"No hay condenas por lavado por la levedad del tipo penal"

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Lo dijo este martes el ministro Julio Alak, ante los legisladores de la Comisión de Justicia. Remarcó la “necesidad de ajustar el tipo penal” para adecuar la normativa interna a las recomendaciones del GAFI por lavado de activos y pidió una “concientización del Poder Judicial" para tratar este tipo de causas.

No es la primera vez que el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, visitó la Cámara de Diputados para explicar y explicitar diversas dudas que le fueron planteadas por los legisladores. A su lado también estuvo presente el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, quien también fue interpelado por los diputados.

Este martes, sin embargo, los planteamientos y preguntas estuvieron principalmente direccionados al proyecto presentado en junio del año pasado por el Ejecutivo Nacional y que busca establecer la tipificación de lavado de activos y su incorporación en el Código Penal.

Previo a ello Alak realizó un llamado a los diputados ante la “situación delicada y grave” en la que se encontraría el país si el próximo 20 de junio “no llevamos la tipificación penal adecuada” a la reunión del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Lo que derivaría en una “sanción” para la Argentina.

Asimismo, el ministro planteó que, por ejemplo, en organismo se presentaron en 2010 unos 3169 reportes de "operaciones sospechosas", pero no ha habido "ni una sola condena". Ello lo atribuyó principalmente a la “levedad del tipo penal” que hace “que no tengamos condenas”.

También dijo que la UIF en el mismo año resolvió unos 1.268 casos que se encuentran en manos de los fiscales especializados y pidió “concientización del Poder Judicial para transitar estas causas”.

Uno de los primeros en preguntar fue Gustavo Ferrari (Peronismo Federal) quien expresó su preocupación por la “independencia” de la UIF puesto que, a su parecer, puede ser utilizado “para perseguir opositores”. Alfonso Prat Gay (CC), en sintonía con Ferrari, marcó como esencial que el organismo sea “financieramente independiente” ya que con ello se logra la independencia “política”.

Juan Carlos Vega (CC), presidente de la Comisión de Legislación Penal (una de las comisiones donde se trabajó el proyecto) sostuvo la diferencia entre sólo “cumplir” o tomar el tema en “serio”. Ello basado en una integral visión de la problemática de lavado ya que “cuando hablamos de lavado, hablamos de delitos del poder”.

Luego, el diputado explicó la necesidad de tener en cuenta los “delitos precedentes” puesto que son el origen del dinero del lavado como el “narcotráfico” y la “corrupción”. En este sentido expresó que el delito de “enriquecimiento ilícito privado” puesto que debería ser incorporado en la tipificación.

Carlos Moreno (FpV), quien además integra el Consejo de la Magistratura, puso a diferencia de sus antecesores el eje en lo que denominó “la tercera pata”, la Justicia. “¿La Justicia se encuentra al día?”, se preguntó. Tras lo cual sintetizó con que “no se han tenido respuestas” en este sentido del sector.

El proyecto de ley que ingresó el 23 de junio de 2010 con la firma de la Presidente Cristina Fernández, el Ministro de Justicia, Julio Alak y el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández  , propone la modificación de la tipificación del delito de lavado de activos y pena con prisión de 2 a 10 años a quien conviertiere, tranfiriere, administrare, vendiere, aplicare, de cualquier modo dinero u otras clases de bienes proveniente de un delito y siempre que el valor la suma supere los $ 200.000, en un solo acto o por reiteración de hechos diversos vinculados entre si.

 La iniciativa del Ejecutivo deja en manos de la Unidad de Información Financiera (UIF) a cargo de José Sbatella, el análisis, el tratamiento y la transmisión de de información a efectos de prevenir e impedir delitos provenientes del narcotráficos y comercialización de estupefacientes, del contrabando de armas, del fraude de la Administración Pública, de la prostitución de menores y pornogafía infantil. La oposición, por su parte, pretende que el titular de la UIF sea elegido por el Ejecutivo pero a partir de una terna consensuada por el Congreso, o bien que concoque a un concurso público.

 Varias son las iniciativas que están en la Cámara de Diputados, pero algo concreto que sobrevuela entre los legisladores de todas las bancadas, es que, más allá de las disidencias, el nuevo tipo penal seguramente será aprobado.

Fuente: www.diariojudicial.com