Suspenden la liberación de Astiz y otros represores de la ESMA

.
Noticias – Actualidad – Derechos Humanos

Fuente: www.clarin.com

Lo dispuso la Cámara de Casación, la misma que había ordenado el jueves que se los excarcelara por cuestiones de procedimiento. Lo hizo tras una apelación del fiscal, que busca que sea la Corte la Suprema la que decida sobre el asunto.

Quedó suspendida ayer la liberación de Alfredo Astiz y otros 19 represores de la última dictadura por decisión del mismo tribunal que el jueves había concedido las excarcelaciones.

El nuevo dictamen de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal fue consecuencia de la apelación presentada por el fiscal Raúl Plee, quien intenta que sea la Corte Suprema la que defina si corresponden las excarcelaciones.

La suspensión del procedimiento se conoció horas después de que una dependencia del Gobierno, la secretaría de Derechos Humanos, anunciara su intención de impulsar el juicio político de los camaristas y de llevar el caso a la Corte. El pedido de enjuiciamiento de los miembros de la Cámara de Casación y del Tribunal Federal Oral 5 también era empujado por los miembros oficialistas del Consejo de la Magistratura.

Los camaristas Guillermo Yacobucci y Luis García alegaron que se encontraban vencidos los plazos para mantener a un acusado bajo el régimen de prisión preventiva al dictar la liberación de Astiz, emblema de los crímenes de la dictadura, y del resto de los represores beneficiados, entre ellos el ex marino, Jorge "Tigre" Acosta, el ex general Ramón Díaz Bessone y el ex juez federal Víctor Brusa.

Cuando se conoció la orden de excarcelación, sectores políticos del oficialismo y la oposición coincidieron en manifestar su repudio. El jueves, durante un acto que ya estaba programado en la ESMA -donde funcionó el mayor centro clandestino de detención- la presidenta Cristina Kirchner afirmó que "es un día de vergüenza para los argentinos y la humanidad".

Ayer, poco antes de la suspensión de la medida, el ministro de la Corte Carlos Fayt disparó una polémica al defender la actuación de la Cámara de Casación y afirmar que "es culpa del Congreso" que se hayan concedido las excarcelaciones. Adujo que no se sancionaron las leyes necesarias para agilizar los 800 juicios a represores "que están parados".

Desde el oficialismo salieron a cruzarlo, pero tanto la UCR como la Coalición Cívica avalaron los dichos de Fayt. El bloque de senadores radicales, que en el 2007 presentó un proyecto para apurar las causas de la dictadura sin lograr que fuera debatido, analizaba anoche exigirle al Gobierno que apure su tratamiento para febrero, en sesiones extraordinarias.

Por su lado, Elisa Carrió acusó al kirchnerismo de "negarse siempre" a cambiar los procedimientos judiciales para agilizar las causas contra los represores. El año pasado, el Gobierno había embestido contra los camaristas que dictaron las excarcelaciones argumentando que demoraban la tramitación de los juicios. El límite para mantener detenida a una persona sin condena firme es de tres años. Astiz está preso desde setiembre de 2003.

Los ex militares están procesados por delitos graves, como imposición de tormentos, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada en forma reiterada y en grado de partícipes necesarios. Astiz, condenado a cadena perpetua en Francia, se infiltró en la organización Madres de Plaza de Mayo, haciéndose pasar por hermano de un desaparecido durante la dictadura. En ese rol participó en el secuestro y asesinato de varias integrantes de la entidad, entre ellas la fundadora del grupo Azucena Villaflor, y de dos monjas francesas que las ayudaban en la búsqueda de sus hijos detenidos-desaparecidos, Alice Dumon y Leonie Duquet, en diciembre de 1977. Al ex juez Brusa se le imputa haber presenciado torturas a secuestrados ilegalmente por el régimen militar que gobernó entre 1976 y 1983.

En la apelación que presentó para frenar la liberación de los represores, el fiscal Plee sostuvo que la Cámara de Casación "ha realizado una incorrecta interpretación de las normas que regulan el instituto dela prisión preventiva y por ende la excarcelación". Y afirmó que ese dictamen "pone en serio riesgo a la Nación Argentina de ser sancionada internacionalmente por arriesgar innecesariamente la concreción del debido proceso en causas en las que se ventilan graves violaciones a los derechos humanos".

La Cámara de Casación deberá ahora determinar, luego de dar intervención a las defensas de los acusados, si habilita la apelación solicitada por Plee y abre el camino para que intervenga la Corte. De no ser así, el fiscal puede recurrir al máximo tribunal por medio de un recurso de queja.