México: reformas al sistema penal

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Fuente: BBC Mundo
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El Senado mexicano aprobó este jueves reformas al sistema de justicia penal, que buscan que el gobierno tenga mejores herramientas legales para luchar contra la delincuencia organizada.
Estas reformas constitucionales, que estaban pendientes desde diciembre pasado, fueron aprobadas con 71 votos a favor y 25 en contra.

Los cambios se centran en tres aspectos fundamentales: permitir el arraigo domiciliario de hasta 80 días, agilizar los procesos de extradición y modificar el proceso de juicios para hacerlos públicos y no escritos, como se realizan hasta ahora.

La discusión y votación de los cambios se realizó en poco más de una hora, luego de que la semana pasada la Cámara de Diputados decidiera eliminar un párrafo de la iniciativa, en la que se permitía a la policía ingresar sin orden judicial a los domicilios, en caso de flagrancia o cuando peligrara la vida de cualquier persona.

La modificación de este articulado se dio luego de que organizaciones de derechos humanos y el ala izquierda de los Diputados, representada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), presionaran y pusieran en peligro la reforma en su totalidad.

El siguiente paso para su aplicación será enviar la reforma a los 32 Congresos locales del país para que sea avalada.

Para su completa aplicación se tienen contemplados ocho años, particularmente en el caso de los juicios orales, pues se tendrá que modificar por completo el proceso judicial en esta área.

Temas que preocupan
La parte más criticada y que preocupa a algunos abogados y organizaciones sociales es la referente al arraigo de hasta 80 días, mientras se fincan responsabilidades contra el acusado.

Entrevistada por BBC Mundo, Ana Laura Magaloni, doctora en Derecho e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), considera que ésta no es una práctica democrática, pues el arraigo está proscrito por todos los tratados internacionales en derechos humanos.

"Se ve mal México constitucionalizando el arraigo, ya que es una de las prácticas más autoritarias pues metes a un detenido sin pruebas, para ver si le encuentras pruebas".

Para la doctora Magaloni, ésto inhibe cualquier investigación criminal profesional y no es un término adecuado en temas de libertades y derechos.

La única ventaja, comenta, es que quedó acotada a la delincuencia organizada y sólo a nivel federal.

Durante la breve discusión de la reforma, el senador del PRD, Ricardo Monreal Ávila, calificó el arraigo como "un arbitrario secuestro de los ciudadanos".

El senador explicó que el arraigo ha sido considerado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Otro de los temas que ha generado mucha polémica es la definición que se hizo de delincuencia organizada en el artículo 16: "Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia".

Para Monreal Ávila es una definición ambigua, inexacta y absurda y se prestará a interpretaciones indebidas y acusaciones políticas de personas vinculadas con movimientos sociales.

Juicios orales
En la actualidad, México opera con un sistema de juicios escritos, en la cual el juez es el encargado de revisar el caso y dictar sentencia a favor o en contra del acusado.

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el 92% de los acusados nunca ve al juez.

El gran cambio en el cual están de acuerdo todos los partidos políticos es abrir estos procesos para que sean públicos.

Actualmente en México, cuatro estados ya operan bajo este esquema.

Lo juicios orales son procesos judiciales ventilados públicamente, frente a la presencia del juez y de las partes y donde los acusados y las víctimas tienen la oportunidad de presentar sus argumentos a viva voz.