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Fuente: www.lanacion.com
"Como defensor oficial debo garantizar un juicio justo a cualquier persona", afirmó Gustavo Kollmann Foto: LA NACION / Maxie Amena
Gustavo Carabajal
LA NACION
A principios de este año, Miguel Carcaño, acusado de asesinar a la joven sevillana Marta del Castillo y de arrojar su cuerpo al río Guadalquivir, no encontraba un abogado que lo representara. Los dos defensores de oficio que le habían designado se negaron a hacerlo. El homicidio de la muchacha había conmocionado a Andalucía, en España, porque resultó el corolario de una búsqueda de diez días y porque el presunto homicida era el ex novio de la víctima.
En la Argentina, la situación es distinta. Los defensores oficiales dependen del Estado, a diferencia de España, donde son designados por los Colegios de Abogados. En nuestro país, los defensores públicos deben justificar las causas por las que rechazan un caso. Para ellos las causales de excusación son las mismas que para los jueces.
A partir de hechos como el ocurrido en España o en nuestro país, donde el vecino del edificio de Caballito intentó violar y asesinó de diez puñaladas a Soledad Bargna o el hombre que violó y torturó a una niña en San Miguel del Monte, surgió el planteo de cuáles son los límites para un abogado en el momento de aceptar la defensa de un acusado.
"Estamos para defender a todos los acusados y eso no significa que seamos cómplices de ellos. El límite ético pasa por cada persona. Debemos partir de la base de que el abogado defensor no juzga al imputado, por lo que se debe comenzar por el principio de inocencia. Tenemos la obligación de garantizarle el juicio justo a cualquier persona sobre la que rige el principio de inocencia. No soy yo quien lo juzgue, más allá del tipo de delito que el imputado hubiera cometido", explicó Gustavo Kollmann, defensor oficial ante la Cámara Federal.
Según el último párrafo del artículo 10 del Código de Etica de los abogados, "un letrado no debe hacerse cargo de un asunto, sino cuando tenga libertad moral para dirigirlo o atenderlo".
"Los defensores somos una de las partes que garantizamos el juicio justo. Yo defiendo a inocentes. La equiparación de los defensores con los jueces y fiscales da la garantía a las personas que defendemos", agregó Kollmann, quien hace 16 años que se desempeña como defensor oficial y que en su carrera tuvo que representar a un violador en un juicio.
La mayor cantidad de casos de defensores oficiales que se negaron a representar a acusados se produjo en los últimos meses, a partir de la sucesión de los juicios contra militares acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Varios defensores oficiales se excusaron de intervenir por violencia moral debido a que tenían algún familiar desaparecido.
"Jamás podría defender a militares acusados de delitos de lesa humanidad porque aborrezco esos delitos y porque tengo una posición política y una íntima convicción que me impediría ser útil en la defensa de una persona imputada de ese delito", expresó el abogado Miguel Angel Pierri, quien representó a uno de los policías acusados en el caso AMIA.
El abogado Roberto Babington defendió a Luis Valor, jefe de la superbanda, condenado por asaltar bancos y blindados en la década del 90, y al empresario Daniel Bellini, dueño de la disco Pinar de Rocha, acusado de homicidio, entre otros. Aseguró que no defendería a violadores.
El momento de decidir
"A partir del momento en que una persona está afectada por sus sentimientos debido a la conmoción que le produce una situación como la de un acusado de violación, es muy difícil poder estar libre intelectualmente para aplicar todo lo que uno sabe en defensa de los intereses que se le pide que represente", sostuvo Babington.
"Cuando el letrado -agregó- se siente afectado por la naturaleza del delito, no debe dudar y debe apartarse de la defensa porque, en lugar de cumplir con su cometido con eficiencia, lo estaría perjudicando."
En esa misma sintonía, Mariano Cúneo Libarona afirmó que tampoco defendería a violadores. "Yo me ocupo de casos complejos en los que se aplicó mal la ley o se hizo una interpretación equivocada de las normas", expresó el abogado que, entre otros, defendió a Guillermo Cóppola y a Emir Yoma.
Al contrario de sus colegas, el letrado Juan Martín Cerolini, quien defendió al capellán de la policía bonaerense Cristian von Wernich, condenado por homicidios agravados, privación ilegal de la libertad y tormentos, afirmó que sus límites eran muy amplios y que no tenía problemas en representar a violadores.
"A Von Wernich lo defendí porque quería entrar en la historia judicial argentina. Al principio, no lo quería defender nadie. Representarlo me trajo algunos problemas. Perdí algunos clientes, pero también se me acercaron otros. Hubo presiones. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, envió una carta a los defensores oficiales en la que afirmaba que los eximía de cualquier responsabilidad en caso de que no aceptaran defender al sacerdote", manifestó el letrado.
Fuente: www.lanacion.com
"Como defensor oficial debo garantizar un juicio justo a cualquier persona", afirmó Gustavo Kollmann Foto: LA NACION / Maxie Amena
Gustavo Carabajal
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A principios de este año, Miguel Carcaño, acusado de asesinar a la joven sevillana Marta del Castillo y de arrojar su cuerpo al río Guadalquivir, no encontraba un abogado que lo representara. Los dos defensores de oficio que le habían designado se negaron a hacerlo. El homicidio de la muchacha había conmocionado a Andalucía, en España, porque resultó el corolario de una búsqueda de diez días y porque el presunto homicida era el ex novio de la víctima.
En la Argentina, la situación es distinta. Los defensores oficiales dependen del Estado, a diferencia de España, donde son designados por los Colegios de Abogados. En nuestro país, los defensores públicos deben justificar las causas por las que rechazan un caso. Para ellos las causales de excusación son las mismas que para los jueces.
A partir de hechos como el ocurrido en España o en nuestro país, donde el vecino del edificio de Caballito intentó violar y asesinó de diez puñaladas a Soledad Bargna o el hombre que violó y torturó a una niña en San Miguel del Monte, surgió el planteo de cuáles son los límites para un abogado en el momento de aceptar la defensa de un acusado.
"Estamos para defender a todos los acusados y eso no significa que seamos cómplices de ellos. El límite ético pasa por cada persona. Debemos partir de la base de que el abogado defensor no juzga al imputado, por lo que se debe comenzar por el principio de inocencia. Tenemos la obligación de garantizarle el juicio justo a cualquier persona sobre la que rige el principio de inocencia. No soy yo quien lo juzgue, más allá del tipo de delito que el imputado hubiera cometido", explicó Gustavo Kollmann, defensor oficial ante la Cámara Federal.
Según el último párrafo del artículo 10 del Código de Etica de los abogados, "un letrado no debe hacerse cargo de un asunto, sino cuando tenga libertad moral para dirigirlo o atenderlo".
"Los defensores somos una de las partes que garantizamos el juicio justo. Yo defiendo a inocentes. La equiparación de los defensores con los jueces y fiscales da la garantía a las personas que defendemos", agregó Kollmann, quien hace 16 años que se desempeña como defensor oficial y que en su carrera tuvo que representar a un violador en un juicio.
La mayor cantidad de casos de defensores oficiales que se negaron a representar a acusados se produjo en los últimos meses, a partir de la sucesión de los juicios contra militares acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Varios defensores oficiales se excusaron de intervenir por violencia moral debido a que tenían algún familiar desaparecido.
"Jamás podría defender a militares acusados de delitos de lesa humanidad porque aborrezco esos delitos y porque tengo una posición política y una íntima convicción que me impediría ser útil en la defensa de una persona imputada de ese delito", expresó el abogado Miguel Angel Pierri, quien representó a uno de los policías acusados en el caso AMIA.
El abogado Roberto Babington defendió a Luis Valor, jefe de la superbanda, condenado por asaltar bancos y blindados en la década del 90, y al empresario Daniel Bellini, dueño de la disco Pinar de Rocha, acusado de homicidio, entre otros. Aseguró que no defendería a violadores.
El momento de decidir
"A partir del momento en que una persona está afectada por sus sentimientos debido a la conmoción que le produce una situación como la de un acusado de violación, es muy difícil poder estar libre intelectualmente para aplicar todo lo que uno sabe en defensa de los intereses que se le pide que represente", sostuvo Babington.
"Cuando el letrado -agregó- se siente afectado por la naturaleza del delito, no debe dudar y debe apartarse de la defensa porque, en lugar de cumplir con su cometido con eficiencia, lo estaría perjudicando."
En esa misma sintonía, Mariano Cúneo Libarona afirmó que tampoco defendería a violadores. "Yo me ocupo de casos complejos en los que se aplicó mal la ley o se hizo una interpretación equivocada de las normas", expresó el abogado que, entre otros, defendió a Guillermo Cóppola y a Emir Yoma.
Al contrario de sus colegas, el letrado Juan Martín Cerolini, quien defendió al capellán de la policía bonaerense Cristian von Wernich, condenado por homicidios agravados, privación ilegal de la libertad y tormentos, afirmó que sus límites eran muy amplios y que no tenía problemas en representar a violadores.
"A Von Wernich lo defendí porque quería entrar en la historia judicial argentina. Al principio, no lo quería defender nadie. Representarlo me trajo algunos problemas. Perdí algunos clientes, pero también se me acercaron otros. Hubo presiones. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, envió una carta a los defensores oficiales en la que afirmaba que los eximía de cualquier responsabilidad en caso de que no aceptaran defender al sacerdote", manifestó el letrado.
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