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La Cámara de Senadores aprobó hoy y convirtió en ley el proyecto de lucha contra el lavado de activos provenientes de ilícitos, que lo tipifica como delito autónomo, y permitirá que la Argentina no sea sancionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Senado tomó la decisión en una votación unánime de los 62 legisladores presentes, aunque hubo cuatro sufragios en contra en la consideración en particular y comenzó a debatir un proyecto de "ley correctiva" para introducir cambios en algunos artículos de la nueva legislación.
El debate de los cambios a la legislación vigente en materia de combate del lavado de dinero se aceleró tras la amenaza del GAFI, como lo admitió el ministro de Justicia, Julio Alak, hace dos semanas, cuando concurrió a la Cámara alta. "Esta ley servirá para que nuestro país no tenga problemas en la próxima reunión del GAFI", admitió el funcionario.
Entre otros cambios, el proyecto fortalece el papel de la Unidad de Información Financiera (UIF), al asegurarle un aporte presupuestario fijo (equivalente al 0,6% del presupuesto del Ministerio de Justicia) y ampliar su facultad para requerir información a organismos públicos nacionales y a los sujetos que la ley obliga a suministrar datos. Además, tipifica el delito de lavado de dinero, que en la actualidad se encuentra subsumido en el Código Penal bajo la figura del delito de encubrimiento. También se incluye la posibilidad de perseguir y castigar el denominado "autolavado de dinero".
Apuro oficial. El Poder Ejecutivo necesita adecuar la legislación nacional que reprime el lavado de dinero para evitar sanciones del GAFI. Intentará llevar una nueva ley aprobada por el Congreso a la reunión de ese organismo, previsto para el próximo 20 de junio en México.
Cambios. La principal modificación que introduce la norma que se discutirá en la Cámara alta es la tipificación del lavado de dinero como delito autónomo; en la actualidad, se encuentra subordinado al de encubrimiento.
Más investigación. La norma que se debatirá mañana en el Senado amplía además las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF), que tendrá facultad de requerir datos a organismos públicos y privados relacionados con sus investigaciones.
Cuestionamientos. La oposición cuestiona esta ampliación de facultades para un órgano que depende del Poder Ejecutivo. La iniciativa recibió también algunas críticas técnicas de parte de representantes de las cámaras automotriz y de aseguradoras, y de profesionales, como los contadores, que se encuentran entre los sujetos obligados a informar y denunciar cualquier operación sospechosa de lavado de dinero.
Fuente: www.lanacion.com
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