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La Legislatura provincial participa este miércoles de sesiones extraordinarias para analizar iniciativas de Justicia y Seguridad. Entre las propuestas, que ya cuentan con un primer consenso, se destaca la reforma al Código de Ejecución Penal.Los legisladores de la Provincia de Buenos Aires fueron convocados esta semana a una sesión extraordinaria, anticipando el período ordinario legislativo, para tratar temas vinculados a justicia y seguridad.
La agenda legislativa marcó este miércoles como el día en que los senadores bonaerenses deberán tratar el paquete de normas propuesto por el Ejecutivo, a cargo del gobernador Daniel Scioli y el ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal.
El proyecto de mayor relevancia tiene como objetivo la reforma del Código de Ejecución Penal, que busca flexibilizar el régimen de prisión preventiva y, en términos generales, apunta a coordinar la normativa provincial con la legislación nacional y dar cumplimiento a un fallo de la Corte Suprema en ese sentido. Otras de las modificaciones que se impulsa tiene que ver con el mecanismo que deberán utilizar los jueces para disponer salidas transitorias, libertad asistida o libertades condicionales: en todos los casos estas medidas se dispondrán en audiencia oral obligatoria.
Según cifras reflejadas por la Corte bonaerense en el caso "Verbitsky", el 75 por ciento de los presos locales son procesados (no tienen condena firme). El fallo indicaba que "la prisión preventiva funcionaba como una pena anticipada".
La normativa propone la "adecuación a los estándares nacionales de todos los institutos relacionados con la extensión, consistencia y modalidad de cumplimiento de las penas privativas de la libertad, retomando una importante iniciativa previa de la propia Legislatura, en la que confluye también el trabajo y aporte de diversas instituciones y organismos vinculados a la materia". Además se integran al texto una serie de postulados y principios que "aseguran criterios de interpretación y aplicación notoriamente superadores de los vigentes”, señaló por último Casal.
La segunda iniciativa presentada tiene como finalidad potenciar las herramientas de investigación de hechos delictivos, brindando certeza y seguridad a todos los ciudadanos que posean datos relevantes para aportar a la Justicia, que serán considerados testigos de identidad reservada. A través de dicha iniciativa, se propicia la declaración bajo "reserva de identidad" para toda persona que desee aportar información o datos útiles para el esclarecimiento de un ilícito, podrá requerir al Fiscal declarar bajo reserva de su identidad, cuando motivos fundados así lo justifiquen.
La tercera propuesta legislativa tiende a la descentralización del Tribunal de Casación Penal. “Se crearán once salas más, de las cuales cinco estarán en La Plata con competencia territorial en los departamentos judiciales de La Plata, La Matanza, Lomas de Zamora, Morón y Quilmes; dos salas nuevas en San Martín; dos en Mercedes y las otras dos en Mar del Plata para atender el resto de la Provincia de Buenos Aires”, detalló el ministro de Justicia y Seguridad.
El cuarto proyecto ingresado en el Senado es el que plantea un cupo laboral para Administración Pública central y descentralizada con solicitud de adhesión de los Municipios. Esta normativa es la que crea un cupo del dos por ciento en la Administración e impulsa medidas impositivas y de ventajas en licitaciones a empleadores que tomen en su prestación de servicio a personas liberadas. En tanto que los empleadores de personas tuteladas o liberadas podrán imputar el equivalente al cincuenta por ciento de las remuneraciones nominales que éstas perciban, como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La quinta propuesta legislativa busca la creación de los Cuerpos de Investigación Judicial. Se creará en todos los departamentos judiciales del Conurbano, Mar del Plata y Bahía Blanca, a fin de incorporar profesionales de distintas áreas como criminología, medicina forense, informática, derecho y economía para ser capacitados y entrenados para la investigación de delitos complejos. Estos investigadores estarían bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio pero tendrán dependencia de cada Fiscalía General departamental. No obstante, legisladores de la oposición ya adelantaron que intentarán que la dependencia esté subordinada a la Procuración General de la Suprema Corte.
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