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Fuente: www.lanacion.com
La justicia determinó que "no va en contra de la Constitución" y aclaró que se aplicará en "casos excepcionales"
SEUL (EFE).-
Desde hace 12 años existe una moratoria oficiosa en Corea del Sur para la aplicación de la pena capital, aunque los tribunales siguen emitiendo esas condenas y en la actualidad hasta 59 presos están sentenciados al máximo castigo legal en las cárceles del país.
En su segunda sentencia sobre este controvertido asunto desde 1996, la justicia dictaminó que la pena de muerte es "un castigo legal que puede detener los delitos en defensa del público", si bien estipuló que debe limitarse a "casos excepcionales".
La sentencia, similar al fallo anterior, fue aprobada por la mínima: cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados de
"La pena de muerte no va en contra de la Constitución mientras se limite a aplicarse a personas que cometieron delitos extremos como acabar con muchas vidas de forma cruel", sentenció la corte.
Nada más conocerse la sentencia, emitida a petición de un condenado a muerte, varias asociaciones religiosas y de derechos humanos surcoreanas expresaron su "enérgica protesta" y calificaron la pena capital de castigo "inhumano".
En un comunicado conjunto, grupos como el Comité Católico de Derechos Humanos, la Asociación de Abogados para una Sociedad Democrática y Amnistía Internacional de Corea del Sur opinaron que se trata de "un castigo cruel, inhumano e indigno que niega el derecho a la vida".
Esos grupos señalaron que seguirán trabajando para que el gobierno surcoreano proclame una moratoria oficial de las ejecuciones en el país, donde ya existe una suspensión de facto, aunque oficiosa, desde 1998.
La sentencia de la Corte añade más leña al fuego a un controvertido asunto en el que la sociedad surcoreana está dividida desde hace años.
Quienes abogan por la pena de muerte, como el grupo Ciudadanos Unidos por una Sociedad Mejor, argumentan la necesidad de prevenir delitos violentos ante el creciente número de asesinatos registrados en los últimos años, que han generado una fuerte conmoción social nacional.
En cambio, los partidarios de su abolición defienden que viola los derechos humanos y que cada vez un mayor número de países han optado por eliminarla de su legislación y sustituirla por la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Pese a que está legalmente en vigor, Corea del Sur mantiene una suspensión no oficial de las ejecuciones desde febrero de 1998, cuando asumió el poder el presidente Kim Dae-jung, fallecido el año pasado.
Kim Dae-jung había sido condenado a muerte en 1980 por motivos políticos pero fue perdonado posteriormente, y desde su mandato no ha vuelto a aplicarse la pena capital, que en Corea del Sur se realizaba generalmente por ahorcamiento.
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