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Fuente: www.diariojudicial.com
Un juez federal de EE.UU. ordenó la excarcelación de 17 chinos musulmanes bajo el argumento de que no podían estar detenidos sin causa ni cargos. Sin embargo, la Casa Blanca pidió que se suspenda la resolución judicial por temor a que se convierta en un precedente para los detenidos por el 11-S. Además, argumentó que un magistrado federal no tiene autoridad para ordenar liberaciones en Guantánamo.
El juez federal en Estados Unidos, Ricardo Urbina ordenó esta semana la liberación de 17 chinos musulmanes detenido desde hace siete años en la base militar de Guantánamo, la isla estadounidense ubicada en la isla de Cuba. El magistrado había llegado a la conclusión de que no habían pruebas que demostraran que los retenidos, miembros del grupo étnico uigur, estuviera formado por "combatientes enemigos" o que supusieran un riesgo para el país norteamericano.
Su decisión se basó en la norma constitucional que prohíbe en Estados Unidos las detenciones sin causa ni cargos. Sin embargo, la Casa Blanca mostró su descontento a través de un comunicado y apeló la decisión judicial por temor a que este hecho signifique un precedente para liberar a los sospechados de cometer el 11-S que se encuentran detenidos en la cárcel estadounidense en tierras cubanas.
El Departamento de Justicia pidió una suspensión urgente del cumplimiento de la sentencia dictada por Urbina y presentará una apelación de inmediato, explicó la vocera del Ejecutivo, Dana Perino. Desde una óptica diferente a la del magistrado, la Casa Blanca argumentó que los jueces federales no tienen autoridad para ordenar liberaciones en el país de detenidos en Guantánamo.
El grupo de musulmanes chinos esperaba ver la luz desde el 2004 y si bien el Pentágono ya no los consideraba como "combatientes enemigos", aún continúan tras las rejas porque el Estado presidido por George Bush en estos últimos cuatro años no ha encontrado un país que los acogiera.
Por ahora, los últimos pasos de la administración se refirieron a la quita de las acusaciones hacia esta agrupación extranjera y propuso mantenerlos "viviendas especiales" del centro de detención de Guantánamo hasta que se pudieran instalar en un tercer país.
Por su parte, el Gobierno chino había pedido el traspaso de su custodia, pero el gobierno norteamericano y organizaciones militantes de derechos humanos temen que este grupo de detenidos llegue a ser torturado si son devueltos a su país de origen. Los prisioneros, pertenecen a una minoría musulmana de habla turca perseguida en China y refugiada en Afganistán. Si finalmente se permite la liberación de los retenidos, una asociación de musulmanes chinos ubicados en Washington ya prometió ampararlos.
El mismo día que trascendió la resolución judicial, la capital china pidió con urgencia trasladar al grupo de detenidos, ya que alegaron que estos son miembros de un movimiento islámico "catalogado como organización terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU". En mayo de 2006, Albania aceptó acoger a cinco detenidos chinos pero ningún otro país lo hizo desde entonces.
Los 17 detenidos habían huido de China y estaban como refugiados en campos de Afganistán cuando la coalición liderada por Estados Unidos intervino militarmente en ese país tras los atentados del 11 de septiembre. Entonces huyeron hacia la frontera con Pakistán, donde fueron detenidos.
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Un juez federal de EE.UU. ordenó la excarcelación de 17 chinos musulmanes bajo el argumento de que no podían estar detenidos sin causa ni cargos. Sin embargo, la Casa Blanca pidió que se suspenda la resolución judicial por temor a que se convierta en un precedente para los detenidos por el 11-S. Además, argumentó que un magistrado federal no tiene autoridad para ordenar liberaciones en Guantánamo.
El juez federal en Estados Unidos, Ricardo Urbina ordenó esta semana la liberación de 17 chinos musulmanes detenido desde hace siete años en la base militar de Guantánamo, la isla estadounidense ubicada en la isla de Cuba. El magistrado había llegado a la conclusión de que no habían pruebas que demostraran que los retenidos, miembros del grupo étnico uigur, estuviera formado por "combatientes enemigos" o que supusieran un riesgo para el país norteamericano.
Su decisión se basó en la norma constitucional que prohíbe en Estados Unidos las detenciones sin causa ni cargos. Sin embargo, la Casa Blanca mostró su descontento a través de un comunicado y apeló la decisión judicial por temor a que este hecho signifique un precedente para liberar a los sospechados de cometer el 11-S que se encuentran detenidos en la cárcel estadounidense en tierras cubanas.
El Departamento de Justicia pidió una suspensión urgente del cumplimiento de la sentencia dictada por Urbina y presentará una apelación de inmediato, explicó la vocera del Ejecutivo, Dana Perino. Desde una óptica diferente a la del magistrado, la Casa Blanca argumentó que los jueces federales no tienen autoridad para ordenar liberaciones en el país de detenidos en Guantánamo.
El grupo de musulmanes chinos esperaba ver la luz desde el 2004 y si bien el Pentágono ya no los consideraba como "combatientes enemigos", aún continúan tras las rejas porque el Estado presidido por George Bush en estos últimos cuatro años no ha encontrado un país que los acogiera.
Por ahora, los últimos pasos de la administración se refirieron a la quita de las acusaciones hacia esta agrupación extranjera y propuso mantenerlos "viviendas especiales" del centro de detención de Guantánamo hasta que se pudieran instalar en un tercer país.
Por su parte, el Gobierno chino había pedido el traspaso de su custodia, pero el gobierno norteamericano y organizaciones militantes de derechos humanos temen que este grupo de detenidos llegue a ser torturado si son devueltos a su país de origen. Los prisioneros, pertenecen a una minoría musulmana de habla turca perseguida en China y refugiada en Afganistán. Si finalmente se permite la liberación de los retenidos, una asociación de musulmanes chinos ubicados en Washington ya prometió ampararlos.
El mismo día que trascendió la resolución judicial, la capital china pidió con urgencia trasladar al grupo de detenidos, ya que alegaron que estos son miembros de un movimiento islámico "catalogado como organización terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU". En mayo de 2006, Albania aceptó acoger a cinco detenidos chinos pero ningún otro país lo hizo desde entonces.
Los 17 detenidos habían huido de China y estaban como refugiados en campos de Afganistán cuando la coalición liderada por Estados Unidos intervino militarmente en ese país tras los atentados del 11 de septiembre. Entonces huyeron hacia la frontera con Pakistán, donde fueron detenidos.
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