Un juez de menores con un particular sistema de reinserción social

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Fuente: http://www.lanacion.com/

Se trata de Emilio Calatayud, magistrado de Granada, que utiliza diferentes medidas socioeducativas para evitar la internación en institutos; el 75% de los jóvenes que pasaron por su juzgado fueron socialmente rehabilitados

Le dicen "El Padrazo" y es uno de los personajes más reconocidos de Granada. Se trata de Emilio Calatayud, un juez de menores de España que, por medio de un particular sistema de reinserción social ha logrado que el 75 por ciento de los menores que cometieron delitos en su ciudad sean recuperados.

"Si no creemos que un chaval de 14 años puede ser reinsertado en la sociedad, estamos perdidos", dijo Calatayud en diálogo telefónico con lanacion.com . Por su juzgado, en el que trabaja desde 1988, pasaron 10.000 causas de distinto nivel de gravedad. Para cada caso, el equipo de su juzgado analiza la medida a aplicar.

"Siempre que el joven no represente un riesgo a la sociedad, prefiero evitar la internación", indicó el magistrado. Y para no internar al menor que delinque, tiene una serie de originales medidas socioeducativas por las cuales se hizo famosos en toda España.

Las medidas se relacionan con el delito cometido. Por ejemplo, un joven que maneja borracho es "condenado" a pasar unos meses yendo a diario a visitar a parapléjicos que hayan sufrido un accidente de tránsito. Luego debe escribir un informe contando su experiencia.

Para los que consumen narcóticos o alcohol, la pena tiene el objetivo de hacerles revalorizar su propia vida. En estos casos, el joven debe dibujar un comic en el que él sea el héroe. Los vándalos hacen trabajo comunitario con los bomberos y los "rateros" deben acompañar a la policía en sus patrullajes durante un tiempo.

"La privación de libertad la dejamos sólo para casos extremos; en este momento tenemos 80 menores internados en institutos y unos 700 bajo libertad vigilada o haciendo tareas comunitarias", contó Calatayud.

Un equipo interdisciplinario formado por un psicólogo, un trabajador social y un educador se encarga de la puesta en marcha de cada plan de reinserción social. Para eso, se analiza en contexto personal y los antecedentes, si los tiene, de cada menor. Es decir, la tarea es personalizada. "Esto permite que para cada caso se aplique la medida justa; ni más fuerte ni más débil", explicó el magistrado de menores.

Institutos de menores. Para "El Padrazo", la privación de libertad no es la solución para todos los casos. "Lo que pasa es que tenemos que creer en la posibilidad de que el menor se recupere, tenemos que estar dispuestos a darle esa oportunidad", explicó Calatayud.

El juez considera que el dinero que se invierte en el mantenimiento de las instituciones podría invertirse mucho más satisfactoriamente en formar profesionales para tratar a los menores en libertad vigilada o con medidas alternativas socioeducativas. "Necesitamos un cambio de mentalidad en ese sentido, en todo país; tenemos que tener fe en que el delincuente menor de edad puede reparar el daño sin ser encerrado", opinó el magistrado.

Según Calatayud, la delincuencia juvenil es, en primer lugar, responsabilidad del padre, en segundo lugar, de la escuela y en tercer lugar de la sociedad en su conjunto. "El hecho de que cada vez haya más jóvenes que delinquen significa que no los hemos sabido educar, que hemos fallado en algo como familia y como sociedad", dijo el magistrado.

En cuanto a la edad de imputabilidad, en España es a los 14 años. Hace poco, un proyecto para bajarla a 12 años generó un intenso debate. La iniciativa fue propuesta por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al considerar que los delitos cometidos por menores inimputables habían aumentado notablemente.

Para Calatayud, bajar la edad de imputabilidad no es una solución. "No creo que sea una buena idea insistir en criminalizar a los menores; tampoco se puede imputar desde más jóvenes en contextos en donde el sistema no está preparado para trabajar en la reinserción del menor", explicó el juez. Y agregó: "que la víctima quiera venganza, es parte lógica del proceso; pero el Estado no puede aplicar medidas vengativas".