Fallo de la Cámara de Casación Penal de la Nación
.
La Justicia ordenó que en un plazo máximo de 90 días los chicos menores de 16 años que están privados de su libertad en el instituto porteño San Martín, acusados de delitos penales, sean liberados progresivamente, que regresen con sus familias y que sean insertados en planes individuales de seguimiento y contención.
Así lo resolvieron los jueces Angela Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Riggi, de la Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Nación, que exhortaron al Congreso a que en un plazo de no menos de un año apruebe una ley penal de menores que esté adecuada a la Constitución y a los tratados internacionales que prohíben la detención de menores para su protección.
Con respecto a los chicos menores de 16 años acusados de haber cometido delitos, de ahora en más se resolvió que en un plazo máximo de tres meses se los inserte en los planes de protección previstos para ellos.
La resolución judicial es importante porque declara la inconstitucionalidad del artículo 1° de la actual ley penal de menores, en realidad un decreto ley del gobierno militar de 1980, que establece los topes máximos y mínimos de imputabilidad y la posibilidad de que los chicos sean internados.
En la Argentina, el año último se derogó la vieja ley de patronato, que permitía a los jueces de menores internar a los chicos cuando se encuentren en riesgo. Y aprobó una nueva norma, la 26.061, que establece la prohibición de la internación y en cambio prevé un sistema integral de protección con la aplicación de medidas específicas para el seguimiento de cada caso.
Ya no es más el juez quien debe hacerlo, sino que es el organismo administrativo el que debe encargarse de la instrumentación de estos planes.
A pesar de que esta nueva ley prevé soluciones para los menores en estado de desamparo, aún está pendiente la sanción de un nuevo régimen penal juvenil, acorde con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por eso, la Cámara de Casación exhortó ahora al Poder Legislativo a que antes de un año apruebe esa norma.
Esta decisión judicial obedece a un recurso de hábeas corpus colectivo presentado por la Fundación Sur Argentina en favor de los menores de 16 años internados por causas penales en el Instituto San Martín.
En primera instancia y en la Cámara del Crimen, el hábeas corpus fue rechazado, pero ahora la Cámara de Casación hizo lugar a la medida y ordenó a las cámaras de apelaciones que hagan conocer la medida entre los jueces de menores y los jueces federales.
Mesa de trabajo:
El tribunal convocó a los magistrados de menores, ONG que trabajan en el tema, a la Defensoría General de la Nación y a los organismos nacionales y de la ciudad a que traten el tema en una mesa de diálogo para que analicen cómo aplicar la normativa vigente, y los citó para el 18 de marzo de 2008 a una audiencia en la que deberán comunicar los avances que realizaron.
"Si bien este fallo tiene un alcance limitado a los menores del Instituto San Martín, orienta las decisiones en la materia en el territorio de todo el país. Además, esto permite llenar un vacío legal, porque los menores de 16 años y mayores de 14 acusados de cometer delitos no son punibles, pero terminan siendo privados de libertad sin ningún tipo de proceso", explicó a LA NACION el presidente de la Fundación Sur Argentina, Emilio García Méndez.
En su fallo, los camaristas dijeron: "Nos encontramos frente a menores que no son punibles, circunstancia que demuestra concretamente la ilegitimidad de cualquier medida de encierro. La decisión que se tome sobre los menores constituye una vulneración a los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, inocencia y debido proceso penal".
La Defensoría General de la Nación, parte en el juicio, había señalado que si las leyes inferiores no están adecuadas a las normas que se desprenden de las convenciones internacionales, a las que adhirió el país, esto no es excusa "para dejar de proteger los derechos y garantías de los menores en el sistema penal juvenil".
Por eso se distinguió entre el universo de los niños en situación de desamparo, de aquellos que están en conflicto con la ley penal y exhortó a diseñar políticas diferenciadas para cada uno de esos grupos.
Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION
.
Fuente: Diario La Nación, 12 de Diciembre de 2007
No hay comentarios.:
Publicar un comentario