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domingo, 2 de octubre de 2011

A la horca con 14 años

Noticas - Internacionales - Pena de muerte.-

Yo nunca dije ante el juez que hubiera matado a nadie". Alphonse Kenyi, que ya ha cumplido 15 años, está en la última ala de la prisión de Juba, reservada para los condenados a muerte. Lleva entre rejas desde octubre de 2009. Fue condenado por asesinato múltiple cuando tan solo tenía 14 años. Le señalaron como miembro de un grupo que iba por la ciudad matando gente, los llamados niggers. Está en el corredor de la muerte desde octubre de 2010. Sobre él pende la sombra de la horca.

Su historia es el reverso oscuro de un proceso ilusionante. El pasado 9 de julio, Sudán del Sur se convirtió en un país independiente, y la ciudad de Juba, en la capital más joven del mundo. Tras una guerra de 22 años contra el norte, Juba es hoy una ciudad optimista que mira al futuro. La nueva corriente de esperanza llega hasta la prisión Central e incluso hasta el corredor de la muerte, donde los condenados sueñan con que el nuevo Estado los perdone.

Alphonse es el más joven de ellos. El sexto de siete hermanos y el único que pudo ir al colegio, aunque solo durante dos años. Sus padres, que estaban desempleados y con trabajos ocasionales, no podían permitirse pagar la educación de sus hijos. Vivían en Kalitok, un poblado a unos 85 kilómetros de Juba. En 2008 se trasladaron a la capital para que el padre, enfermo, pudiera recibir atención médica. La madre consiguió un trabajo en el Servicio de la Vida Salvaje, y Alphonse, como muchos otros niños en Juba, se dedicaba a recolectar botellas de plástico por la calle para venderlas como recipientes o para su reciclaje. Pero la libertad de moverse por las calles de Juba le duró a Alphonse solo un año: en octubre de 2009 fue arrestado por asesinato múltiple.

"Había habido disparos y asesinatos en Nyakuron [un suburbio de Juba], así que la policía empezó a buscar a cualquier persona con uniformes y pistolas. Me encontraron en mi casa y vieron el uniforme de mi madre. La policía me arrestó y me llevó a la comisaría", explica Alphonse.

Juba, la capital de Sudán del Sur, es una ciudad en ebullición. Destruida casi totalmente durante la guerra que acabó en 2005, hoy abundan los sitios en obras. Torres acristaladas albergan hoteles y bancos junto a edificios medio en ruinas. Todoterrenos con los cristales tintados conducen a gobernantes y dignatarios internacionales que se cruzan con vacas de largos cuernos y cabras que buscan comida entre la basura en las calles.

La prisión está situada en el mismo centro de la ciudad. Es uno de los pocos edificios que apenas han cambiado en los últimos 60 años. Numerosos guardas y policías armados con rifles gastados pasean alrededor de la puerta principal, que se abre en los enormes muros de piedra coronados con alambre. Otros se sientan en sillas de plástico o en el suelo intentando buscar algo de sombra para huir del calor aplastante.
Dentro de los muros, en un patio de tierra, hay varios sillones destartalados, raídos y quemados por el sol. También aquí hay docenas de guardas y policías que parecen no tener mucho que hacer. Pasean lentamente secándose el sudor de la cara, se sientan en los sillones o en el suelo, algunos lucen con desgana sus viejos rifles AK-47. Huele a meado, e incontables moscas se posan en la piel, en la ropa, en los rifles, en el tapizado roto y ajado de los sillones.

El oficial encargado de los menores en la prisión es Fabian Serit. Fabian es un hombre no muy alto y de sonrisa fácil. Tiene una cara simpática y, a pesar del calor, viene al trabajo cada día con pantalones de traje y una camisa de manga larga. Fabian suda constantemente y lleva un pañuelo en el bolsillo que se pasa por la cara cada pocos minutos. Le gusta hablar y ríe constantemente. Cuando está contando algo importante o que él considera una confidencia, te coge del brazo y te mira fijamente con sus ojos enrojecidos mientras baja la voz.

"Un grupo llamado niggers iba por la ciudad matando a la gente. Fueron arrestados y torturados y la policía les obligó a que señalaran a sus secuaces por la calle, y fue entonces cuando denunciaron a Alphonse", dice Fabian en voz baja. Y luego se exalta: "¡Pero él es inocente y además es un niño! Así que lo llevamos al médico. El doctor dijo que tenía 14 años y ahora estamos intentando cambiar oficialmente su edad para quitarle la condena a muerte". En enero de 2010, Sudán cambió sus leyes y aumentó de 15 a 18 años la edad mínima para que un criminal pueda ser sentenciado a la pena capital.

Fabian y otros funcionarios de la prisión trabajan en una oficina muy pequeña y de paredes desnudas, en la que tres mesas y unas pocas sillas apenas dejan sitio para nada más. Todos los informes y documentos están en papel y manuscritos en una mezcla de inglés y árabe. Dos de los funcionarios intentan sin mucho éxito usar el programa Microsoft Word en el único y viejo ordenador que acaba de ser donado por la ONU. Las moscas y el calor se cuelan en la oficina aunque aquí se puede al menos escapar del sol punzante.

Unas enormes y pesadas puertas de metal conducen al patio interior de la cárcel y a las celdas. El patio es un espacio amplio, con el suelo de tierra, dividido en dos partes por una verja. De nuevo el calor, la luz, el polvo, las moscas. A la derecha de la verja hay unos pocos árboles y un tejadillo de metal que dan algo de sombra. Los presos se concentran allí, sentados en el suelo, intentando huir del sol y de la luz cegadora de la mañana. Otros se sientan junto al muro que separa el patio de las celdas a la izquierda, donde también hay una estrecha franja de sombra. Apenas hay movimiento, casi nadie camina y las conversaciones son en voz baja.

El método de ejecución empleado en la cárcel es la horca. Fabian explica que hay una fórmula para colgar a los condenados. "Te miden y te pesan para regular la horca. Si no está bien regulada, te puede cortar la cabeza. Si esto ocurre, los encargados de regularla son encarcelados".

Incluyendo a Alphonse, en el corredor de la muerte hay ahora 50 condenados, todos por asesinato. En 2011, hasta la independencia en julio, dos reclusos han sido ejecutados. El año pasado fueron ocho en total, según cuenta Fabian. Y además de Alphonse, en esta cárcel hay otros 46 niños que conviven con unos 1.000 reos adultos. Hay también cinco niñas, alojadas en un edificio contiguo con las mujeres.

La mayoría de los presos adultos, al igual que casi todos los policías y guardias, son exguerrilleros que lucharon en la guerra civil que enfrentó al norte y al sur de Sudán entre 1983 y 2005. Entre los presos adultos, los delitos más comunes son el robo, el adulterio, la violación y el asesinato. Entre los niños, los pequeños robos menores y algunos asesinatos.

El caso de los condenados por asesinato es particular. "La pena depende de la decisión de los familiares de la víctima", explica James Warnyang, otro funcionario al cargo de los menores. Los familiares le piden al asesino una cantidad de dinero como compensación. Es lo que aquí en árabe llaman dia y en inglés blood money (dinero de sangre). La ley establece que los familiares pueden pedir como máximo 30.000 libras (unos 8.250 euros) y esta es la cantidad solicitada en casi todos los casos. "Aunque depende de las tribus", interviene Fabian; "por ejemplo, los dinka pueden pedir 30 vacas en lugar de 30.000 libras". Cuando se fija la cantidad, el juez impone una nueva sentencia de cárcel, de hasta cinco años si es un menor y de hasta 10 si es un adulto.

"Pero si los familiares de la víctima dicen que quieren al asesino muerto, entonces ya está: son los familiares los que deciden y no hay nada que hacer, aunque si el condenado es un menor, entonces la ley dice que no puede ser ejecutado", concluye James. En la prisión Central de Juba, además de Alphonse, hay nueve menores que cumplen penas de cárcel por asesinato.

Hay varias alas: una para los presos comunes, otra para los enfermos mentales, otra para los presos políticos, que es la que curiosamente ocupan los menores. Una puerta en el muro da acceso al ala para los presos políticos. Los menores esperan bajo un toldo metálico, de pie y en filas. Llevan ropas sucias y rotas, están muy delgados y aguardan con expectación. De repente empiezan a cantar mientras dan palmas y se mueven rítmicamente.

Cuando la canción acaba, todos se sientan en el suelo en filas y miran con ojos enormes, con intensidad, algunos con la boca abierta, otros con sonrisas de emoción. La escena recuerda más a una escuela que a una cárcel.

Muchos niños quieren hablar y sus historias podrían llenar un libro de reportajes. Está Mangar Abuc Malnal, de 16 años, que parece uno de los jefes del grupo. Los demás corean su nombre mientras Mangar, lleno de energía y confianza, se levanta y cuenta con naturalidad cómo asesinó a otro niño en una pelea, mientras Fabian y varios de los menores ríen. Se entregó él mismo a la policía en julio de 2009 y lleva desde entonces en la cárcel.

Pero su juicio no se celebró hasta diciembre de 2010, cuando fue condenado a pagar 30.000 libras como dinero de sangre a la familia de la víctima y a tres años de prisión, que empezaron a contar en el momento de la condena. Mangar dice que cuando pueden jugar al fútbol y cuando tienen clase, la vida en prisión no está mal, aunque la comida no es buena. "Pero el balón se ha pinchado y ahora no tenemos nada que hacer, así que nos pasamos el día sin hacer nada y pensando".

El caso de Diu Ajak también es llamativo. Alto, muy delgado y con un rostro infantil y triste, tiene 13 años, aunque aparenta 9 o 10. "Tenía hambre, por eso entré en la casa, cogí 120 libras [32 euros] y una cámara de fotos pequeña", cuenta Diu hablando en voz muy baja. "El dueño del dinero me pilló y me pegó con un palo. Era un oficial del Ejército. Me llevó a la comisaría y allí los policías me pegaron, me dieron muchos latigazos". Entonces Diu calla, se alza la camiseta y muestra la espalda. Está llena de cicatrices, pese a que esto le ocurrió cinco meses atrás.

"Me metieron en un coche y me llevaron para que señalara a alguien. Yo señalé a unos chicos porque los policías me habían pegado. Los que señalé son amigos míos, pero no estaban conmigo cuando fui y robé en la casa", continúa el chico.

Los cinco niños fueron arrestados y llevados a una comisaría. Dos de ellos, Angok Mum y Chol Achek, ambos de 14 años, se levantan indignados y cuentan su versión de la historia, que coincide con la de Diu aunque ellos niegan que fueran amigos y aseguran que no lo conocían. Angok y Chol dicen que los policías también les pegaron a ellos en la comisaría para que confesaran haber robado, pero que ellos nunca lo admitieron.

Más adelante, Fabian contará por teléfono que Diu y los cinco menores arrestados junto a él han sido liberados tras haberse pasado más de siete meses en la cárcel sin sin haberse celebrado juicio alguno. Y en el caso de los cinco señalados por Diu, sin pruebas en su contra.

Mientras hablan Diu, Angok y Chol, un funcionario ha traído a Alphonse, que se ha dejado caer en una silla de plástico. Alto, delgado, cabizbajo, de rostro amplio y grandes ojos, no deja de tocarse los pies y los grilletes que le atenazan los tobillos. Los demás niños lo miran con respeto y desde la distancia. Alphonse simplemente los ignora. Uno de los funcionarios dice a los chicos que se pueden ir y la mayoría se levantan y se van. Alphonse se sienta en el suelo y, con la vista baja, hace dibujos en la arena. Unos pocos niños se quedan y se sientan o se tumban cerca de él, le miran serios y en silencio.

Empieza a hablar y dice que su nombre completo es Alphonse Kenyi Makwach y que nació el 19 de enero de 1996. Apenas alza la mirada y habla monótona y lentamente, como si estuviera cansado o aburrido de repetir las mismas palabras, mientras sigue trazando formas y letras con la arenilla del suelo. "Me arrestaron en octubre de 2009. Mi madre trabaja para el Servicio de Protección de la Vida Salvaje y su uniforme [similar al de los soldados] estaba en casa".

"Me humillaron, me pegaron muchas veces, querían que admitiera haber hecho cosas que yo no había hecho. Me metieron en una celda con más gente que estaba acusada de matar y de destrozar el pueblo y a mí me acusaron de lo mismo. Me pegaban con ese bastón que tiene la policía. Si les miraba, me pegaban. Me llevaron al tribunal. El juez preguntó: '¿Qué ha hecho esta persona?'. El fiscal dijo: 'Estas personas han matado'. Y nos trajeron aquí a la cárcel. El fiscal volvió a la comisaría y escribió que todos habíamos confesado y por eso nos condenaron a muerte. Pero ante el juez yo nunca dije que hubiera matado".
Sigue su discurso lentamente, pero sin pausa; los demás niños escuchan en silencio y siguen la escena con intensidad. "En la comisaría, los policías usaron cuchillas de afeitar y agujas, me decían que confesara, pero yo nunca admití nada. Me metían la aguja entre la carne y la uña, haciéndome mucho daño, y luego rompían la uña con la cuchilla". Entonces Alphonse deja de hablar. Alza la vista y enseña los dedos y las señales en sus uñas, como pequeñas cicatrices por donde la uña se habría roto.

"No conocía a las otras personas que había en la celda. Todos eran mayores que yo. No me hablaron ni me dijeron nada. La policía también les torturó a ellos, a todos nos hicieron lo mismo", agrega el joven. En total eran ocho personas: Alphonse y tres hombres fueron sentenciados a muerte, otro fue condenado a 14 años de cárcel, y dos mujeres y una menor fueron también castigadas a 14 años.

Alphonse calla y sigue haciendo dibujitos en el suelo. El ambiente se relaja un poco, todos parecen volver a respirar, los niños empiezan a hablar y a moverse. Algunos se acercan a Alphonse, le hablan con cariño, intentan animarlo, hacen bromas, a veces consiguen arrancarle una leve sonrisa.

James Warnyang, otro funcionario ocupado de los menores, musita en voz baja: "Él ya no cree que le vayan a liberar, cree que va a ser ejecutado". Y entonces le cuenta lo que Fabian y él están haciendo para demostrar que es un niño, que fue condenado con 14 años, y le aseguran que no va a ser ahorcado. Pero Alphonse no reacciona, no alza los ojos para mirar a James y simplemente sigue jugando con la arenilla y haciendo dibujitos y montañitas con ella.

Tras conseguir el documento de la comisión médica que certifica que Alphonse tiene 15 años, el funcionario Fabian elaboró un informe completo sobre el caso, que primero tuvo que ser aprobado por el director de la prisión, después por un tribunal en primera instancia y ahora está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo.

Si se acepta que Alphonse fue condenado a muerte cuando tenía 14 años, entonces la sentencia sería invalidada y el tribunal tendría que fijarle una pena de cárcel que, por tratarse de un menor de edad, podría ser de hasta cinco años, además del pago del dinero de sangre a las familias de las víctimas. "E inmediatamente tras la resolución lo sacaríamos del corredor de la muerte y lo traeríamos aquí con los otros niños", recalca Fabian.

Alphonse lleva puesta una camiseta del Liverpool, pero no responde sobre si le gustan el fútbol y el Liverpool. Los demás niños le insisten, le hablan de fútbol, hacen pequeñas bromas, intentan hacerle reír y entonces sí reacciona y habla un poco con los otros muchachos; la atmósfera parece un poco más ligera durante algunos instantes.

Pasa las noches en el ala de los condenados a muerte, pero los demás menores duermen en una estancia junto a este pequeño patio cubierto por un tejadillo de metal. Se trata de una sola habitación de unos cuatro metros de ancho por unos 15 de largo. Junto a las paredes se aprietan unos 15 colchones de espuma. Son muy finos y están raídos y cubiertos por sábanas viejas y sucias. En cada uno de ellos duermen tres niños. Algunas redes mosquiteras penden del techo sobre los colchones, aunque no hay suficientes y están llenas de agujeros.

La visita a la prisión Central de Juba llega a su fin. Alphonse sigue sentado en el suelo, de nuevo con la mirada baja y triste. Los demás niños se levantan, empiezan a andar, se empujan unos a otros y se pelean en broma, ríen y empiezan a jugar. De vuelta a la oficina, y tras interrogarlo acerca de la tortura, Fabian cuenta: "En los cuarteles de policía te pegan, utilizan fuego u otros objetos para que digas la verdad. De hecho, los arrestados quieren que los traigan a la cárcel lo antes posible porque saben que aquí no torturamos a nadie".
Fuera, el sol sigue inundando el patio de tierra entre el zumbido de las moscas y las conversaciones de los guardias. Los policías pasean lentamente o se dejan caer junto a sus rifles en los sillones quemados por el calor. -

Fuente: www.elpais.com 

sábado, 24 de septiembre de 2011

LA ABOGADA NORTEAMERICANA SANDRA BABCOCK HABLO SOBRE EJECUCIONES Y PENA DE MUERTE “Son homicidios cometidos por el Estado”

Noticias - Pena de Muerte.-


Defensora de presos que viven en el “pasillo de la muerte”, tras participar en un congreso sobre el tema en Buenos Aires, Babcock dijo a Página/12 que esa pena es alentada por políticos oportunistas, bajo el mito de que disuade a los delincuentes.

Por Carlos Rodríguez
“Es una solución que no funciona porque sabemos que otro mito es que la pena de muerte disuade a los delincuentes.”

La abogada norteamericana Sandra Babcock, defensora de presos condenados a muerte por delitos comunes o supuestos actos de terrorismo, afirmó que la pena capital “debe ser abolida, pero se mantiene en 23 países porque los políticos oportunistas” siguen afirmando que “disuade a los delincuentes que cometen delitos violentos, cuando criminólogos y sociólogos han demostrado que no hay ninguna prueba de ello”. En una entrevista con Página/12, sostuvo que las “ejecuciones” –como se denomina a la puesta en práctica de la pena de muerte– deberían llamarse “homicidios cometidos por el Estado”. Recalcó que “esos homicidios son más graves que los que cometen personas bajo el efecto de las drogas o con problemas mentales, porque mientras ellos actúan espontáneamente, el Estado actúa en forma premeditada. Son homicidios cometidos a sangre fría”. Babcock participó en Buenos Aires del Congreso Sobre Abolición Universal de la Pena de Muerte, organizado por la Defensoría General de la Nación.

Directora clínica del Centro Internacional de los Derechos Humanos, Babcock defiende a un ciudadano saudita que está preso en la cárcel de Guantánamo por su presunta participación en el atentado contra las Torres Gemelas. “Hace nueve años que está preso sin acusación, sin testigos, sin pruebas”, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos reconoce que “no entró al país” cuando ocurrió el hecho “y cuando también se reconoce (oficialmente) que ha sido sometido a torturas”.

–¿Cómo es posible que a esta altura de la historia de la civilización se mantenga vigente una medida extrema que remite a la Edad Media?

–Es una buena pregunta. Lo que se ve es que cada año más países están aboliendo la pena capital. En todo el mundo tenemos sólo 23 países que el año pasado llevaron a cabo ejecuciones. Creo que estamos avanzando, pero Estados Unidos o Japón, y otros países, todavía aplican la pena capital. Es cierto que es algo difícil de entender. Creo que la pena de muerte persiste porque es alimentada por mitos perdurables, pero falsos.

–¿Por qué persisten esos mitos?

–Porque hay políticos oportunistas que reclaman medidas, como la pena de muerte, para los casos muy graves de delitos violentos. Eso se aplica como respuesta a las preocupaciones de una población que tiene miedo por la inseguridad y los políticos se aprovechan de esa inseguridad y de la ignorancia. La población no sabe realmente cuáles son las causas, los factores que contribuyen a la delincuencia. Es mucho más fácil, para un político, decir: “Bueno, yo tengo una solución”. Esa solución muy simple, muy rápida, es la pena de muerte. Es como decir “vamos a matar a todas esas personas que están causando ese daño en la sociedad”.

–Pero está demostrado que es una medida que no soluciona nada.

–Claro, es una solución que no funciona porque sabemos que otro mito es que la pena de muerte disuade a los delincuentes, que ya no van a cometer delitos violentos porque tienen miedo de que se les aplique la pena de muerte. Sabemos, a través de criminólogos y de sociólogos, que no hay ninguna prueba de que sirva para disuadir.

–En Japón o Estados Unidos, ¿con qué frecuencia se aplica?

–Ahora, en Japón, no hay muchas ejecuciones porque hay un ministro de Justicia que está en contra de la pena capital. En Japón hay normalmente menos de media docena de ejecuciones cada caño. En Estados Unidos está disminuyendo (el número), pero el año pasado tuvimos 46 y en lo que va de éste hemos tenido más de 30.

–¿Se puede hacer una comparación entre la aplicación de la pena de muerte y las ejecuciones extrajudiciales, por agentes del Estado, que ocurren en países latinoamericanos que no tienen pena capital?

–Son dos cosas relacionadas, pero distintas. En Estados Unidos, la pena de muerte es una política de gobierno abierta, deliberada, proyectada. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales también podría ser, en algunos casos, una política deliberada, pero es más escondida, no es abierta. Es más difícil abordar el tema porque las causas son distintas. En muchos países son las fuerzas armadas las que cometen estas ejecuciones extrajudiciales y eso es posible por la impunidad que existe. En Estados Unidos no tenemos tanta impunidad, aunque seguramente tenemos abusos en el trato de los presos.

–Cuando usted habla sobre la pena de muerte, dice que se las llama “ejecuciones”, pero que en realidad son “homicidios”.

–Las ejecuciones son homicidios cometidos por el Estado. Habría que modificar la palabra “ejecución” y decir “matanza” u “homicidio”, porque es lo que son. Es aún peor que un homicidio cometido por una persona bajo la influencia de drogas o alcohol o que tiene daño cerebral y actúa de una manera espontánea. El gobierno, cuando ejecuta a personas, actúa de manera calculada, deliberada, premeditada. Es un homicidio a sangre fría.

–Usted habla de la necesidad de educar a los detenidos, de darles atención adecuada a los que cometen delitos graves, porque por lo general son personas con daño cerebral, enfermedades psicológicas o que provienen de familias abusivas. En Argentina se condena al violador, pero no se le brinda atención psicológica. De nuevo en libertad, vuelve a violar.

–Claro, por supuesto, eso ocurre. Es uno de los problemas más perdurables que tenemos. Nos hemos rendido y no aplicamos el concepto de rehabilitación. Los criminólogos, muchas décadas atrás, decían que las unidades penitenciarias tenían que ser lugares donde los presos pudieran ser rehabilitados. Ahora no ocurre eso. En Estados Unidos no tenemos educación, no tenemos trabajo para los presos. Están encarcelados como animales. Para parar la violencia, es necesario primero entenderla. Y segundo, intentar tratar a las personas, con psicólogos, sociólogos, con educación, con personas que puedan entender mejor los factores que llevan a esa violencia, tanto en ese individuo como en la sociedad. Ese medio ambiente que contribuye a la delincuencia.

–¿Las personas que comenten delitos graves pueden recuperarse?

–La mayoría de los que cometen delitos violentos pueden sobrevivir y aprender a contribuir con la sociedad. En Estados Unidos tenemos personas en las cárceles que abusan de las drogas, pero que no representan una amenaza para la sociedad. Lo que necesitan es tratamiento. Son personas que no deberíamos tenerlas en la cárcel, porque no es necesario. Nosotros, como país, tenemos la tasa de encarcelamiento más alto en el mundo, más que China, más que Rusia. Y hay otro problema grave: la discriminación en las sentencias. Es mucho más probable que recibas una condena más severa si eres afroamericano o latino, que si eres blanco. Y si alguien cometió un delito, aunque sea robo, sin agresión ni daño a las personas, igual pierde sus derechos civiles y ya no puede votar, por ejemplo.

–Las medidas contra la inseguridad crean muchas veces más inseguridad.

–Exactamente. En Estados Unidos, después del 11 de septiembre (de 2001), hemos abandonado algunos principios fundamentales, del debido proceso, del tratamiento humano de las personas, sobre todo en Guantánamo.

–Es difícil ser el abogado defensor de los que están imputados por supuestos delitos relacionados con el 11 de septiembre.

–Lo que es difícil es ganar los casos. Perdemos mucho, porque las cortes son muy conservadoras, los políticos también y entonces es algo muy frustrante, porque no puedes ayudar a tus clientes. Intentamos, pero es muy duro. Para mis clientes que están en el corredor de la muerte o para el que está en Guantánamo, es una tortura.

–¿Cuál es la situación de su defendido en Guantánamo?

–Es de Arabia Saudita. Hace nueve años que está detenido, sin juicio. No fue formalmente acusado en las cortes penales. El gobierno dice que cree que es una persona que iba a participar en los ataques del 11 de septiembre. Según el gobierno, él no pudo entrar al país y por eso no tomó parte en el ataque. Pero según el gobierno, él ayudaba a Al Qaida. Hasta el momento no han presentado ningún testigo, ninguna prueba, no hemos tenido un proceso. El gobierno, además, ha reconocido que mi cliente fue torturado. No sabemos qué va a ocurrir, pero sigue en Guantánamo.



Fuente: página12

jueves, 22 de septiembre de 2011

"Yo no lo hice. Siento mucho su pérdida. Pero yo no maté a su padre, hermano o hijo"

Troy Davis, condenado a muerte en EE UU
Pena de Muerte - Noticias - Actualidad

Todo condenado a muerte tiene el derecho a decir unas últimas palabras. Ya sea atado a la camilla esperando la inyección letal, ya fuera amarrado a la silla eléctrica, encerrado en la cámara de gas o frente a un pelotón de fusilamiento. Troy Davis hizo uso de ese derecho. No tomó sin embargo su última cena ni quiso ingerir el tranquilizante para que el proceso fuera más llevadero -no son pocos quienes se derrumban, las piernas convertidas en gomas, los esfínteres descontrolados, en los últimos metros hacia el patíbulo-.

No fue el caso de Davis, a pesar de la tortura a la que fue sometido, con apelaciones de último segundo y el espejismo de que quizá salvase la vida. Davis se mantuvo sereno hasta el final. Sólo parpadeó sincopadamente cuando los medicamentos que pondrían fin a su vida comenzaron a recorrer su flujo sanguíneo. Pero antes de que eso sucediera, el hombre de 42 años que llevaba desde los 20 encerrado en el corredor de la muerte dejó oír su voz. Mirando a los familiares del policía que la justicia asegura que asesinó a tiros en 1989, Mark McPhail, proclamó, por última vez, su inocencia: "Soy inocente". "Yo no lo hice. Siento mucho su pérdida. Pero yo no maté a su padre, hermano o hijo".

En la sala estaban presenciando la ejecución el hijo de McPhail y su hermano. El hijo presenció todo el proceso inclinado hacia delante en su silla, sin dejar de mirar, sin volver ni una sola vez la cabeza ni cerrar los ojos, según relataron los periodistas que asistieron al ritual de la muerte legal que aplican 34 Estados de la Unión. El hermano se mantenía con la espalda pegada a la silla. No asistió la madre a pesar de que aseguró que lo haría. Sí habló para algunos medios después de que el Supremo anunciase, cuatro horas después de prorrogar la ejecución, que no había impedimento legal para matar a Davis. Anneliese McPhail manifestó lo que ya había dicho muchas otras veces, que deseaba la muerte de Davis y que ya había esperado demasiado. Preguntada si podría vivir feliz y tranquila con la muerte de Davis atajó la cuestión sin ninguna sombra de duda: "Por supuesto". No es un caso aislado. El actual Gobernador de Tejas, Rick Perry, aspirante a candidato a la Casa Blanca en 2012, declaró hace menos de dos semanas en un debate que vivía muy tranquilo con las 234 sentencias a muerte que ha firmado. Él y la audiencia que le escuchaba en directo, que rompió en aplausos ante la mención del dato.

Davis tuvo esta madrugada palabras para todos. Para sus carceleros y verdugos, a los que dijo que esperaba que Dios se apiadara de sus almas por el acto erróneo que iban a cometer pero a quienes también encomendó su alma al Altísimo. "Que Dios les bendiga". Para sus familiares y amigos, hacia quienes pronunció frases consoladoras y que llamaban a no cejar en la lucha de probar su inocencia. "Seguid trabajando, indagad, buscad pruebas que hagan justicia a mi caso", solicitó. El precepto de la duda razonable -fundamental para un veredicto de culpabilidad- ha quedado violado esta noche, cuando se quitó, de forma legal, la vida a un hombre sobre el que siete testigos, no uno ni dos, siete, se han retractado sobre la acusación que hicieron en un primer momento. Demasiadas dudas para practicar tan definitiva -sin vuelta atrás- decisión: matar a un ser humano.

Fuente: www.elpais.com 

La pena de muerte en EEUU en frías cifras

PENA DE MUERTE
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Las cifras -son optimistas- dicen que las ejecuciones en Estados Unidos han decrecido un 12% comparado con el año 2009 y más del 50% desde 1999. La cantidad de nuevas sentencias es casi el mismo que en 2009, la más baja en 34 años (112), según informa el Centro de Información para la Pena de Muerte (DPIC, siglas en inglés, organización cuyo objetivo es aportar datos a la población sobre lo costosa que es la pena de muerte, sin entrar en valoraciones morales). Datos para pensar que quizá, a finales de este siglo, Estados Unidos rechace un castigo propio de dictaduras y países subdesarrollados.

Las cifras también dicen que Estados Unidos es junto a Arabia Saudí, China, Irán y Yemen uno de los países que más personas somete a la máxima pena cada año (en el mundo se ejecutaron legalmente el año pasado 527 personas, según Amnistía Internacional, aunque los datos sobre China son esquivos y podrían superar a los miles).

Cada cierto tiempo, un caso aviva el debate -más fuera de Estados Unidos que dentro, desgraciadamente- sobre un método cruel, inhumano y atávico que sigue vigente en 36 Estados de la Unión y ya ha sido abolido en 14. El último en sumarse a esta tendencia fue Illinois el pasado mes de marzo. En esta ocasión, se trata de Troy Davis, cuyos abogados consideran que su juicio estuvo plagado de defectos de forma e incluso siete testigos se han retractado de lo que declararon en su momento y ya no apuntan su dedo acusador hacia el condenado en 1991 por el asesinato de un policía.

Números hay muchos cuando se habla de pena de muerte en el país más poderoso de la Tierra. Números como que solo en el Estado de Texas se han matado legalmente a 474 personas desde que la pena capital fue reinstaurada por el Tribunal Supremo de EE UU en 1976 tras dos años de moratoria. A Texas le sigue Virginia con 109 y Oklahoma con 96.

Números como el que dice que un 42% de las personas que esperan su turno en el corredor de la muerte son negras (a pesar de que solo suponen un 12% del total de la población del país); un 44% son blancos; un 12% son hispanos y un 2% pertenecen a otras razas. El Estado que mayor número de presos tiene encerrados esperando la muerte es California (607).

Más del 75% de las víctimas de asesinato cuyo caso acaba en una sentencia a muerte eran blancas, a pesar de que solo el 50% de los asesinados son de esa raza.

Y de nuevo, los datos para la esperanza. Desde 2005 no se ejecuta a jóvenes por orden del Tribunal Supremo. Desde 2002 tampoco se acaba con la vida de aquellas personas con discapacidades o enfermedades mentales. Y en un capítulo aparte siempre se detalla la relación de las mujeres con la máxima pena. Desde el año 76 solo se ha acabado con la vida de 12 mujeres. Con fecha de abril de 2010 residían en los corredores de la muerte 62 mujeres -el 1,9% del total de la población que espera morir a manos del Estado-.

Hablando de frías cifras, además de salvaje, la pena de muerte es cara. Cada ejecución le cuesta al Estado de Carolina de Norte más de dos millones de dólares. En Texas, la cifra es muy similar y supone tres veces el coste de tener a alguien encerrado en una cárcel de máxima seguridad durante 40 años. En Florida, mantener en pie el mortal sistema asciende a 51 millones al año, lo que supone que cada una de las 44 ejecuciones que ha tenido ese Estado desde 1976 ha costado 24 millones cada una. El DPIC es responsable de un estudio que en principio podría sonar cínico. Su título: "Reconsiderando la pena de muerte en tiempos de crisis".

Siguiendo con la cifras, muchos son los Estados que en estos momentos tienen la aplicación de sus ejecuciones parada debido a que tienen cero dosis de uno de los tres fármacos que se inyecta en las venas del condenado para acabar con su vida.

El Supremo de California tiene bloqueadas las ejecuciones debido a la escasez del anestésico que duerme al reo antes de que se le induzca un coma rápido y se le produzca una parada cardiorespiratoria que acabe con su vida. En Kentucky sucede lo mismo. En Arizona vivían la misma situación kafkiana hasta que, según han informado los medios de comunicación de ese Estado, la penitenciaría importase el pentotal sodio desde el Reino Unido.

Hospira, el único laboratorio que produce en EEUU el Pentotal -nombre comercial- asegura que no podrá proveer de nuevas dosis hasta principios de 2011 por problemas de producción que no especifica. Lo que se esconde detrás de la decisión de la compañía es el rechazo a que un sedante con fines médicos -se vende a las prisiones para operaciones quirúrgicas- sea usado para causar la muerte a alguien.


Fuente: www.elpais.com

viernes, 16 de septiembre de 2011

Minutos antes de recibir la inyección letal, lo indultaron y se salvó

Noticias - Actualidad
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WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos acordó la suspensión a último minuto de la ejecución de un condenado a muerte negro, que debía realizarse ayer en Texas, informaron fuentes de la defensa y las autoridades penitenciarias estatales.

La defensa y uno de los ex fiscales que habían obtenido la condena a muerte de Duane Buck en 1997 estimaron que el proceso estuvo influido por consideraciones raciales.

La abogada del condenado, Kate Black, dijo estar "muy contenta de que el Tribunal Supremo haya reconocido la injusticia racial en este asunto". La Corte "reconoció la importancia de la cuestión", dijo Black, y subrayó que el tribunal no había precisado la duración de la suspensión.

Ayer por la mañana, la abogada había introducido una petición ante el Tribunal Supremo pidiendo la suspensión de la ejecución. También había reiterado anteayer al gobernador de Texas, Rick Perry, favorito entre los republicanos para presentarse a las elecciones de 2012, su petición de sobreseer la ejecución durante 30 días para "asegurarse de que la condena de Buck no hubiera estado ensombrecida por consideraciones sobre su raza".

Una de las fiscales que habían obtenido la condena de Buck en 1997 por un doble asesinato, Linda Geffin, también había pedido el lunes una suspensión temporal al gobernador subrayando "que ningún individuo debe ser ejecutado sin haberse beneficiado de un proceso justo, no ensombrecido por consideraciones raciales".

Fuente: www.lanacion.com.ar

viernes, 18 de junio de 2010

Una noticia que parece de otros tiempos – Fusilamiento de un condenado a muerte.-

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Noticias – Actualidad – Pena de muerte


Fuente: www.lanación.com


A continuación le dejamos una nota publicada en el día de hoy en el diario digital de La Nación.

El horror y la indignación forman parte de nuestros sentimientos, a la hora de leer relatos como este.

El Instituto Virtual de Derecho Penal y Política Criminal


Ejecutan por fusilamiento a un condenado a muerte en EE.UU.


Es la primera vez en 14 años que se emplea ese mecanismo en el país; había sido sentenciado a la pena máxima en 1985.


UTAH.- Un pelotón de fusilamiento ejecutó a un prisionero en Utah, la primera vez en 14 años que el estado emplea ese mecanismo para ultimar a un condenado a muerte.


Ronnie Lee Gardner murió cuando lo balearon en las primeras horas de hoy. Poco antes de la ejecución, el prisionero fue amarrado a una silla y un equipo de cinco hombres enmascarados apuntaron sus rifles hacia un tiro al blanco prendido con un alfiler sobre su corazón.


Gardner fue el tercer hombre ejecutado por un pelotón en Estados Unidos desde que la Corte Suprema reinstaurara la pena capital en 1976. Aunque Utah modificó su ley sobre la pena de muerte en 2004 para que la inyección letal se convirtiera en el método oficial, nueve sentenciados antes de esa fecha, incluyendo a Gardner, pueden optar por el método de fusilamiento.



En abril, Gardner le dijo con toda educación al juez: "Me gustaría el pelotón de fusilamiento, por favor". Su abogado dijo que la decisión fue tomada por su preferencia, no por el deseo de avergonzar al estado o atraer atención a su caso.

Gardner, de 49 años, fue sentenciado a la pena máxima en 1985 por dispararle al abogado Michael Burdell en plena audiencia durante un intento de fuga. Gardner se encontraba en la Corte porque enfrentaba un cargo por asesinato de 1984 por la muerte a tiros del cantinero Melvyn Otterstrom.


Los cinco hombres que le dispararon a Gardner permanecieron en el anonimato. Son policías que se ofrecieron voluntariamente a llevar a cabo la sentencia a muerte.


Gardner y su abogado pelearon hasta el final para detener la ejecución. Realizaron peticiones en tribunales estatales y federales, le pidieron al Consejo de Libertad Condicional que cambiara su sentencia a condena perpetua sin oportunidad de libertad condicional y, finalmente, intentaron sin éxito apelar ante el gobernador de Utah, Gary Herbert, y la Corte Suprema.

jueves, 25 de febrero de 2010

Legalizan la pena de muerte en Corea del Sur

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Internacionales – Pena de Muerte – Noticias


Fuente: www.lanacion.com


La justicia determinó que "no va en contra de la Constitución" y aclaró que se aplicará en "casos excepcionales"


SEUL (EFE).- La Corte Suprema de Corea del Sur consideró legal la aplicación de la pena de muerte en ese país, en un fallo duramente criticado por los activistas pro derechos humanos y asociaciones religiosas.


Desde hace 12 años existe una moratoria oficiosa en Corea del Sur para la aplicación de la pena capital, aunque los tribunales siguen emitiendo esas condenas y en la actualidad hasta 59 presos están sentenciados al máximo castigo legal en las cárceles del país.


En su segunda sentencia sobre este controvertido asunto desde 1996, la justicia dictaminó que la pena de muerte es "un castigo legal que puede detener los delitos en defensa del público", si bien estipuló que debe limitarse a "casos excepcionales".


La sentencia, similar al fallo anterior, fue aprobada por la mínima: cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados de la alta Corte surcoreana. El tribunal declaró la pena de muerte "constitucional" dado que "el interés público, como es proteger la vida del pueblo, no puede considerarse menos válido que el derecho a la vida de las personas que cometen delitos extremos".


"La pena de muerte no va en contra de la Constitución mientras se limite a aplicarse a personas que cometieron delitos extremos como acabar con muchas vidas de forma cruel", sentenció la corte.


Nada más conocerse la sentencia, emitida a petición de un condenado a muerte, varias asociaciones religiosas y de derechos humanos surcoreanas expresaron su "enérgica protesta" y calificaron la pena capital de castigo "inhumano".


En un comunicado conjunto, grupos como el Comité Católico de Derechos Humanos, la Asociación de Abogados para una Sociedad Democrática y Amnistía Internacional de Corea del Sur opinaron que se trata de "un castigo cruel, inhumano e indigno que niega el derecho a la vida".

Esos grupos señalaron que seguirán trabajando para que el gobierno surcoreano proclame una moratoria oficial de las ejecuciones en el país, donde ya existe una suspensión de facto, aunque oficiosa, desde 1998.


La sentencia de la Corte añade más leña al fuego a un controvertido asunto en el que la sociedad surcoreana está dividida desde hace años.


Quienes abogan por la pena de muerte, como el grupo Ciudadanos Unidos por una Sociedad Mejor, argumentan la necesidad de prevenir delitos violentos ante el creciente número de asesinatos registrados en los últimos años, que han generado una fuerte conmoción social nacional.


En cambio, los partidarios de su abolición defienden que viola los derechos humanos y que cada vez un mayor número de países han optado por eliminarla de su legislación y sustituirla por la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.


Pese a que está legalmente en vigor, Corea del Sur mantiene una suspensión no oficial de las ejecuciones desde febrero de 1998, cuando asumió el poder el presidente Kim Dae-jung, fallecido el año pasado.


Kim Dae-jung había sido condenado a muerte en 1980 por motivos políticos pero fue perdonado posteriormente, y desde su mandato no ha vuelto a aplicarse la pena capital, que en Corea del Sur se realizaba generalmente por ahorcamiento.

lunes, 14 de diciembre de 2009

¿Una forma más humana de ejecutar?

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Internacional - Pena de Muerte - Noticias.-

Fuente: www.bbc.com

Kenneth Biros, condenado por asesinato en Ohio, Estados Unidos, se convirtió en la primera persona que es ejecutada con una nueva forma de inyección letal.


Fue la primera vez que se utilizó una inyección de un solo compuesto químico en lugar de la combinación de tres que se utiliza normalmente.


Las autoridades del estado decidieron revisar sus procedimientos de ejecución después de un intento fallido en septiembre pasado.


En esa ocasión, los verdugos trataron durante horas de encontrar una vena adecuada para la inyección, y lo intentaron 18 veces repetidamente topándose con hueso o músculo en lugar de venas.


El nuevo régimen utiliza una sola dosis de pentotal sódico que, si falla, permite la inyección de otro compuesto directamente en los músculos y no en las venas.


Según Ohio, el nuevo procedimiento pondrá fin a las demandas legales que ha enfrentado el estado en el pasado porque supuestamente el antiguo sistema de tres inyecciones podía causar dolor severo al condenado.


"No hubo ningún problema en lo que mi equipo llevó a cabo hoy" afirmó tras la ejecución Terry Collins, Director de Prisiones de Ohio.


"Llevaron a cabo un procedimiento admirable, tal como yo lo esperaba. De manera que, por favor, no sigamos diciendo que hubo problemas para aplicar la ley en este estado y en esta ejecución en particular. Ningún problema en absoluto" expresó el funcionario.


Participe: ¿Pena de muerte "más humana"?


Pero aunque algunos expertos y abogados afirman que la dosis única no causa dolor, otros científicos argumentan que el nuevo método toma más tiempo y puede ser más inhumano que el anterior.


"El proceso requiere colocar un catéter directamente en la vena" explicó a la BBC el doctor Jonathan Groener, cirujano y experto en inyecciones letales basado en Ohio.


"Previamente se administraban tres inyecciones: un anestésico, un agente paralizador muscular y una dosis de cloruro de potasio que supuestamente debe provocar un paro cardíaco".


"En esta ocasión sólo administraron una dosis masiva de pentotal sódico, que es un agente anestésico de acción superrápida. Algo que nunca antes había sido llevado a cabo" afirma el experto.


¿Más humano?


El origen de las inyecciones letales se remonta a 1977 en Oklahoma, Estados Unidos.


El fármaco fue creado por un médico forense cuyo objetivo era encontrar una alternativa más humana a la silla eléctrica.


En ayuda de expertos anestesiólogos , el médico diseñó la combinación triple que creía podría producir una muerte relativamente libre de dolor causada por paro cardíaco y respiratorio.


El actual protocolo de Estados Unidos, que se utiliza en 34 de los 36 estados que cuentan con pena de muerte, todavía utiliza la combinación triple.


Y desde el 1 de enero de 2009, en todo Estados Unidos se ha a ejecutado a 50 personas con inyección letal.


Pero tal como señalan los expertos, aún cuando es suministrada por verdugos experimentados, la experiencia demuestra que ese régimen no siempre funciona de forma tan eficiente como se desea. Y tampoco se cree que el nuevo método sea mejor.


"Se cree que con el antiguo protocolo la muerte se debía al paro cardíaco causado por el cloruro de potasio. Con el nuevo protocolo creemos que ocurre una crisis cardíaca o que el individuo se sofoca debido a un coma profundo que no le permite respirar".


El experto cree que, más que los fármacos, el problema con las inyecciones letales es la forma como se administran.


Investigaciones pasadas que han analizado los datos de ejecuciones y llevado a cabo pruebas de laboratorio afirman que las dosis que suministran podrían ser incorrectas.


Según el doctor Groener, "en tres de las siete ejecuciones llevadas a cabo antes de la ayer hubo problemas terribles con la colocación del catéter intravenoso".


"En un caso, el condenado incluso se paró de la cama diciéndoles a los verdugos: "no funciona, no funciona". Y llevaban tanto tiempo tratando de encontrar la vena que incluso el individuo tuvo permiso de ir al baño y regresar para seguir siendo ejecutado".


Muerte lenta


El doctor Groener no cree que el nuevo protocolo sea una forma más humana de ejecutar a un ser humano.


Aunque la dosis masiva de pentotal sódico puede matar a cualquiera, y quizás es una muerte pacífica, puede tomar mucho tiempo porque no se utilizan agentes que provocan paro cardíaco.


Pero además, dice, están los posibles problemas que se enfrentan para encontrar una vena.


"No es solamente el hecho de no encontrar la vena, también está el problema de agujas rotas dentro de la piel, o picaduras de nervios que son muy dolorosas" afirma el cirujano.


"Si comparamos la inyección letal al pelotón de fusilamiento, los registros históricos nos dirán que éste último nunca falla y que el individuo muere en segundos por varios tiros directamente en el corazón".


"Así que debe haber otro método igualmente efectivo", expresa el médico.


La electrocución en silla eléctrica sigue siendo una forma opcional de ejecución en algunos estados del país, como Florida, Illinois, Oklahoma y Alabama, pero los condenados pueden elegir la inyección letal como método alternativo.


La última persona ejecutada en silla eléctrica fue Larry Bill Elliot, el 17 de noviembre de 2009 en Virginia, quien eligió este método.


Es poco probable que la pena de muerte sea abolida en Estados Unidos, donde hasta enero de 2009 han sido condenados 3.297 individuos que viven en los llamados corredores de la muerte, principalmente en los estados de California, Florida y Texas.

jueves, 5 de marzo de 2009

Argibay: "Ningún ministro de la Corte puede apoyar la pena de muerte"

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Actualidad - Pena de Muerte - Opinión

Fuente: www.lanacion.com

La jueza del máximo tribunal dijo que aplicar esa sanción sería violatorio de la Constitución Nacional; Zaffaroni aseguró que, por las sucesivas modificaciones, el Código Penal "está en escombros"; también criticó a la prensa

Al rechazo de casi todo el arco político al reclamo de instaurar la pena de muerte para quienes cometen asesinatos se sumaron hoy los jueces de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni.

Argibay dijo hoy en Mendoza que "la Constitución Argentina no permite la pena de muerte" y subrayó que "cuando se empieza a pedir la pena de muerte lo que se está pidiendo es que se viole la Constitución Nacional".

"Ninguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia en este momento puede apoyar de ninguna manera la pena de muerte, porque nosotros somos respetuosos de las leyes, hemos jurado respetar la Constitución", afirmó la magistrada.

El debate se reabrió la semana pasada luego del reclamo efectuado por la conductora Susana Giménez, poco después de enterarse la violenta muerte de uno de sus colaboradores.

Por ese trágico episodio, Giménez había asegurado que "el que mata debe morir". Luego, aclaró que tal afirmación la hizo en un momento "caliente" y que no estaba en favor de la pena de muerte.

Argibay participó en Mendoza de la inauguración del año judicial en la provincia y en conferencia de prensa recordó que en la Carta Magna está "incorporado el Pacto de San José de Costa Rica que impide que se ponga la pena de muerte en un país donde no existe la pena de muerte".

"Nosotros no vamos a ir nunca en contra de nuestra Constitución" la cual "no permite la pena de muerte, no es una pena previsible y posible en la República Argentina" y que cuando alguien empieza a pedir la pena de muerte "lo que está pidiendo es que se viole la Constitución Nacional", sostuvo.

Catastrófico. En tanto, el juez Eugenio Zaffaroni aseguró que por efecto de las sucesivas modificaciones el Código Penal "vive un momento catastrófico". Y explicó "si preguntaran cuál es la pena máxima en el país se podría contestar que es la prisión perpetua, o 50 años de prisión, o 37 y medio o 25, ya que para cualquier respuesta habría una parte del Código que la respalde".

La descarnada exposición de Zaffaroni clausuró el seminario "Derechos Humanos y justicia penal en América Latina" organizado por la Corte Suprema de Justicia.

En su intervención, el juez también realizó un amplio diagnóstico del sistema penal en el país como consecuencia de los modelos globales de "exclusión social que han creado un nuevo sujeto, el excluido, que no es un explotado sino uno que nació mal".

También fustigó a los medios de prensa que "nos bombardean con noticias rojas y crean una realidad en la que el enemigo principal es la inseguridad urbana".

"Los políticos le temen a esos medios y como consecuencia de ello hacen modificaciones al Código Penal, que está en escombros, porque cada cambio es en realidad un mensaje motivado en una coyuntura que ya olvidamos".

Finalmente, Zaffaroni se manifestó por "evitar todo fraccionamiento de la sociedad, que es lo que buscan estos discursos partidarios de la pena de muerte".

viernes, 6 de febrero de 2009

México debatirá pena de muerte

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Noticias – Internacionales – Pena de Muerte
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Fuente: http://www.bbcmundo.com/
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El Congreso de México acordó este miércoles la celebración de una serie de foros de debate sobre la posibilidad de reinstaurar la pena de muerte para castigar determinados crímenes.

Los foros reunirán a expertos es criminología, grupos de defensa de los derechos humanos y académicos para discutir los méritos de volver a instaurar la pena capital en el país, que fue abolida en 2005.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó que la Cámara de Diputados lleve a cabo los debates de acuerdo con una propuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que recibió el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de Acción Nacional (PAN).

Desde hace varios meses el PVEM desarrolla una campaña mediática a favor de las ejecuciones con el fin de frenar los secuestros y homicidios en México.

El tema ha cobrado fuerza en el país a raíz del secuestro de Fernando Martí, un joven de 14 años que fue asesinado por sus captores, a pesar de que se había pagado la suma exigida.

El caso de Martí desató la presión social que culminó con la marcha contra la inseguridad en agosto de 2008, en la que participó alrededor de un millón de personas.

Clima de inseguridad

A pesar de que la pena de muerte fue eliminada de la Constitución en 2005, la condena se aplicó por última vez en México en 1937.

Gloria Lavara, coordinadora del grupo parlamentario del PVEM, le dijo a la corresponsal de BBC Mundo en México, Cecilia Barría, que según encuestas realizadas por organismos independientes, un 70% de los mexicanos está a favor de la pena de muerte para secuestradores.

"Nosotros simplemente estamos representando la inquietud de la población que ya está cansada de vivir en este clima de inseguridad permanente", expresó.

Pero Ana Luisa Nerio, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, sostuvo que el Partido Verde está instrumentalizando el malestar popular para obtener dividendos políticos.

"La pena de muerte es la solución más simplista y retrógrada frente a los secuestros. No da cuenta de las causas estructurales que generan este problema ni tiene un efecto disuasivo en los criminales", dijo Nerio a BBC Mundo.

México vive una explosión de la violencia debido al aumento del tráfico de drogas. Se calcula que más de 5.000 personas fallecieron en 2008 en crímenes relacionados con la lucha entre las pandillas de los narcos.

viernes, 27 de junio de 2008

No a la pena de muerte

Noticias – Pena de Muerte

Fuente: www.DiarioJudicial.com

El Congreso aprobó el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte adoptado por la Asamblea General de la OEA hace más de 10 años. La Ley 26.379 que ratifica el Protocolo, fue sancionada el pasado 21 de mayo y publicada en el Boletín Oficial el 12 de junio. En el mundo todavía hay muchos estados que no abolieron la pena capital, por lo que más de mil personas son ejecutadas anualmente.

La pena capital consiste en la ejecución de un condenado por parte del Estado, como castigo por un delito. En nuestro país, a pesar de que no se aplica este tipo de condena, se ratificó el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte adoptado por la Asamblea General de la OEA en el año 1990. Como consecuencia de ello, el pasado 21 de mayo el Congreso aprobó la Ley 26.379 que fue publicada en el Boletín Oficial el 12 de junio.

El protocolo ratificado por la Argentina, estipula que no se aplicará la pena capital a ninguna persona sometida a la jurisdicción de los estados partes. Sin embargo, se contempla que sus miembros, tendrán la opción de declarar que se reservan “el derecho de aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra, conforme al Derecho Internacional por delitos sumamente graves de carácter militar”.

Como fundamento para abolir la pena capital, se señala que el Artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida y restringe la aplicación de este tipo de penalidad.

Paralelamente, se hace énfasis en que “toda persona tiene el derecho inalienable a que se le respete su vida, sin que este derecho pueda ser suspendido por ninguna causa”, además de considerar que la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irreparables que impiden subsanar el error judicial y eliminar toda posibilidad de enmienda y rehabilitación del procesado.

Por último, se fundamenta en el texto que “la abolición de la pena de muerte contribuye a asegurar una protección más efectiva del derecho a la vida”, por lo que se entendió necesario alcanzar un acuerdo entre los estados americanos.

Es interesante destacar, que a fines del año pasado, la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), aprobó la petición para abolir la pena capital. En su momento, algunos países como Irak, Estados Unidos, Singapur y China, se habían opuesto a la medida, afirmando que el derecho internacional no debe prohibir la pena capital, cuestión que toca asuntos relativos a la soberanía nacional.

También, en esa oportunidad, Argentina fue uno de los principales impulsores de los 99 países que votaron a favor de la supresión de la pena capital. El dictado de esa resolución tenía un sustancial valor a nivel moral y humano, pero no tenía una significación jurídica en los estados, ya que no poseía carácter obligatorio.

Esto difiere de este protocolo, que fue aprobado con fuerza de ley en nuestro país, imponiéndose de forma imperativa a nivel nacional. En Argentina tanto en Constitución Nacional como los diversos tratados con jerarquía constitucional que integran nuestra legislación, se prohíbe este tipo de condena. El art. 18 de la Ley Fundamental establece que “quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas”.

A su vez, la pena capital fue derogada por el Código Penal, ya que entre otras cuestiones, se estimó el carácter irreparable e inaceptable frente a la incertidumbre de acierto en el juez y la imposibilidad de determinar si un delincuente puede ser considerado incorregible.

Adicionalmente, hay que destacar, que según un informe de Amnistía Internacional, la aplicación de esta pena mortal está permitida en Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia, China y gran parte de los países de Medio Oriente. En estados como Irán, Arabia Saudita y Yemen, hasta se llegó a imponer este castigo a menores de edad.

El informe también señala que es en China donde más se aplica la pena capital, además de exponer que en el año 2007, 1.252 personas fueron ejecutadas en 24 países y a otras 3.347 le aplicaron este tipo de condena en 51 estados.

Actualmente el uso de la pena de muerte ha sido abolido en casi todos los países europeos, y la mayoría de los que integran Oceanía, entre ellos, Australia, Nueva Zelanda y Timor Oriental.

En el continente americano varias naciones han suprimido completamente la pena de muerte, mientras que en Estados Unidos, Guatemala y varios lugares del Caribe la mantiene aún vigente. En Brasil se aplica como castigo en situaciones excepcionales, como en supuestos de traición cometida en tiempo de guerra. En Asia la pena capital está permitida en zonas como Japón e India, y en el caso de África, también continúa implementándose en regiones como Botswana y Zambia.