Fuente: http://www.bbcmundo.com/
Las autoridades de México informaron del hallazgo de 13 cuerpos sin vida, la mayoría adolescentes, en el noroccidental estado de Sinaloa, hogar de uno de los carteles de las drogas más violentos del país. Cada víctima había recibido varios impactos de bala y tiros de gracia.
La noticia sucede un día después de que un importante diario nacional, El Universal, informara que más de 5.000 personas han muerto en violencia relacionada al narcotráfico en lo que va del año.
La cifra, aunque es extraoficial, dobla el monto de muertes registrado en 2007.
Los niveles de violencia han hecho que legisladores propongan aplicar de nuevo la pena de muerte.
Tiro de gracia
La Procuraduría General de Justicia del Estado dijo que transeúntes encontraron los cadáveres cerca de un camión robado a tempranas horas del jueves.
Todos estaban boca abajo, con las manos atadas y con tiros de gracia. El cartel de Sinaloa controla el tráfico de drogas en ese estado del mismo nombre y está aliado a otro grupo con que conforma el cartel del Pacífico.
Esta organización está enfrentada al cartel del Golfo en una guerra a muerte que es fuente de la elevada violencia en México
El presidente Felipe Calderón ha emplazado más de 40.000 efectivos para luchar contra los carteles de la droga que controlan el lucrativo tráfico de narcóticos ilegales, como la cocaína, hacia Estados Unidos.
Pero los llamados 100 días de compromisos del Estado y de las autoridades de seguridad pública no han tenido los resultados esperados por la sociedad.
Debate por pena de muerte
La información también se produce en momentos en que legisladores en la Cámara de Diputados del Congreso de México propusieron que se abra un debate nacional sobre la aplicación de la pena de muerte ante el incremento del número de muertes violentas en todo el país.
Los congresistas advierten que "la gente está desesperada" por la ola de criminalidad y violencia, mientras que los delincuentes siguen impunes.
La bancada del oficialista Partido Acción Nacional (PAN), que en su mayoría se opone a la pena capital, apoya la discusión para examinar sus implicaciones.
Los legisladores señalan que la solución a los problemas de seguridad pública pueden encontrarse atacando la impunidad, en lugar de por la aplicación de penas drásticas.
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