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Desde 2008 hasta este viernes, se
realizaron en todo el país 75 juicios orales por delitos de lesa
humanidad cometidos durante la última dictadura, mientras que en la
actualidad se llevan a cabo otros diez debates y dos tienen fecha de
inicio fijada.
Los datos surgen de un
informe elaborado por la Unidad de Superintendencia para Delitos de
Lesa Humanidad, dependencia creada por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, a través de la Acordada 42/08, con el objeto de asistir y
detectar los problemas que obstaculizan la tramitación de aquellos
juicios de lesa humanidad.
Dicha
Unidad, destaca el documento, “aborda la problemática de cada
jurisdicción en materia de recursos humanos a partir de un estudio
pormenorizado de la organización del personal de los tribunales que
tiene causas de esta índole y se confecciona un listado de juicos
fallados, en trámite y con fecha de inicio de debate, entre otras
funciones de asesoramiento en materia de superintendencia”.
En
tanto, el 27 de marzo de 2009, en el ámbito de la Corte y de
conformidad con la Acordada 42/08, comenzó a funcionar la Comisión para
la Coordinación y Agilización de Causas por delitos de Lesa Humanidad,
integrada por miembros de los tres poderes del Estado y por la Unidad.
El
objetivo de la Comisión es resolver, a través del diálogo entre los
tres poderes, las dificultades que provoquen demoras en la sustanciación
de este tipo de causas, según indica el informe de la Unidad. “Se
abordan temas tales como las vacantes por cubrir en los tribunales
orales con competencia federal, la acumulación de procesos en pocos
tribunales, los déficits en salas de audiencias adecuadas para celebrar
estos debates, la escasa cantidad de debates llevados a cabo pese a la
gran cantidad de personas procesadas, fragmentación de la causas, entre
otras temas”, añade.
Por otro lado,
agrega, frente a las falencias advertidas en la tramitación de las
causas (durante el año 2008 sólo se habían realizado 7 debates orales en
los que se juzgó a 29 personas con condenas y absoluciones y para 2009
estaban programados sólo 13 juicios orales), y luego de los informes
realizados por la Secretaría General y de Gestión, el 7 de septiembre de
ese año la Corte Suprema dictó la Acordada 37/2009. Allí estableció el
mecanismo para la integración de los tribunales federales, y dispuso que
la Cámara Federal de Casación implemente aquella decisión.
Así,
señala, mediante la resolución nro. 236/09 de la Cámara Federal de
Casación Penal se cubrieron las vacantes existentes en los tribunales
orales en lo Criminal Federal de la Capital y se reasignaron las causas
seguidas por violaciones a los derechos humanos correspondientes a
hechos cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército -en ese
momento radicadas en el TOF 5- entre los restantes TOF, en atención a
que estaban en mejores condiciones de afrontar dicha carga de trabajo.
La
decisión de reasignar causas para agilizar los procesos luego se
replicó en otras jurisdicciones (La Plata, Mar del Plata, San Martín,
Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Luis, Salta, Bahía Blanca, La Pampa,
Neuquén, Formosa, Chaco, San Juan, Paraná, Rosario, Santa Fe y,
recientemente, en Santiago del Estero, La Rioja y Jujuy) y se pudieron
celebrar juicios orales que a esa altura registraban ciertas demoras,
afirma el documento.
“Como
consecuencia de estas medidas, e implementadas por el Poder Judicial de
la Nación, en el año 2008 se realizaron 6 juicios orales; en el año
2009, 12; en el 2010, 16; en el 2011, 17; en el 2012, 21, y hasta marzo
de 2013, 3 juicios. Existen además 10 debates en trámite y tres juicios
ya tienen fecha fijada para este”, indica el informe.
Otra
de las cuestiones resueltas por la Unidad fue la decisión de subsanar
el déficit detectado en el registro audiovisual de las audiencias de
juicios orales. Para ello, el Máximo Tribunal celebró un convenio, el 16
de diciembre del 2009, con el Instituto Nacional de Cine y Artes
Visuales (INCAA), que tiene como objeto la cooperación recíproca para
lograr la filmación de los juicios.
Fuente: www.cij.gov.ar
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