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Fuente: www.diariojudicial.com
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España a pagar más de 30 mil euros por violar el derecho a un juicio justo en un plazo razonable. En una causa demoró más de 13 años para celebrar un juicio por robo a un banco, mientras que en otra pasaron 7 años hasta obtener la ejecución de una sentencia condenatoria.
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España a pagar más de 30 mil euros por violar el derecho a un juicio justo en un plazo razonable. En una causa demoró más de 13 años para celebrar un juicio por robo a un banco, mientras que en otra pasaron 7 años hasta obtener la ejecución de una sentencia condenatoria.
España fue condenada a abonar más de 30 mil euros de resarcimiento por daño moral en virtud de haber violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La decisión fue tomada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, en relación a dos causas en las que no respetó la garantía a un juicio justo en un plazo razonable.
El país Ibérico deberá indemnizar, en uno de los casos con 22.500 euros a un inocente que estuvo veintidós meses preso por un atraco a un banco.
La víctima, Agustín Moreno Carmona, de 61 años actualmente, fue puesto en prisión por el presunto robo al Banco de Madrid en 1985. Tras presentar varios recursos, fue puesto en libertad bajo fianza el 22 de diciembre de 1986. Doce años después, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó el sobreseimiento definitivo del caso por la prescripción del delito.
En un primer momento, se había solicitado un resarcimiento al Ministerio de Justicia por 120 mil euros, pero fue rechazado. Luego, el demandante presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, también rechazado en octubre de 2000.
Finalmente, antes de recurrir al Tribunal Europeo, Carmona presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que fue declarado inadmisible en el 2004. Lo que provocó que a mediados de julio de ese mismo año recurra al órgano de mayor autoridad europea en materia de derechos humanos.
En la segunda causa, el Tribunal Europeo ordenó indemnizar con 8 mil euros por daños morales a Gimol Violeta Bendayan Azcantot y Samuel Benalal Bendayan, quienes esperaron 7 años y 10 meses para que la Audiencia Provincial ejecutara una sentencia condenatoria por estafa a su favor.
Esta demanda presentada en julio del 2004, culminó con proceso iniciado en octubre de 1988 en Tenerife. Los demandantes acusaron a una persona de estafa, falsificación y aumento fraudulento de precios, que fue declarada culpable. Nunca lograron ejecutar la sentencia y tras haber agotado todas las instancias nacionales, los demandantes recurrieron a la vía internacional.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue creado en Roma en 1950 y se ocupa de garantizar el respeto por parte de los Estados europeos del “Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos”. Sus decisiones son vinculantes para los Estados, por lo que España deberá efectivamente pagar lo ordenado en virtud de haber violado la garantía de un juicio justo en un plazo razonable
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