morón.-
.
Debo reconocer que esta frase no me pertenece pero es muy cierta para mí y demostrativa de aquellos sectores, más acomodados, que no dimensionan el daño social que generan cuando en ejercicio del derecho de huelga abandonan el cumplimiento de una función primordial que en el marco del Estado Republicano les fue asignada.
No se trata de desocupados que buscan trabajo ni de indigentes que pretenden una asignación, cuanto menos para tener un plato de comida en la mesa. Mucho menos de revolucionarios que aspiran a un Estado mejor para todos. 
No, sólo una "mejora" que "mejore" lo "mejor" que ellos están, comparativamente con otros sectores. ¿Se creerán "mejores"?
Deben saber, que detrás de todo expediente judicial hay gente esperando y normalmente lo que aguardan es un Derecho. 
Creo que sin generalizar algunos lo entienden y de ahí que varios Juzgados atienden normalmente las pretensiones de los justiciables y sus abogados. 
El Fuero Penal trabaja normalmente, como lo hace también el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Morón. Empleados y funcionarios prestan su servicio. 
No sé si decirles gracias en nombre de todos los matriculados, o como quien da vuelta una carta, ver la contracara y simplemente repudiar a esos otros que no muestran interés por mejorar el tránsito de la Justicia.
Recuerden, detrás de cada expediente que no despachan, hay una persona esperando por un Derecho. 
Dr. Fabián Ramón González
Secretario CAM

viernes, 11 de mayo de 2012

Para seguir debatiendo el alcance de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre "Aborto no punible"


Entrevistas - Aborto - Videos.

La Revista El Derecho Semanal realizó, mediante la conducción del prestigioso Periodista- Conductor- Abogado Dr. Luis Otero, una entrevista al Dr. Carlos A. Mahiques (Juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires), en torno al fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina sobre "ABORTO NO PUNIBLE".




viernes, 16 de octubre de 2009

LAS DIEZ LACRAS DE LA DECADENCIA por el Dr. Ricardo Fraga

.
Opinión - Actualidad
.
La crisis del Estado es también la crisis de la Nación. En rigor (y como se suele decir) “tenemos los gobernantes que nos merecemos”. ¿Fue siempre así?

Los argentinos gozamos en el exterior fama de indisciplinados, indolentes y fanfarrones ¿Es esto verdad? ¿Se aplica, sin distinción, a todos los habitantes de nuestra extensa geografía?

Para graficarlo podríamos observar que, en la actual selección de fútbol conviven, cuanto menos, tres clases o tipos muy bien diferenciados de argentinos: a) los humildes, perseverantes y laboriosos (Verón), b) los indiferentes o que parecen serlo (Messi) y c) los groseros, guarangos e insolentes que, en definitiva, marcan el tono (Maradona) y que representan el modelo emblemático que se termina aplaudiendo como una “picardía” (“la mano de Dios”).

También lo podríamos apreciar en las actitudes de ciertos sectores “progresistas” (encaramados ahora en los niveles más sensibles de las instituciones públicas) que, a caballo de un presunto pensamiento renovador y revolucionario, representan en lo más íntimo los criterios más vergonzosamente “retrógrados” (en su propio lenguaje) que fuera dable imaginar.

Para prueba basta un reciente botón: la señora jueza contravencional de la ciudad “autónoma” de Buenos Aires, Dra. Rosa Elsa Parrilli (¿será pariente del Parrilli de la Secretaría General de Gobierno?), “progresista de izquierda”, discípula del abolicionista penal holandés Luck Hulsman y estrecha colaboradora del ministro de la Corte Suprema Dr. Eugenio Zaffaroni (fuente: “La Nación” del 3/10/09) quien, a la hora de reaccionar contra dos indefensas empleadas municipales, no se anda con chiquitaje: desde las amenazas y el abuso de autoridad hasta la discriminación por xenofobia.

Tendemos a pensar que en los tiempos pasados la cosa fue mejor. Pero no estoy tan seguro. Volvamos si no a la desopilante “Historia funambulesca del profesor Landormy” de Arturo Cancela y veremos que, en realidad de verdad, el germen es de antigua data (hay quien dice que comenzó con las zafiedades anticlericales de Juan José Castelli en el Alto Perú) y que, en nuestros días, simplemente la cuestión ha terminado por no reconocer más límites, al conjuro, precisamente, de las diez (por lo menos) lacras de la decadencia final que han convertido a la república en un exótico sultanato gobernado por jeques patagónicos.

He aquí dichas sucintas lacras:

1°) La mala calidad institucional: que torna abstractas las mejores intenciones de los textos constitucionales, particularmente el equilibrio de poderes, la idoneidad para el desempeño de las funciones públicas y la rotación real de los mandatos que impida caer (como lo vemos hoy en el nivel más encumbrado) en el nepotismo.

2°) La corrupción de la clase política: o dirigente, en general (también en la esfera privada) que entorpece toda acción eficaz, impide la implementación de políticas permanentes (“políticas de estado”) y genera paradigmas de sobornabilidad que flaco favor le hace a la pedagogía de las nuevas generaciones.

3°) La abundancia legislativa: este es un país plagado de leyes, normas y reglamentos que jamás se cumplen, que traban la dinámica de las clases auténticamente constructoras (por exceso imbancable de burocracia) y que, paradójicamente, generan una situación de anomia, tornándose una vez más, cierta la sentencia de Tácito: “corruptissima republica plurimae leges” (“los estados más corrompidos son los que más leyes tienen”).

4°) Deficiencia de caminos: la Argentina carece de integración nacional, regional y comarcal, en parte por la destrucción de su (alguna vez) floreciente sistema ferroviario, en parte, por el déficit de caminos, carreteras y autopistas (el plan original proviene de los denostados conservadores y su última importante actualización del primer justicialismo de 1950) y, en parte final, porque la obra pública detenida carece de un plan global de ejecución. Ni hablar de la precariedad de la vinculación aérea (accesible con asiático lujo especial para unos pocos privilegiados con flota propia).

Si los romanos sostenían que gobernar es: “tener política exterior propia, administrar justicia y construir caminos”, verían que en nuestra patria tales extremos brillan por su ausencia. Ciertamente que no menos brilla la carencia absoluta de una política exterior de defensa e integración regional, en un marco donde primen los intereses nacionales y no un enrarecido clima ideológico que, a la postre, esconde los negociados más suculentos.

5°) Pésima organización del transporte público: quienquiera conozca las grandes ciudades del “ensoñado” primer mundo sabrá que es posible recorrerlas en su totalidad sin salir ni un momento de debajo del suelo, esto es, en subterráneo (como decimos acá) o en metropolitano como se le llama en Madrid, París, Londres, Moscú o Roma, por poner unos ejemplos.

Con todo, Buenos Aires tuvo la primera red de América Latina en 1913 y la misma creció a ritmo relativamente sostenido hasta la década de 1960, tiempo desde el cual apenas avanzó por metros.

Ni hablar de los ferrocarriles suburbanos, verdadera imagen de un ya vetusto e histórico Lejano Oriente que mi generación veía en las películas, sin imaginar que alguna vez padeceríamos de idénticos (o peores) males.

Sabemos muy bien que la República Argentina está a la cabeza de los accidentes automovilísticos cuya causa principal es la ausencia de autopistas troncales y, por ello, el saturamiento del malísimo transporte automotor en las escasas rutas de mano única, agravado todo por vías aéreas que no agotan el espacio territorial y la ya señalada y olímpica aniquilación de los ferrocarriles.

Y ni decir, en punto a accidentología, del pésimo modo de manejar, importante expresión de nuestra prepotente manera de vivir.

6°) La pobreza estructural: que llega en el sexto lugar no porque sea menos importante. Antes al contrario, es la peor de todas las lacras que aquí describo o, en palabras inobjetables de Benedicto XVI, “la más escandalosa”, en un país que en 1934 (Congreso eucarístico) cantaba en sus ofertorios: “esta es tierra de las hostias y del pan y de la paz”, o bien “Tú nos diste tierra inmensa, cielo azul, suelo fecundo...”

La marginalidad y la pobreza (rápidamente criminalizadas en la provincia de Buenos Aires por los “progresistas” autores de la ley 13.811) que son ya de suyo catastróficos males (sólo la evangélica pobreza es un bien) se convierten en el despropósito del horror cuando se las ve instrumentadas en el clientelismo electoral y municipal más descarado ya que esto es, a mí me lo parece, el nuevo pecado bíblico “que clama al Cielo”.

7°) La ineficacia de la justicia: que alienta a los malos y retrae a los buenos. Que mediatiza las más honradas vocaciones. Que coloca los cargos judiciales a disposición de los mediocres, los trepadores y los engreídos, cuando no en manos de megalómanos, incapaces de compadecer toda miseria, dolor y angustia del prójimo. Dejo a salvo, por supuesto, los valiosísimos ejemplos, de fatiga y entrega que a diario ofrecen también los tribunales.

Este es, justamente, el meollo del problema judicial: su ineficacia. La gente común, ante el desborde de la inseguridad, clama por más leyes o más represión. El código penal (última ratio de acción gubernativa) no es malo (en su texto original de Rodolfo Moreno de 1922 es de franco corte humanitario), pero su aplicación es ineficiente.

Fallan el poder judicial y sus órganos auxiliares. Fallan la policía y las fuerzas de seguridad sometidas a vaivenes inexplicables y tan pasibles de falencias como las ya indicadas para la clase gobernante.

8°) La decadencia educativa: ¿qué ha sucedido para que una nación que supo dar maestros, médicos, arquitectos y abogados modelos (entre otros) se convirtiera ahora en un páramo de desolación donde, en general, ya nadie enseña, ya nadie aprende, ya nadie estudia?
Por cierto que hay excepciones gloriosísimas (que me constan por la experiencia) pero el tono común es la degradación escolar y universitaria más increíble que en cuatro décadas haya podido sobrevenir.

Todos sabemos de qué se trata y los parámetros de medición (si esto es meramente cuantificable), tanto internos como exteriores, nos sitúan en escalas que hubieran resultado inauditas para el mismo P. Leonardo Castellani cuando en su célebre “La reforma de la enseñanza” señalaba por 1940 que “la enseñanza argentina no se puede reformar porque no tiene forma”.

9°) El lenguaje degradado: fruto quizás de la crisis doméstica y escolar, y potenciado hasta lo insoportable por los medios masivos de comunicación. Esta lacra desgarradora ha hecho su irrupción en los últimos años y ventila la orfandad de toda nuestra vida pública y privada, donde ya no existen los límites imprescindibles (destacados por todos los humanistas) entre lo común y lo clandestino, lo honesto y lo escatológico, lo profano y lo sagrado (si hasta tenemos ahora un misal “argentino” para uso de mentes atornilladas).

La degradación del lenguaje es, quizás, el signo más manifiesto de nuestro declive como nación civilizada que alguna vez quiso estar a la cabeza de Iberoamérica y que es sobrepujada en calidad, dirigencia y demografía por el Brasil vecino, beneficiado históricamente por una sucesión autonómica dinástica y, por lo tanto, no traumática.

10°) La anarquía social: “last but not least”, que se erige con sus ya exportados “piquetes” en el símbolo final de un estado sedicente republicano que renuncia en la práctica cotidiana a la más elemental de sus competencias: el orden público y que, por consiguiente, reniega de la fuerza indicativa de la democracia indirecta que pretende practicar. Ya que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes” (Art. 22 Constitución Nacional).

RICARDO FRAGA

martes, 21 de abril de 2009

Agresión y debate por la edad de imputabilidad y la justicia por mano propia

.
Noticias – Actualidad – Opinión.-

Fuente: www.diariojudicial.com

La Procuración General y el Colegio de Magistrados de la provincia recordaron que las tareas de seguridad y prevención no corresponden al Poder Judicial. Lo hicieron tras el crimen del camionero en Valentín Alsina y la agresión a un fiscal. La Procuración repudió la justicia por mano propia y los jueces sostuvieron que los actores de este hecho “forman parte de una cadena que no empieza” con el crimen de Daniel Capristo.

Tras el crimen del camionero Daniel Capristo en Valentín Alsina asesinado por un menor de 14 años y las agresiones que sufrió el fiscal Enrique Lázzari por parte de los vecinos, la Procuración General de la provincia de Buenos Aires y el Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerense recordaron que la seguridad no es una función del Poder Judicial.

“La difícil tarea de administrar la conflictividad penal en territorios plagados de marginación y desigualdad como el conurbano bonaerense, exige un gran esfuerzo que es el que efectivamente hacen la mayoría de jueces y fiscales, no siendo los responsables principales de la inseguridad reinante”, opinó la Procuración.

Por su parte, el Colegio sostuvo que “está claro -para todos, menos para los ciudadanos asustados- que los jueces no hacemos las leyes, no fijamos la edad de imputabilidad, no administramos los institutos de menores ni la policía y no podemos prevenir el delito ni la marginación”.

Ambas instituciones repudiaron las agresiones sufridas por el fiscal Lázzari y se solidarizaron con la familia Capistro por la perdida de su familiar. La Procuración entendió las agresiones como “una afrenta totalmente injustificada a la persona de este funcionario y en definitiva, se exhibe como un agravio inédito y preocupante al Ministerio Público y a la justicia en general, que es una de las instituciones esenciales de toda república democrática”.

El Colegio de Magistrados introdujo un debate más profundo que al de la mera política criminal: “esos vecinos, ese fiscal y ese chico -que debería estar en la escuela y con la contención una familia- forman parte de una cadena que no empieza ni termina Valentín Alsina, ni la noche de ayer”.

Los jueces también pidieron la modificación de leyes y estructuras ya que sin eso “el Estado no puede dar respuesta satisfactoria a esta cantidad de delitos”. El Colegio fustigó a algunos medios que buscan “agregar confusión al miedo para evitar que se identifiquen con claridad las causas reales de la violencia y el delito”.

La Procuración también apuntó con el ojo por ojo: “El Estado de Derecho no admite el linchamiento ni la justicia por mano propia, ni puede tampoco tolerar pasivamente que los reclamos justos de los ciudadanos se canalicen por vías violentas, pues ellas no solo no aportan soluciones, sino que además participan de la misma lógica que se pretende repudiar”.

jueves, 5 de marzo de 2009

Argibay: "Ningún ministro de la Corte puede apoyar la pena de muerte"

.
Actualidad - Pena de Muerte - Opinión

Fuente: www.lanacion.com

La jueza del máximo tribunal dijo que aplicar esa sanción sería violatorio de la Constitución Nacional; Zaffaroni aseguró que, por las sucesivas modificaciones, el Código Penal "está en escombros"; también criticó a la prensa

Al rechazo de casi todo el arco político al reclamo de instaurar la pena de muerte para quienes cometen asesinatos se sumaron hoy los jueces de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni.

Argibay dijo hoy en Mendoza que "la Constitución Argentina no permite la pena de muerte" y subrayó que "cuando se empieza a pedir la pena de muerte lo que se está pidiendo es que se viole la Constitución Nacional".

"Ninguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia en este momento puede apoyar de ninguna manera la pena de muerte, porque nosotros somos respetuosos de las leyes, hemos jurado respetar la Constitución", afirmó la magistrada.

El debate se reabrió la semana pasada luego del reclamo efectuado por la conductora Susana Giménez, poco después de enterarse la violenta muerte de uno de sus colaboradores.

Por ese trágico episodio, Giménez había asegurado que "el que mata debe morir". Luego, aclaró que tal afirmación la hizo en un momento "caliente" y que no estaba en favor de la pena de muerte.

Argibay participó en Mendoza de la inauguración del año judicial en la provincia y en conferencia de prensa recordó que en la Carta Magna está "incorporado el Pacto de San José de Costa Rica que impide que se ponga la pena de muerte en un país donde no existe la pena de muerte".

"Nosotros no vamos a ir nunca en contra de nuestra Constitución" la cual "no permite la pena de muerte, no es una pena previsible y posible en la República Argentina" y que cuando alguien empieza a pedir la pena de muerte "lo que está pidiendo es que se viole la Constitución Nacional", sostuvo.

Catastrófico. En tanto, el juez Eugenio Zaffaroni aseguró que por efecto de las sucesivas modificaciones el Código Penal "vive un momento catastrófico". Y explicó "si preguntaran cuál es la pena máxima en el país se podría contestar que es la prisión perpetua, o 50 años de prisión, o 37 y medio o 25, ya que para cualquier respuesta habría una parte del Código que la respalde".

La descarnada exposición de Zaffaroni clausuró el seminario "Derechos Humanos y justicia penal en América Latina" organizado por la Corte Suprema de Justicia.

En su intervención, el juez también realizó un amplio diagnóstico del sistema penal en el país como consecuencia de los modelos globales de "exclusión social que han creado un nuevo sujeto, el excluido, que no es un explotado sino uno que nació mal".

También fustigó a los medios de prensa que "nos bombardean con noticias rojas y crean una realidad en la que el enemigo principal es la inseguridad urbana".

"Los políticos le temen a esos medios y como consecuencia de ello hacen modificaciones al Código Penal, que está en escombros, porque cada cambio es en realidad un mensaje motivado en una coyuntura que ya olvidamos".

Finalmente, Zaffaroni se manifestó por "evitar todo fraccionamiento de la sociedad, que es lo que buscan estos discursos partidarios de la pena de muerte".

domingo, 22 de febrero de 2009

Dr. Ricardo Fraga - CRITICA AL ENCUADRE ANTROPOLÓGICO* DE LA LEY 25.087

.
Doctrina - Ley 25.087.-
.
Autor: Dr. Ricardo Fraga (***)
.
La ley 25.087 ha sido objeto de severas críticas por la deficiente técnica legislativa con que ha sido elaborada. En efecto, fruto como fue de una contemporización de encontrados anteproyectos, a la hora de su sanción la síntesis, que debe gobernar todo trabajo intelectual coherente de carácter normativo, ha estado ausente en la composición de sus contenidos y, en su defecto, ha emergido un gigantesco “Frankenstein” de difícil, si no imposible, sistematización preceptiva.

Empero, no es esta casi total ausencia de buena sintaxis la nota más significativa y problemática de la nueva legislación, cuanto su categorización antropológica de fuerte contenido filosófico que me propongo brevemente abordar.

Si en toda la dinámica de la tipicidad penal hállase el hombre completo totalmente involucrado esto se advierte todavía más intensamente en el capítulo de los delitos de naturaleza sexual por ser éstos canalización irregular de los más íntimos e imperativos impulsos humanos.

En la gráfica definición de San Agustín el hombre todo es “espíritu y carne”: TOTUS HOMO HOC EST: SPIRITUS ET CARO. Esta unión vital, sustancial e indisoluble que hace de cada hombre concreto, viviente y singular una imagen de una idea también concreta, viviente y singular en Dios, razón funcional de toda su existencia y que determina, por consiguiente, su carácter histórico y lo constituye en todas sus vertientes en una existencia específicamente humana.

Si vale la paradoja podríamos decir que todo el hombre y todo en el hombre es manifestación humana, también aquellas conductas suyas, libremente ejecutadas que, o le dañan, o dañan al prójimo.

La “malhechura” actual del hombre es un dato experimental que coexiste con la conciencia de libre albedrío y engendra, por ende, una filosofía de la responsabilidad, proyectándose en ella su doble dimensión, ya que –una vez más al decir de Agustín- “el hombre es efectivamente lo que es en su corazón”. O como dice sugerentemente el texto evangélico “del corazón proceden las malas acciones” (Mt. 15, 19).

El reconocimiento de este “desorden” nos coloca en el dominio espiritual de la libertad y, por ello mismo, esa “desviada inclinación” no aparece simplemente como un “suceso” (o como un “factum” fatídico al estilo pagano) sino como una verdadera decisión personal.

Este “desorden”, vale decir, esta perturbación personal de un orden destruye las categorías ónticas y predicamentales de “relación” y “ordenación”, sacude y altera el “ordo” en tanto que trascendental expresado y contenido en una conducta históricamente verificable. En este sentido histórico la naturaleza en parte se puede “corromper” sin dejar de ser naturaleza humana (cosa que no ocurriría si mirásemos a la naturaleza sólo como una esencia inmutable).

Así, pues, el hombre interiormente “desordenado” está instalado en una nueva condición, diríamos que en una condición negativa (no por ello menos real) con límites propios de manifestación que no pueden ser antojadizamente modificados. Pascal ve, incluso, en este hombre “desordenado” (o caído) vestigios de su antigua grandeza. “Son miserias de un rey destronado”.

El desconocimiento de esta dimensión (o más bien su inconfesado agnosticismo) lleva a la ley 25.087 a incurrir en dos falsos extremos igualmente peligrosos:
a) un maniqueísmo que mira al hombre sólo como una masa de tinieblas
o bien
b) un pelagianismo que lo encumbra en la más artificial de las soberbias.
O perversamente malo, o ingenuamente bueno.

Pero jamás tal como nuestra propia humana experiencia lo presenta.

En las “Confesiones” Agustín atesta que “vine a conocer (al hombre) por mi propia experiencia...”. El legislador de la 25.087 ha desoído, envanecido por su infatuada endeblez normativista, la voz de la experiencia.

Henri Rondet señalaba que “la experiencia de un solo hombre (en san Agustín) ha llegado a convertirse en la experiencia de tipo universal, un universal concreto que trasciende el tiempo y el espacio sin dejar de ser una realidad individual”.

Y san Agustín acota: “e indagué qué cosa fuera la iniquidad y no hallé que fuera sustancia sino la perversidad de una voluntad”. La iniquidad es perversión, esto es, desviación de una cosa en sí misma buena ya que, como dicen los escolásticos, esta voluntad desviada de su fin no tiene causa eficiente sino causa deficiente toda vez que lo que llamamos “mal” se presenta siempre como un desorden en el ser (u orden) del hombre.

El “mal” significa un no-ser y en el plano de la acción moral no es un “facere” sino un “deficere”, es decir, un desfallecimiento o defección de la voluntad. El mal se expresa mejor con la idea de privación que con la mera “negación” del ser ya que, como lo destaca Antonio Rosmini privación “expresa el fallo de algunas partes y no de todo el ser e incluye la idea de un ser que permanece, privado de algo, pero que, sin embargo, no es absolutamente aniquilado”.

El “mal” engendra en la más profunda subjetividad de cada individuo una ambivalencia de la libertad y la decisión que genera esa dimensión dual que Agustín formulaba en el “yo era él quería, yo él que no quería: yo en ambos casos”. “Esta contienda se trababa en la plaza de mi corazón y era lucha de mí mismo contra mí mismo” (agonía vital) y que conlleva, no obstante, al “homo totus implevit”: el hombre ha caído con todas sus potencias, ya que éste según sus apetencias es a la vez corazón sublimado e instintos desencadenados.

Los legisladores de la ley 25.087 debieron haber conocido este sabio consejo del agustino Ramiro Florez: “para conocer al hombre no queda más camino que el conocerse cada hombre a sí mismo, conocerse como mismidad y conocerse como humanidad, para poder ser después medida para el conocimiento de los otros” (cf. “Las dos dimensiones del hombre agustiniano”, R. Florez).

Por exceso de voluntarismo dichos legisladores han disociado la ética de la metafísica (con los errores incluso metodológicos que esto acarrea), para luego sumergir a la ética en el (proceloso) mar de los más disolventes e irreales de los sociologicismos.

Han desconocido la grave advertencia de un prestigioso filósofo argentino, el P. Sepich: “el pensamiento moral necesita nutrirse de la realidad viva, sin olvidar que ésta no solamente se halla al alcance de la mano sino también de la inteligencia...” (cf. “Introducción a la ética”, P. Sepich).

En la ley 25.087 más que el método o la técnica legislativa ha faltado la inteligencia y, se ha desvanecido la sensatez. En el equilibrio imposible entre el racionalismo y el positivismo que la sustenta se ha introducido el desatino de transgredir el mismo principio de restricción no sólo propio del moderno estado de derecho, sino de toda coherente filosofía jurídica, como que Tomás de Aquino lo aborda y trata en la I-II q. 91 a. 4 de la Suma, interrelacionando el mundo privativo de la intimidad de las personas con aquel de la manifiesta prevalencia del bien común.

En el racionalismo se da la pretensión kantiana de que todo lo moral es racional aun cuando no todo lo racional sea moral, esto es, establecer la independencia de la razón frente a la experiencia y a cualquier otra fuente de conocimiento y por la cual la razón podría a priori determinar todo lo agible humano que desemboca así en el agnosticismo ético-jurídico.

Es agnosticismo porque solamente nos quedamos en lo fenoménico sin alcanzar el ser moral de las cosas.

Se ve de inmediato la desmembración efectuada y la disociación de la norma con la realidad humana.

“El ideal racionalista es una concepción racional, imperativa y normativa a cuyas exigencias se adapta lo real” (Sepich).

En el positivismo nos hallamos en el otro extremo: identificación de lo moral con lo vital, vale decir, exclusividad de la experiencia y desvinculación del orden racional, que conduce por otro camino a un agnosticismo análogo al anterior.

Ambas posiciones son monistas dado su carácter inmanentista, esto es, negación de una realidad que se pueda trascender.

Al concebir todo lo agible humano como “bueno” ambas concepciones son básicamente “optimistoides” desligándose nada menos que del evidente problema del mal, “inexplicable e inexplicado” (Sepich).

La licitud e ilicitud de los contenidos preceptivos es antes que nada un hecho moral, estimable por la recta razón y conocido principalmente por la experiencia, tal como el mismo Aristóteles lo apunta en la Ética nicomaquea (I, cap. III, 105).

En la determinación de una sólida antropología realista es menester incorporar la noción de búsqueda e invención (esto es, hallazgo) emocional del bien que, al fijar el “esprit de finesse” (según Pascal), constituye (al decir de Sepich) la superación cognitivo-práctica del falso esquema dialéctico a que la natura humana y el hombre histórico concreto quedan reducidos en las corrientes antes reseñadas.

La intuición o visión inmediata del objeto, tal como la describe Bergson, guarda alguna correspondencia, siquiera de naturaleza, con la intuición tomista del ser, recuperada en el s.XIX por Rosmini e incorporada (bien que dentro de otro sistema) a la axiología de Max Scheler con el nombre de intuición emocional de los valores, vinculados a la primacía del amor.

Ahora bien, la disfunción psicobiológica en que se mueve la deficiente estructura de la ley 25.087 impide en su radical y apriorística ignorancia del orden real toda captación existencial de las conductas humanas específicamente relacionadas con lo sexual, reducido a su expresión más primitivamente genital.

La caracterización misma de “lo sexual” queda, o bien hipertrofiada, o bien mutilado de toda su proyección generadora de valor. Es, en exacta expresión de Víctor Frankl, una “tesis reduccionista” que intenta convertir todo fenómeno en epifenómeno, sin partir de verdaderos datos empíricos sino apriorísticamente de una cierta “visión del hombre” que no formula de modo explícito sino que presupone sin más, como si fuese una verdad científica. (cf. “El hombre doliente”, p.58).

Inscrita en las corrientes agnósticas antes descritas no puede ni rozar la idea de “invención del bien” y se ve constreñida a ponderar las conductas sólo por el deber, de modo que éstas no son prohibidas por su carácter intrínseco de desviación del fin sino típicas por el arbitrario imperio del legislador.

En síntesis: que lo que se niega es la existencia misma de todo orden inteligentemente conocido.

El mismísimo Hans Welzel ha podido aseverar en su “Introducción a la filosofía del derecho” que “un orden social es sólo derecho, si es más que la manifestación de una determinada relación de poder; es decir, si en él se contiene el intento de hacer realidad lo justo y adecuado bajo las condiciones y supuestos de un momento histórico. Sólo desde este punto de vista puede un orden social enfrentarse con el individuo, no sólo con la coacción, sino con la pretensión de obligarle en conciencia” (p. 266).

No resulta nada desagradable escuchar a Welzel hablar de la “obligación en conciencia” tan connatural con la nomenclatura escolástica y de la cual se infiere que, aún contemplada en un momento histórico dado, no se puede violentar a la naturaleza ya que como sabiamente advierte Romano Guardini “de esta actitud básica se deduce una brutalidad absoluta frente a las cosas, la naturaleza y el mundo, una actuación basada en el poder que ya no pregunta por la naturaleza del ser sino por lo que la voluntad se propone. Esto lleva necesariamente al caos, ya que la experiencia del hombre es demasiado corta y su juicio demasiado inseguro como para ser capaz de lograr un orden equilibrando racionalmente los diferentes fines. Aquí hunde sus raíces todo lo que llamamos actitud totalitaria: la falta de respeto ante el mundo como cosa dada, la pretensión de tener derecho absoluto sobre todo, el racionalismo y el voluntarismo radicales frente a todo lo que existe”. (“Ética”, p. 437/8).

Yo diría que los dioses ciegan a quienes quieren perder porque la misma disfuncionalidad gramatical de la ley es un eco directo de su supina y orgullosa ignorancia de las “cosas humanas” (tan común, por lo demás, a todo nuestro universo normativo), haciendo realidad el quizás profético aviso de Francesco Carrara: “no quisiera, ciertamente, que se imitara al legislador ruso que eleva el código penal a más de dos mil artículos; pero tampoco puedo profesar simpatía por ciertos códigos que exagerando la sencillez ideal aglomeran en un solo grupo y bajo una misma imputación, delitos diferentísimos...” (T. IV “Programa”).

Es que, podría afirmarse que el Título III de los “Delitos contra la integridad sexual”, con sus cuatro capítulos innominados (cap. II, III, IV y V), se ha empeñado en atacar y controvertir todas y cada una de las propiedades que Félix Lamas (cf. “La experiencia jurídica” p. 521 ss.) atribuye al derecho: 1) el derecho es algo humano; 2) es algo social y político; 3) es algo moralmente objetivo; 4) tiene una validez específica; 5) existe como algo vigente; 6) es algo histórico; 7) es algo dialéctico; 8) es algo concreto.

El mismo bien jurídico tutelado que, en definitiva, es la “libertad sexual o erótica de las personas” viene encapsulado –para evadir el titulado anterior demasiado “moralizante” de honestidad- en el difuso vocablo de “integridad” que remite en la acepción normal de la Academia o bien a la pureza virginal, o bien a la rectitud o probidad del sujeto, extremos a todas luces ajenos al espíritu y a la letra de la ley comentada.

Éste es, en definitiva, el verdadero bien jurídico tutelado (o, por lo menos, su núcleo específico tutelable por la ley), aunque en el caso de los incapaces (particularmente de los menores) quizás fuera mejor hablar de “desarrollo sexual”, a mérito de su falta de discernimiento y/o válido consentimiento jurídico y a que en conclusión es su evolución sexual real (vale decir no sólo paradigmática) la que puede hallarse en crisis.

Aquí el derecho (analogable en un orden normativo de carácter coactivo), dinámicamente contemplado en función de su intrínseca historicidad, alcanza su propio y determinado nivel de competencia; más allá hállase el delicado campo de la moral social y de sus exigencias exclusivas (y, a veces, excluyente), aspecto que la ley 25.087 termina por vulnerar.

Ni el legislador puede “ex nihilo” crear conductas divorciadas del devenir cultural de los pueblos, ni el juzgador puede comprender la miserabilidad de los hechos que juzga si olvida la significativa sentencia de Maquiavelo: “más grave es el delito cuando se encuentra en aquel que debe juzgarlo; pues los que se sientan “pro tribunali” deben restaurar el orden de la justicia mediante una fidelidad que no poseen” (Discorsi II, cit. por Sepich, op. cit.).

Presionado por el reclamo mediático y por un feminismo de mala calidad la ley 25.087 ha querido gobernar los impulsos libidinosos de la población por medio de extrañas escalas punitivas con las cuales se espera “hacer justicia”, “vengar a la víctima”, “disciplinar a los ciudadanos” en clara oposición a las siempre vigentes consideraciones del príncipe de los penalistas, Francesco Carrara, quien en su T° II del “Programa de Derecho Criminal” asevera: “El fin de la pena no consiste en que se haga justicia, ni en que el ofendido sea vengado, ni en que sea resarcido el daño padecido por él, ni en que se atemoricen los ciudadanos, ni en que el delincuente purgue su delito, ni en que se obtenga su enmienda. Todas éstas pueden ser consecuencias necesarias de la pena, y alguna de ellas pueden ser deseables, pero la pena continuaría siendo un acto inobjetable, aún cuando faltaran todos estos resultados. El fin primario de la pena es el restablecimiento del orden externo en la sociedad. El delito ofende materialmente a un individuo, o a una familia o a un número cualquiera de personas, y el mal que causa no se repara con la pena. Pero el delito agravia a la sociedad al violar sus leyes, y ofende a todos los ciudadanos al disminuir en ellos el sentimiento de la propia seguridad y al crear el peligro del mal ejemplo. Una vez cometido el delito, el peligro del ofendido deja de existir porque se convierte en un mal efectivo; pero el peligro que amenaza a todos los ciudadanos comienza entonces, es decir, el peligro de que el delincuente, si permanece impune, renueve contra otros sus ofensas, y el peligro de que otros, incitados por el mal ejemplo, se entreguen también a violar las leyes. Esto excita, naturalmente, el efecto moral de un temor, de una desconfianza en la protección de la ley en todos los asociados que al amparo de ella mantienen la conciencia de su libertad. Este daño enteramente moral causa la ofensa de todos con la ofensa de uno, porque perturba la tranquilidad de todos. De ahí que la pena deba reparar este daño mediante el restablecimiento del orden, que se ve conmovido por el desorden del delito. El concepto de reparación, con el cual expresamos el mal de la pena, lleva implícitos los resultados de la corrección del culpable, del estímulo de los buenos y de la amonestación a los mal inclinados. Pero este concepto difiere en mucho del concepto puro de la enmienda y de la idea de la intimidación, pues una cosa es inducir un culpable a no delinquir más, y otra muy distinta el pretender hacerlo interiormente bueno; y una cosa es recordar a los mal inclinados que la ley cumple sus conminaciones, y otra propagar el terror en los ánimos. La intimidación y la enmienda están implícitas en la acción moral de la pena; pero si se pretende hacer de ellas un fin especial, la pena se desnaturaliza y la función punitiva va a parar en aberraciones.” (T° II, p. 68/70).
.
*Damos por sentada la acepción primordialmente filosófica de la antropología (conocimiento integral del hombre en cuanto creatura), tanto como el empleo terminológico de tal vocablo en la escolástica contemporánea.

NOTAS:
1-La figura del art. 120 (nueva variante del estupro); amén de la novedad de incorporar también al varón como sujeto pasivo del delito, altera la clásica edad de la nubilidad para la mujer, incriminando a quien se aprovecha de la inmadurez sexual “de una persona menor de dieciséis años”. La fórmula en que dicha conducta queda establecida (“aprovechamiento”) es difusa (sujeta a cualquier veleidosa interpretación jurisprudencial) y se da de bruces con la concreta iniciación sexual de los jóvenes, así como de las más extendidas costumbres concubinarias (nacidas, por cierto, de elementales impulsos naturales) de la población del interior y aún del conurbano bonaerense.

El puritanismo sajón que alimenta en este tipo penal es en un todo contradictorio con las rancias costumbres sexuales de nuestro universo grecolatino.

La decapitada figura del 2° párrafo del art. 130 penalizaría en nuestro “avanzado” derecho positivo no sólo todas las antiguas mitologías de occidente (¡ni hablar de las “mil y una noches”!), sino también la novelística erótica más calificada, que debe ser el “horror” de las señoras diputadas que cocinaban este mamarracho.

(Seguramente ellas preferirían la vulgaridad obscena y mediocre de los culebrones televisivos).

Asimismo el acoso a que alude la formulación del primer párrafo del art. 119 (“abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder”) no se compadece con la hipotética intención legislativa de capturar en la norma el simple “acoso” del sistema americano, en razón de que aquí es suficiente el hostigamiento persistente y en el sistema introducido por la ley 25.087 siempre se requiere el abuso sexual como figura básica.

2- La “fellatio in ore” es la obsesión compulsiva de toda la reforma. Ahora bien, si la repugnancia moral y/o psicológica que dicha práctica genera es tal que se considere que su comportamiento compromete severamente el bien común y que debe por ello ser materia de agravamiento específico, éste tendrá que constar en una descripción típica de carácter autónomo, ya que jamás podrá forzarse su encuadramiento bajo la tradicional terminología del “acceso carnal”. Esta, aparte de la exigencia de un auténtico miembro viril (no sus sustitutos), se produce sólo por dos procedimientos unánimemente atestiguados por las culturas orientales y occidentales de todas las épocas históricas: a) vía vaginal, conforme a la fisiología más espontánea y conveniente de la relación sexual; b) vía anal, según añeja práctica cultural acreditada tanto a favor de la mujer como de los varones entre sí.

La felación estricta (no cualquier abusivamente llamado “sexo oral” lo es) podrá, según sus circunstancias específicas, encuadrarse en el “abuso deshonesto” (así lo hacía la figura derogada) o en un abuso sexual calificado, o bien –naturalmente-, según las condiciones, en la corrupción. Este es su límite.

El debate legislativo muestra claramente el empecinamiento de la Cámara baja por imponer sus criterios pre-formados con independencia de toda verificación racional, cultural y/o empírica. En Senadores la orden del día fue aprobar el engendro llegado por sus colegas diputados, a despacho de sus esenciales disidencias que fueron formuladas explícitamente por muchos de los expositores (cfte. debate legislativo en Internet).

3- El avenimiento del art. 132 es un verdadero despropósito. Desconoce el bien jurídico tan empeñosamente tutelado (la “integridad sexual”); subvierte el orden axiológico de la conducta típica que es el bien social exterior (cf. Carrara) vulnerado por el delito, y no el interés subjetivo de la víctima. En el caso de un sujeto pasivo varón conduce al dislate de favorecer la relación afectiva que se principió por incriminar.

El antiguo “matrimonio con la ofendida” es otra cosa porque el matrimonio es una institución social, cosa a la cual el feminismo aborrece.

RICARDO FRAGA
.
(***) El Dr. Ricardo Fraga es Profesor de Derecho Penal, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de la Universidad de Morón, Juez del Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Morón, escritor e investigador.

miércoles, 12 de noviembre de 2008

INSEGURIDAD Y GARANTÍAS – DR. RICARDO FRAGA

Actualidad – Opinión – Política Criminal

Fuente: Diario "El Cóndor"

La provincia de Buenos Aires, un bajel sin brújula, intenta en estos días su enésima reforma procesal penal en el escaso término de una década.

En efecto, en 1998 la ley 11.922 introdujo, no sin notorias falencias, pero con una idea básicamente coherente, conforme a lo que se pretendía, el llamado sistema acusatorio que, amén de contener la aparición de un fiscal verdaderamente dueño (eficaz) de la acción penal, supuso la introducción de jueces imparciales durante el completo transcurso del proceso, así como la publicidad y oralidad de éste.

Implicó también la consagración del principio general de la libertad del procesado mientras dure la sustanciación de la causa (art. 144 CPP), con excepciones que, poco a poco, terminaron por entorpecer su aplicación genuina, si se hubiera dejado sin temor la decisión en manos de los jueces.

Estructura toda ésta que, progresivamente, intentaba adecuar el procedimiento a las mandas constitucionales tal como lo advirtiera (no sin un toque de ironía) la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el fallo “Casal”, ahora probablemente mandado a guardar en el desván de los recuerdos por el gobierno provincial.

En la misma trayectoria interpretativa de este tribunal supremo de la República el fallo plenario nº 13 (30/10/08) de la Cámara Nacional de Casación ha sostenido que todos los delitos son excarcelables, interpretando de este modo tajante los arts. 316 y 317 del CPPN. En consonancia con la Corte se ha dicho que la libertad durante el proceso es un derecho que debe ser respetado salvo que se justifique lo contrario porque haya sospecha de fuga o bien entorpecimiento probatorio; línea que la Casación provincial también ha discretamente recogido en diversos pronunciamientos que, sin ninguna justificación técnica y basada sólo en el arbitrio de una discutible oportunidad de política criminal, las nuevas modificaciones propiciadas por el Ejecutivo intentan ahora cuestionar.

(Y esto no es “ideologismo garantista”: es el sentido común del más clásico de los derechos. Valga decir que no todos los jueces son “garantistas” alocados, sino simplemente los garantes de los derechos ajenos y esto por imperio constitucional).

La ley pendular (presionada en parte por la opinión publica, en parte por los medios y, en la parte más importante, por la ineptitud de la clase dirigente para arbitrar las convenientes medidas preventivas y represivas en materia criminal) irrumpe nuevamente: de la mano blanda a la mano dura, de ésta otra vez a aquélla y así sucesivamente, sin rumbo preciso, sin objetivos exactos, sin autenticas, indiscutidas y por todos consensuadas, políticas de estado.

La inseguridad constituye ciertamente un problema grave y nada baladí que a todos nos afecta en cualquier posición que ocupemos, ya en la esfera privada, ya en la esfera pública.

Es, por su misma naturaleza, una cuestión compleja que entre otras nada nimias implicancias tiene que ver: a) con el severo destramado del tejido social; b) la marginalidad, la exclusión y la miseria como sistematización clientelista de un país que (sin sorpresas) ya no crece demográficamente; c) con una educación en franca decadencia; d) con el desempleo y el empleo precario; e) con una mentalidad maniquea que divide y enfrenta a unos contra otros; f) con la promoción brutal de la violencia y la lujuria desde seudos programas televisivos “para las familias”; g) con la descarada divulgación de la droga y (“last but not least”) con la inclinación natural de todos los hombres (sí nosotros mismos) a ser un tanto degenerados y perversos (bien que muchos practiquemos el cínico aforismo de Oscar Wilde: “se llama pecado lo que yo no hago”).

Nada fácil todo esto, para políticos que debaten en frívolos almuerzos de la TV. Nada sencillo para quienes han sido víctimas indefensas de una violencia descontrolada y sin razón.

Si, como se ha dicho, la policía detiene “y los jueces liberan… liberan… liberan”, alguien debería preguntarse sobre la calidad institucional de tales “detenciones” que la constitución (nacional y provincial, gracias a Dios) pone en las manos exclusivas de los jueces.

¿Quién distingue, por lo demás, entre sentencias condenatorias y meras medidas cautelares? ¿Quién recuerda la necesidad absoluta del debido proceso para llegar a la pena justa señalado por el art. 18 de la CN? ¿Quién ha considerado el papel predominante que en determinados casos particulares jugó, para salvaguardar la equidad propia del sistema jurídico, la introducción de los institutos morigeratorios? (Sólo analizados a la luz de posibles abusos cuya verdadera significación sería materia de otro análisis).

En la interpretación de tantos por qué siempre los jueces llevan la peor parte (palos porque bogas, palos porque no bogas). Ciertamente hay jueces malos, incompetentes y cobardes. Mas también médicos, arquitectos, diputados y contadores malos, incompetentes y cobardes.

¿Todos lo son? No, evidentemente. No se trata de propiciar aquí, por supuesto, el “espíritu de cuerpo” que ha llevado al poder judicial a ser la cenicienta de los poderes del Estado pagando, muchas veces, con su silencio el nepotismo consentido por los manipuladores del sistema.

Insisto: a la inseguridad no se la combate con destempladas y sucesivas “reformas” que dejan intacto el problema de fondo, principalmente porque nadie garantiza su continuidad. Son sacudimientos espasmódicos que, por lo mismo, carecen de anclaje en lo real.

Confiemos en los jueces y, para ello, formémoslos sólidos, maduros, instruidos y prudentes. “Vir prudens”. No invadamos con reglamentarismos leguleyos el ámbito propio de su accionar jurisdiccional.

Ellos, y sólo ellos, desde la Constitución y la ética profesional, son los llamados a garantizar a todos (a víctimas y posibles victimarios) el imperio fundacional de la justicia y la equidad, sin cuya vigencia la sociedad se someterá, cada vez en mayor medida, a la anárquica y prepotente ley de la selva.

Dr. RICARDO FRAGA (***)



(***) El Dr. Ricardo Fraga es profesor de Derecho Penal, Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional, de la Universidad de Morón. Además es Juez del Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Morón, escritor e investigador. Entre sus obras publicadas puede destacarse “Baluarte Universitario” (Año 2002. Editorial Oeste).