Noticias - Servicio Penitenciario - CIDH.-
Washington, D.C., 12 de julio de 2010 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta profundamente las muertes de doce internos en la Cárcel Departamental de Rocha, en Uruguay. La CIDH hace un llamado urgente al Estado para que adopte las medidas necesarias para investigar debidamente estos hechos, y para prevenir su repetición.
Según la información recibida, doce personas resultaron muertas y al menos ocho heridas como consecuencia de un incendio ocurrido el 8 de julio de 2010 en la Cárcel Departamental de Rocha.
La CIDH se solidariza con las familias de los internos fallecidos y con las personas que resultaron heridas.
La CIDH observa como un gesto positivo las disculpas públicas ofrecidas por el Presidente de Uruguay, José Mujica, en relación con estos hechos; sin embargo, recuerda que el Estado se encuentra en una posición especial de garante frente a los derechos de las personas privadas de libertad. Esto hace que el acto de reclusión implique un compromiso específico y material del Estado de garantizar la vida e integridad personal de los reclusos. Este deber de garantizar implica que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de situación de riesgo que amenace gravemente los derechos fundamentales de los detenidos. Asimismo, los Estados, como garantes de los derechos de las personas privadas de libertad, tienen el deber de investigar de oficio y con la debida diligencia las violaciones al derecho a la vida e integridad personal que ocurran a lo interno de las prisiones.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Según la información recibida, doce personas resultaron muertas y al menos ocho heridas como consecuencia de un incendio ocurrido el 8 de julio de 2010 en la Cárcel Departamental de Rocha.
La CIDH se solidariza con las familias de los internos fallecidos y con las personas que resultaron heridas.
La CIDH observa como un gesto positivo las disculpas públicas ofrecidas por el Presidente de Uruguay, José Mujica, en relación con estos hechos; sin embargo, recuerda que el Estado se encuentra en una posición especial de garante frente a los derechos de las personas privadas de libertad. Esto hace que el acto de reclusión implique un compromiso específico y material del Estado de garantizar la vida e integridad personal de los reclusos. Este deber de garantizar implica que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de situación de riesgo que amenace gravemente los derechos fundamentales de los detenidos. Asimismo, los Estados, como garantes de los derechos de las personas privadas de libertad, tienen el deber de investigar de oficio y con la debida diligencia las violaciones al derecho a la vida e integridad personal que ocurran a lo interno de las prisiones.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
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