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Servicio penitenciario – Política Criminal
Fuente: www.diariojudicial.com
La Suprema Corte de Justicia bonaerense fijó el nuevo sistema de visitas carcelarias y establecimientos de detención de parte de los jueces para controlar en qué situación están detenidas las personas. En cada jurisdicción, ordenó que se conformen comités integrados por jueces, defensores y fiscales.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires estableció las nuevas reglas para que los jueces visiten los institutos carcelarios, a los cuales los jueces se ven obligados a visitar para constatar el estado en que se encuentran los detenidos.
Por ello, el tribunal estableció que “en cada uno de los departamentos judiciales se conformarán comités que estarán integrados por los presidentes de la Cámaras Penales, o el integrante de aquellas que este designe, los Defensores y Fiscales Generales o el Fiscal o Defensor que estos designen”. La tarea encomendada será la de realizar “visitas institucionales” para verificar las condiciones de detención, y elaborar informes los cuales deberán remitir a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Corte.
A su vez, ese comité tendrá que reunirse cada tres meses “a los efectos de realizar una evaluación del estado de situación de los establecimientos de detención de dicha jurisdicción”
Al mismo tiempo, los jueces penales, incluidos los del fuero penal juvenil, “deberán realizar visitas a las unidades carcelarias, comisarías, establecimientos de internación de menores y cualquier otra dependencia donde se encuentren personas privadas de libertad a su disposición”.
Entre las tareas impuestas, tendrán que “entrevistar a los internos, ya sean procesados o penados, cualquiera fuera su lugar de alojamiento” y deberán “suministrarles toda la debida información que solicitaren sobre sus procesos, evacuar consultas y atender reclamaciones”.
También deberán verificar el “estado edilicio, condiciones de seguridad, de higiene, el servicio de salud, la alimentación y toda otra situación que estime relevante” en las cárceles donde están alojados aquellos presos a su disposición.
Previo a cada visita, deberán dar aviso a la Comisión Provincial por la Memoria, con la posibilidad de que representantes de ésta quieran presenciarla. Luego se tendría que elaborar un informe y con “celeridad” hacer llegar a los presidente de las Cámaras, y éstos a su vez remitirlos a la Corte.
“Todos los organismos jurisdiccionales ante los cuales se efectúe un planteo de hábeas corpus por agravamiento de las condiciones de detención, deberán dar cuenta del mismo la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Corte”, añade el texto firmado por los jueces Juan Carlos Hitters, Luis Genoud, Héctor Negri, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lazzari y Daniel Soria.
También la Suprema Corte podrá pedir reuniones con los magistrados y funcionarios de los comités jurisdiccionales para establecer pautas de trabajo y analizar acciones a tomar.
Servicio penitenciario – Política Criminal
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La Suprema Corte de Justicia bonaerense fijó el nuevo sistema de visitas carcelarias y establecimientos de detención de parte de los jueces para controlar en qué situación están detenidas las personas. En cada jurisdicción, ordenó que se conformen comités integrados por jueces, defensores y fiscales.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires estableció las nuevas reglas para que los jueces visiten los institutos carcelarios, a los cuales los jueces se ven obligados a visitar para constatar el estado en que se encuentran los detenidos.
Por ello, el tribunal estableció que “en cada uno de los departamentos judiciales se conformarán comités que estarán integrados por los presidentes de la Cámaras Penales, o el integrante de aquellas que este designe, los Defensores y Fiscales Generales o el Fiscal o Defensor que estos designen”. La tarea encomendada será la de realizar “visitas institucionales” para verificar las condiciones de detención, y elaborar informes los cuales deberán remitir a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Corte.
A su vez, ese comité tendrá que reunirse cada tres meses “a los efectos de realizar una evaluación del estado de situación de los establecimientos de detención de dicha jurisdicción”
Al mismo tiempo, los jueces penales, incluidos los del fuero penal juvenil, “deberán realizar visitas a las unidades carcelarias, comisarías, establecimientos de internación de menores y cualquier otra dependencia donde se encuentren personas privadas de libertad a su disposición”.
Entre las tareas impuestas, tendrán que “entrevistar a los internos, ya sean procesados o penados, cualquiera fuera su lugar de alojamiento” y deberán “suministrarles toda la debida información que solicitaren sobre sus procesos, evacuar consultas y atender reclamaciones”.
También deberán verificar el “estado edilicio, condiciones de seguridad, de higiene, el servicio de salud, la alimentación y toda otra situación que estime relevante” en las cárceles donde están alojados aquellos presos a su disposición.
Previo a cada visita, deberán dar aviso a la Comisión Provincial por la Memoria, con la posibilidad de que representantes de ésta quieran presenciarla. Luego se tendría que elaborar un informe y con “celeridad” hacer llegar a los presidente de las Cámaras, y éstos a su vez remitirlos a la Corte.
“Todos los organismos jurisdiccionales ante los cuales se efectúe un planteo de hábeas corpus por agravamiento de las condiciones de detención, deberán dar cuenta del mismo la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Corte”, añade el texto firmado por los jueces Juan Carlos Hitters, Luis Genoud, Héctor Negri, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lazzari y Daniel Soria.
También la Suprema Corte podrá pedir reuniones con los magistrados y funcionarios de los comités jurisdiccionales para establecer pautas de trabajo y analizar acciones a tomar.
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